La visita realizada a inicios de septiembre por la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial (OMC) a Ceuta ha permitido conocer de primera mano el impacto que la presión migratoria y las carencias estructurales del sistema sanitario están teniendo sobre los profesionales y la atención a los pacientes. Tras acompañar a la delegación encabezada por el presidente de la OMC, Tomás Cobo, el director de los Servicios Jurídicos de la corporación, Ricardo De Lorenzo, advierte de que la situación actual ha llevado al límite a los médicos de Ceuta y reclama una respuesta urgente que combine medidas humanitarias, refuerzo asistencial y compromiso institucional para garantizar la igualdad en el acceso a la salud.
A lo largo de la entrevista el doctor en Derecho insiste en que proteger a los médicos no es una reivindicación corporativa, sino una garantía para la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la igualdad de acceso a la sanidad e incide en la petición de la OMCD para que se refuercen plantillas, se apliquen de forma efectiva los incentivos para puestos de difícil cobertura y se ponga fin a una situación que depende excesivamente del sacrificio de los profesionales sanitarios.
1. Acaba de regresar de Ceuta tras acompañar a la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial. ¿Qué ha visto allí?
He visto una realidad que ningún informe puede transmitir por completo. He estado con los médicos del Hospital Universitario de Ceuta, he tenido la oportunidad de escucharlos sin intermediarios y he comprobado hasta qué punto están sosteniendo una presión asistencial extraordinaria con una entrega admirable, pero también con un cansancio que ya tiene consecuencias personales y laborales.
No hablamos de una estadística. Como tuvo oportunidad de exponerlo el Presidente Tomás Cobo, hablamos de urgencias que atienden el doble o más de su actividad ordinaria, de pacientes llegados en condiciones muy graves, de agresiones, abusos sexuales, heridas, ambulancias que trasladan simultáneamente a varios pacientes, y de profesionales que encadenan guardias y jornadas con una sobrecarga que no puede normalizarse.
Lo que más me ha impresionado es la enorme dignidad profesional con la que se sigue atendiendo. Pero precisamente por eso hay que decirlo con claridad: la vocación de los médicos no puede ser la coartada de las instituciones para no cumplir sus deberes.
He dedicado toda mi vida profesional a defender jurídicamente a los médicos, y debo agradecer la oportunidad que me ha brindado el Consejo en esta ocasión, de conocer sobre el terreno esta tremenda situación, y con ello he comprobado una vez más que defender al médico no es defender un interés corporativo, reafirmándome que con ello, se defiende la seguridad del paciente, la igualdad de los ciudadanos y la credibilidad misma del Estado de Derecho.
2. ¿Cómo definiría jurídicamente lo que está ocurriendo?
No hay que confundir dos planos: la presión migratoria agrava la situación, no la crea. El colapso sanitario es estructural y anterior a julio. Confundir ambas cosas traslada injustamente la responsabilidad a los médicos. La sanidad pública de Ceuta se ha convertido en el principal muro de contención humanitario de esta crisis. Y ese muro lo sostienen los médicos y enfermeros cada día, no las instituciones que durante años no lo reforzaron.
Ceuta y Melilla ni siquiera tienen unidades básicas como radioterapia o hemodinámica. Eso obliga, en plena urgencia, a evacuar pacientes a la Península. Eso no lo ha causado ningún migrante: es un déficit de hace años. Nos contaba el Presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Dr. Enrique Roviralta, que los Médicos han tenido que asumir más de 10.700 atenciones médicas solo en el mes de agosto. El hospital amplió su capacidad de camas de urgencia en torno a un 20%, y se derivó al 60% de los casos a centros de atención primaria de la periferia para intentar que las urgencias hospitalarias no colapsaran del todo.
La entrada irregular y masiva registrada este verano ha agravado la situación; no la ha creado. Me resisto a llamarla invasión, porque no lo es y porque ese término culpa a quien llega. El Derecho de la Unión contempla un nombre más exacto “instrumentalización”, este concepto y esa formulación proceden del Reglamento (UE) 2024/1717, que reformó el Código de Fronteras Schengen, cuyos considerandos 12 y 13 se remiten a la definición del Reglamento (UE) 2024/1359, como “la situación en que un tercer País o un agente no estatal hostil fomenta o facilita la circulación de nacionales de terceros países con ánimo desestabilizador”.
