Los recortes sanitarios que se vienen produciendo desde hace meses en todas las comunidades autónomas para hacer frente a las dificultades de financiación del SNS han centrado la preocupación de la Organización Médica Colegial en este primer semestre por su incidencia en la calidad asistencial. En este sentido, tanto la propia OMC como los Colegios de Médicos de toda España han venido expresando su rechazo a las medidas contempladas en el RDL 16/2012, y se han estrechado lazos con otras organizaciones para hacer un frente común contra las medidas que puedan afectar a una adecuada atención al paciente
Madrid, 1 de agosto 2012 (medicosypacientes.com)
Los recortes sanitarios que se vienen produciendo desde hace meses en todas las comunidades autónomas para hacer frente a las dificultades de financiación del SNS han centrado la preocupación de la Organización Médica Colegial en este primer semestre por su incidencia en la calidad asistencial. En este sentido, tanto la propia corporación como los colegios de médicos de toda España han venido expresando su rechazo a estas medidas, y se han estrechado lazos con otras organizaciones para hacer un frente común contra las medidas que puedan afectar a una adecuada atención al paciente.
La Asamblea General de la OMC celebrada a finales de enero, en la que están representados la Comisión Permanente de la corporación, los presidentes de los 52 colegios médicos de toda España y las 9 vocalías nacionales, ya acordaron realizar una acción conjunta para expresar su preocupación por los recortes indiscriminados y desproporcionados que se están produciendo y su rechazo a aquellos que afecten la calidad asistencial. Esta acción la plasmaron en una declaración que cada colegio hizo pública ante los medios de comunicación el 14 de febrero –más de 20 colegios convocaron ruedas de prensa en sus respectivas provincias- y el resto publicaron el documento.
Alicante, A Coruña, Cáceres, Castellón, Cantabria, Ciudad Real, Granada, Las Palmas, Lugo, Melilla, Pontevedra, Soria, Toledo y Valencia, entre otros, expusieron ante los medios la situación de los recortes en sus respectivas provincias. Otros, como Badajoz, Baleares, Córdoba, Cuenca, Madrid, Ourense, Salamanca, Tarragona o Tenerife, plasmaron su clamor ante los recortes, a través de comunicados personalizados que recogieron la esencia de la declaración conjunta, en la que se pone de manifiesto que “la profesión médica no debe aceptar recortes en la financiación sanitaria que provoquen pérdidas de calidad en la asistencia a sus pacientes, especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos”. Asimismo, se considera que tanto los profesionales como los ciudadanos “deben participar en el buen uso de los servicios sanitarios y contribuir de forma proactiva en mejorar la eficiencia y la calidad del SNS” y se ofrece “colaboración y compromiso en la toma de decisiones para que las medidas a tomar no incidan negativamente en la asistencia”.
Las acciones llevadas a cabo por la OMC en este tiempo han pivotado sobre cinco puntos básicos en los que se ha centrado su estrategia: alcanzar un Pacto de Estado con la participación de todos los grupos políticos que, sobre la base de mantener un SNS universal, equitativo y gratuito, permita coordinar las políticas sanitarias de todas las CC AA; decidir un modelo de financiación que evite generar deuda; buscar los medios para financiar la deuda sanitaria y establecer los mecanismos jurídicos, legales y penales, para evitar que, lo que ha ocurrido en la gestión de lo público, no vuelva a ocurrir; definir una cartera de servicios para todo el SNS, con las condiciones y garantías con las que se presten; y cambiar el modelo retributivo de los profesionales, vinculando buena parte del mismo a la calidad y los resultados.
Reacción al RDL16/2012
A todas estas acciones se suman las emprendidas a partir de la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el pasado mes de abril. La Organización Médica Colegial hizo público, inmediatamente, su posicionamiento contra algunas de las medidas introducidas y, especialmente, frente a la obligación de que los médicos titulares queden integrados en los servicios de salud de las CC.AA. como personal estatutario fijo; la forma en cómo se va a procesar la creación del Registro Estatal de profesionales sanitarios; así como la introducción del medicamento biosimilar en la prescripción por principio activo, entre otras.
Para la OMC, este Real Decreto, además de modificar una serie de Leyes en vigor como la de Cohesión y Calidad; la de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos; la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias; el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud; y el Decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación, incide de un modo directo en la profesión médica y en las competencias de los Colegios de Médicos.
