La Organización Médica Colegial (OMC) manifiesta su profunda preocupación ante la situación generada por la suspensión de actividad de numerosas clínicas del Grupo Vivanta y expresa su apoyo a los pacientes afectados.
Numerosas personas se encuentran con tratamientos ya iniciados, en muchos casos abonados total o parcialmente por adelantado, sin conocer con certeza cómo ni dónde continuará su asistencia.
La salud no puede quedar sometida a las consecuencias de una crisis empresarial como si se tratase de cualquier otra actividad económica. Cuando hablamos de centros sanitarios hablamos de pacientes, continuidad asistencial y tratamientos cuya interrupción puede tener consecuencias para su salud.
Además, no se trata de un episodio aislado. Los casos de Funnydent, iDental, Dentix y ahora Vivanta demuestran que no puede seguir actuándose únicamente cuando el daño ya se ha producido.
La OMC recuerda que la Medicina y la Odontología son profesiones sanitarias y que la legítima existencia de diferentes fórmulas empresariales no puede permitir que los objetivos de crecimiento, captación comercial o rentabilidad desplacen el criterio clínico ni trasladen al paciente los riesgos propios de la actividad empresarial.
Los pacientes no pueden convertirse en financiadores involuntarios de modelos empresariales sanitarios cuyo riesgo económico termine recayendo sobre ellos.
Por ello, considera necesario establecer mecanismos que garanticen la continuidad asistencial y protejan las cantidades entregadas anticipadamente por los pacientes. Una eventual insolvencia no puede dejar simultáneamente a una persona sin tratamiento y sin el dinero destinado a recibirlo.
Asimismo, la OMC recuerda que Médicos, Dentistas, Farmacéuticos y Veterinarios llevan años reclamando una ley estatal de publicidad sanitaria. La publicidad de servicios sanitarios no puede tratarse como la de cualquier otro bien o servicio: quien acude a un centro médico u odontológico no es únicamente un consumidor, sino, ante todo, un paciente.
Por todo ello, reclama a las Administraciones que garanticen la adecuada atención de los afectados por Vivanta, establezcan mecanismos de protección ante futuros cierres o insolvencias e impulsen definitivamente una regulación estatal de la publicidad sanitaria.
No se puede esperar al próximo cierre para volver a plantearse las mismas preguntas. Los precedentes son suficientes para adoptar medidas que protejan de forma efectiva a los pacientes y garanticen que la salud y el criterio clínico prevalezcan siempre sobre cualquier otro interés.