Y confirmada la responsabilidad, tras la condena del Parlamento Europeo en su resolución de 17 de septiembre, aprobada por 339 votos frente a 225, denunciando esta “instrumentalización” de la inmigración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro, la responsabilidad no es de quien cruzó, sino de quien lo propició y de quien no supo preverlo
Pero aun aceptando plenamente la gravedad de esa “instrumentalización”, hay algo que no puede olvidarse: no creó la fragilidad sanitaria de Ceuta. La agravó brutalmente. El sistema ya presentaba carencias de personal, especialidades, incentivos, infraestructuras y cobertura asistencial antes de la llegada masiva.
La emergencia actual no puede convertirse en una explicación cómoda para eludir responsabilidades anteriores.
3. ¿Quiere decir que la crisis migratoria no es la causa del colapso sanitario?
Exactamente. Es un factor agravante decisivo, pero no la causa originaria. Sería profundamente injusto trasladar a la población migrante, o a la propia emergencia humanitaria, la responsabilidad exclusiva de un sistema que llevaba años advirtiendo de sus límites.
Los médicos de Ceuta y Melilla venían denunciando desde hace tiempo plantillas insuficientes y envejecidas, dificultad para atraer y retener especialistas, ausencia de unidades esenciales, evacuaciones urgentes a la Península como antes decía y una carga de guardias difícilmente compatible con los descansos que exige el Derecho europeo.
El Real Decreto 118/2023 declaró los puestos sanitarios del INGESA en Ceuta y Melilla como de “difícil cobertura” y habilitó medidas de incentivación. Esa norma debía haber sido el inicio de una solución; no podía quedar reducida a una declaración formal. El problema es que, transcurrido el tiempo, los médicos siguen esperando que la norma se convierta en hechos.
4. ¿Qué derechos considera comprometidos?
No se trata de una valoración retórica. Hay normas concretas que obligan.
La Constitución, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud. El artículo 139.1 establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Y la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud exige que las prestaciones sanitarias se proporcionen con garantías equivalentes de accesibilidad, tiempo, información, seguridad y calidad, con independencia del lugar de residencia.
Por tanto, cuando un ciudadano de Ceuta no puede acceder con la misma efectividad a determinadas prestaciones, especialistas o recursos que un ciudadano de la Península, hay un problema de igualdad territorial en el acceso efectivo a la salud.
Y hay también una dimensión europea. La Directiva 2003/88/CE protege la ordenación del tiempo de trabajo y los descansos. Los artículos 31 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas y a la protección de la salud. Si la presión asistencial se sostiene mediante guardias excesivas, falta de descansos y agotamiento profesional, no solo se perjudica al médico: se compromete la seguridad de todos los pacientes y evidentemente se infringe la normativa europea sobre condiciones de trabajo.
5. Usted llevó esta situación al Parlamento Europeo. ¿Qué espera ahora de Europa?
En abril de 2025 comparecimos el Presidente Tomás Cobo y yo como Director de los Servicios Jurídicos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en representación de la Organización Médica Colegial de España, con el respaldo de los Colegios de Médicos de Ceuta y Melilla. Aquella comparecencia dio continuidad a la Petición 0742/2023, planteada para denunciar una situación que ya entonces era crítica.
La Comisión Europea recordó, con razón, que la organización de los servicios sanitarios corresponde fundamentalmente a los Estados miembros, conforme al artículo 168.7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero esa distribución competencial no significa que Europa pueda desentenderse de un posible incumplimiento sistemático del Derecho de la Unión, en particular respecto del tiempo de trabajo y de la protección de los derechos laborales y sanitarios.
La petición continúa siendo una vía viva de control político e institucional. La situación actual se incorporará al expediente en una próxima comparecencia en Noviembre, porque el análisis no puede detenerse en la fotografía de 2023: debe valorar lo que está sucediendo hoy. Ceuta es frontera exterior de toda la Unión Europea, no solo de España. Lo que pasa ahí no se queda ahí: en el espacio Schengen, sin fronteras interiores, esta situación repercute también en el resto de países europeos destino final de muchos de estos trayectos.