Seguidamente, el Pleno de la OMC, compuesto por la Comisión Permanente, los representantes nacionales de las Secciones Colegiales y los presidentes de los consejos autonómicos de Colegios de médicos, firmó un acuerdo de rechazo rotundo a todas aquellas medidas contenidas en el R.D. 16/2012, en el que mostraba su preocupación al considerar que algunas «no garantizan la sostenibilidad del Sistema Sanitario ni aportan mejora a la calidad y a la seguridad de sus prestaciones”.
La OMC también constituyó un Gabinete de Crisis a principios del pasado mes de mayo, que, entre otras iniciativas, promovió una jornada, el pasado 13 de mayo en la sede de la OMC para analizar desde una perspectiva jurídica y profesional el texto de la disposición adicional decimosexta y las implicaciones que del mismo se deriva. Por otra parte, en una gran mayoría de Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco, sus Colegios de Médicos organizaron asambleas informativas con el objetivo de explicar la situación generada ante la disposición adicional decimosexta del RDL 16/ 2012, así como otras medidas que contempla.
La Comisión Central de Deontología emitió, asimismo, su veredicto tras analizar, desde una perspecitva ética y deontológica, el RD16/2012, llegando a la conclusión de que éste compromete 10 artículos del Código de Deontología ( los artículos 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 7.4, 7.5, 11, 23, 45.1 y 47.1) por las posibles contradicciones en las que podría entrar la norma con el Código, de obligado cumplimiento. En este sentido, la propuesta de la Comisión Central de Deontología pasa por una respuesta profesional ante este RDL desde la que se identifiquen las situaciones que supongan un riesgo de conflictos deontológicos, así como de situaciones en las que la no asistencia a un paciente suponga un reisgo para éste y para terceras personas con derecho a la protección de su salud e integridad.
Unidad de acción
Además, la OMC ha llevado actuaciones conjuntas con otras organizaciones médicas, fundamentalmente en lo concerniente a las medidas contempladas en el RDL 16/2012. Selló su unidad de acción con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y acordó la creación de una Comisión de Seguimiento conjunta vigilante ante la aplicación de esta normativa en todos sus aspectos y en particular para que no se vulneren los derechos consolidados de los médicos titulares y de cupo y zona, decidiendo acudir al Defensor del Pueblo para poner un recurso de inconstitucionalidad contra el referido decreto.
Más recientemente, la OMC reforzó su unidad de acción con las principales organizaciones médicas como la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), decididendo, ante la grave situación por la que atraviesa nuestro Sistema Nacional de Salud, establecer alianzas estratégicas a partir de la constitución de una Plataforma de Acción. Para estas organizaciones médicas, parece que estos recortes “van a ser la excusa perfecta para la privatización del SNS», algo que dichas Organizaciones «no deseamos y rechazamos frontalmente. De esta compleja situación no es posible salir sin la participación efectiva de los médicos que, hasta ahora, no han sido tan siquiera consultados», según expusieron.
Respuesta del Defensor del Pueblo
Por otra parte, el pasado 26 de julio se conoció la resolución definitiva de La Defensora del Pueblo respecto al Real Decreto Ley 16/2012, que contempla la decisión de no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el mismo. Con dicha resolución se dió respuesta a 80 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad entre ellas a la de la Organización Médica Colegial.
La OMC sustentó en cinco causas su demanda de inconstitucionalidad contra el RDL 16/2012: la infracción del régimen jurídico del artículo 86.1 de la Constitución, al no cumplirse el presupuesto formal de la extraordinaria y urgente necesidad; la infracción del régimen jurídico del artículo 86.1 de la Constitución, al no cumplirse el presupuesto material de que las medidas no han de afectar a los deberes, derechos y libertades constitucionales reservados en exclusiva al poder legislativo del Parlamento; y la infracción de los principios constitucionales de la de seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad contenidos en el artículo 9.3 de la Constitución por ausencia de toda explicación racional a la hora de regular ciertas materias. Las otras dos causas se refieren, por un lado, a la infracción del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 43 de la Constitución, en relación con el principio de la igualdad (arts. 14 y 139 de la Constitución), al retomar al sistema de asegurado y desconocer el derecho de ciertos sectores de población a las prestaciones sanitarias, en contra del principio de prestación universal. Por otro lado, está la infracción del derecho al cargo en relación con el ejercicio efectivo de la profesión, de cierto sector de funcionarios como es el Cuerpo Nacional de Médicos Titulares
Quedaron sin examinar ni resolver todas ellas excepto la planteada en cuarto lugar, relativa a la infracción del derecho a la protección de la salud y el principio de la prestación universal. En este caso, la resolución, por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo, intentó justificar que tanto las personas mayores de 26 años, como los ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia, tienen derecho a la prestación sanitaria.
