Los recortes en la financiación estatal por la supresión del Nivel Acordado y el recorte del Nivel Mínimo (13%) aprobados mediante Real Decreto Ley 20/2012, han supuesto para las Comunidad Autónomas en su conjunto un quebranto económico acumulado de 1.409 millones de euros en los tres últimos años
Madrid, 20 de febrero de 2015 (medicosypacientes.com)
Considerando que la AGE ha transferido en estos tres años un total de 3.753,1 millones de euros finalistas para las CCAA (Nivel Mínimo), el ahorro (recorte acumulado) para las arcas estatales ha supuesto un 27,3%. Esta desinversión1 ha dejado en una dificilísima posición a todas las Comunidades Autónomas sin excepción, que son la responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes. Andalucía, con una merma de 342 millones, y Cataluña, con 240 millones, son las Comunidades más perjudicadas por esta merma en la financiación estatal.
Pero si al recorte en la financiación estatal le añadimos el recorte directo acumulado en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones de euros), la desinversión pública en el sistema, se elevaría a 2.276,2 millones de euros.
Dicho esto, se siguen apreciando graves diferencias entre la gestión de una y de otras comunidades autónomas. Especialmente se aprecia que las que tenían un recorrido mínimamente aceptable antes de 2012 (en velocidad de gestión, nº de personas atendidas, etc…) han resistido relativamente bien el severo impacto de las “reformas”. Por el contrario, las comunidades que llevaban un retraso considerable, no han podido mejorar en este escenario de restricción presupuestaria, lo que las ha llevado sin remisión a desatender a las personas dependientes.
En cuanto a los resultados de la aplicación de la Escala en el territorio, en este XIV Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia presentado ayer en la sede de la Organización Médica Colegial, tres Comunidades Autónomas destacan en los primeros puestos de la calificación: Castilla y León, Euskadi y Andalucía, las tres con una puntuación superior a 7 puntos sobre 10. Por su parte, las peor valoradas son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana, que sigue ocupando, una vez más, la última posición en la Escala. Destaca también la calificación de Ceuta y Melilla, dos territorios donde la gestión corresponde de manera directa al IMSERSO, que ocuparían la tercera peor posición, entre la valoración obtenida por Canarias y Aragón.
Hay que destacar que la Escala de valoración se elabora partiendo de los datos oficiales que publica el Ministerio a través del IMSERSO, a partir de la información que aportan las propias Comunidades Autónomas y que la misma se viene aplicando de forma invariable desde el año 2008 con carácter semestral (esta es su XIV aplicación), por lo que su valor está más en las tendencias y en los análisis de evolución que en los resultados concretos de un solo dictamen.
En todo caso se trata de analizar los datos oficiales disponibles (de 30 de noviembre de 2013 a 30 de noviembre de 2014) transformados en indicadores de medida. A partir de ahí las descalificaciones que suelen verter algunas comunidades o el propio Ministerio carecen de fundamento. Podemos discutir sobre si un indicador es más o menos significativo o relevante, pero no sobre los datos oficiales .
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