6. ¿Por qué insiste tanto en que Ceuta es una responsabilidad europea?
Porque no se puede pretender que una ciudad de alrededor de ochenta y cuatro mil habitantes soporte casi en solitario las consecuencias sanitarias, sociales y logísticas de una presión que afecta a una frontera exterior de la Unión.
La libre circulación dentro del espacio europeo presupone una gestión eficaz y solidaria de las fronteras exteriores. Si la presión se concentra en un punto, los efectos no desaparecen en ese punto: se proyectan, como le decía antes, sobre todo el sistema nacional y europeo.
Por eso la solidaridad no puede limitarse a declaraciones. Debe materializarse en recursos, coordinación, capacidad de acogida, cooperación migratoria, refuerzo sanitario y mecanismos verificables. Una frontera exterior de la Unión no puede descansar sobre los hombros de la población ceutí con los médicos de un único hospital público como está siendo el caso.
7. ¿Ha sido correcta la figura jurídica elegida por el Gobierno?
Desde un punto de vista estrictamente técnico, la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional es una figura adecuada para una crisis de gravedad, transversalidad y necesidad de coordinación entre administraciones. El Real Decreto 681/2026 declaró esta situación en Ceuta, delimitó su ámbito territorial y temporal, y articuló una autoridad funcional para dirigir y coordinar las actuaciones.
Pero no es un estado de alarma. La situación de interés para la Seguridad Nacional no es un régimen de excepcionalidad constitucional ni permite suspender derechos fundamentales. Es un mecanismo de coordinación reforzada de competencias ordinarias, precisamente pensado para responder a crisis complejas sin acudir automáticamente a las figuras más intensas del artículo 116 de la Constitución.
Mi crítica principal no se dirige tanto contra la corrección técnica de la fórmula elegida como contra la tardanza. Lo grave fue el tiempo transcurrido mientras la sobrecarga sanitaria era evidente, los médicos advertían del deterioro y se seguía negando el riesgo de colapso.
8. ¿Habría estado justificado declarar el estado de alarma?
El estado de alarma es el único de los mecanismos del artículo 116 de la Constitución que tiene, en abstracto, un encaje posible ante una crisis sanitaria como la de Ceuta. Pero debe utilizarse con enorme rigor, necesidad, proporcionalidad y respeto a la jurisprudencia constitucional.
El Estado de Alarma habilita una herramienta de particular relevancia operativa en un escenario como el de Ceuta, que es la posibilidad de que el Real Decreto de Alarma atribuya a las Fuerzas Armadas desplegadas -la Unidad Militar de Emergencias y, dada la implantación histórica de la Comandancia General de Ceuta, otros efectivos del Ejército de Tierra -entre ellos el Tercio «Duque de Alba» II de la Legión, unidad de referencia de dicha Comandancia- la condición de agentes de la autoridad, tal y como se hizo en el artículo 5 del Real Decreto 463/2020 del estado de alarma por el COVID-19. La consecuencia jurídica es decisiva: la desobediencia o resistencia frente a esos efectivos deja de ser una infracción administrativa para constituir, potencialmente, un delito de atentado o de resistencia y desobediencia grave a la autoridad (arts. 550 y 556 del Código Penal).
Es cierto que nuestro Tribunal Constitucional respecto del estado de alarma ha establecido límites importantes: no puede emplearse para suspender de hecho la libertad de circulación mediante confinamientos generales o indiscriminados. Toda restricción debe ser proporcional, fundada en criterios técnicos y no sustituir las medidas ordinarias disponibles.
Por ello, el debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre inacción y excepcionalidad. Había y hay abundantes instrumentos ordinarios: política migratoria, acogida, extranjería, salud pública, seguridad, refuerzo del INGESA, movilización logística y cooperación institucional, pero a estas alturas y a la vista de lo que hemos podido ver estos últimos días, quizás el estado de alarma tendría sentido para ordenar esta crisis sanitaria con la declaración expresa en tal sentido de autoridad de las Fuerzas Armadas; su papel sería de aportación de recursos y apoyo logístico, transmitiendo que la desobediencia o resistencia frente a esos efectivos dejaría de ser una infracción administrativa. Si la situación se agravara hasta el punto de requerir esa capacidad coercitiva adicional, el salto cualitativo hacia el Estado de Alarma, con las limitaciones doctrinales de nuestro Tribunal Constitucional, seguiría siendo, jurídicamente, el único cauce disponible para darlo.
9. ¿Qué papel pueden desempeñar las Fuerzas Armadas?
Como le decía su papel puede ser muy importante en el apoyo logístico, sanitario, de transporte, montaje de instalaciones temporales, abastecimiento, desinfección, coordinación de recursos y auxilio a los dispositivos civiles. Pero debe quedar claro que la crisis no se resuelve militarizando la asistencia sanitaria ni confundiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas con una sustitución de la autoridad civil.
En el actual marco de interés para la Seguridad Nacional, la aportación militar es de recursos y apoyo logístico bajo la dirección civil. Eso es coherente con la naturaleza de la figura. Un eventual estado de alarma podría permitir una configuración distinta de determinadas facultades, y aunque es una decisión de enorme trascendencia jurídica y política, ante la realidad como la que se contempla, no debería ser descartada.
La respuesta eficaz no es la más espectacular ni la más coercitiva. Es la que protege simultáneamente la dignidad de las personas, la seguridad de los ciudadanos, la legalidad y la capacidad real de los servicios sanitarios.
10. ¿Qué le dice a quienes plantean la migración solo como un problema de seguridad?
Que sería un error jurídico, humanitario y estratégico. Hay una dimensión de seguridad fronteriza que el Estado debe gestionar con firmeza y eficacia. Negarla sería ingenuo. Pero reducir la cuestión a seguridad supone olvidar que estamos ante personas, muchas de ellas vulnerables, entre ellas menores, que requieren atención sanitaria, identificación, acogida y garantías legales.
La respuesta correcta debe ser doble: orden y humanidad. El Estado tiene derecho y deber de proteger sus fronteras, pero esa protección debe realizarse conforme al Derecho nacional, europeo e internacional. Y, al mismo tiempo, debe impedir que la carga asistencial de esa respuesta se descargue sobre unos profesionales sanitarios exhaustos.
No hay contradicción entre defender una frontera ordenada y defender la dignidad humana. La contradicción aparece cuando se abandona a los médicos, a la población, a los pacientes y a la propia ciudad para que resuelvan solos una responsabilidad estatal y europea.
11. ¿Cuál es la reivindicación inmediata de la OMC?
Creo que la Comisión Permanente con nuestro Presidente Tomás Cobo a la cabeza lo ha dejado claro: que se proteja a los médicos para proteger a los ciudadanos.
Eso requiere, de forma inmediata, reforzar plantillas y sustituciones, activar incentivos reales de difícil cobertura, garantizar descansos efectivos, mejorar la capacidad de urgencias y Atención Primaria, asegurar derivaciones y transporte sanitario cuando sean necesarios, y establecer una planificación estable que no dependa de la heroicidad profesional.
También exige que el INGESA, cumpla de una vez las medidas que ya estaban previstas. Ceuta y Melilla no pueden ser territorios donde la igualdad sanitaria se proclama en las normas, pero se debilita en la práctica.
12. Usted es conocido como “el abogado de los médicos”. ¿Cómo ha vivido personalmente esta visita?
Lo he vivido con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por comprobar que, incluso en circunstancias tan adversas, los médicos de Ceuta mantienen un compromiso extraordinario con cada paciente. Y preocupación porque conozco bien el riesgo de convertir esa entrega en una obligación silenciosa y permanente.
Defender a los médicos no significa pedir privilegios. Significa exigir que no trabajen exhaustos, que tengan descansos, que dispongan de medios, que no se vean obligados a cubrir estructuralmente las carencias del sistema y que puedan ejercer con seguridad clínica y jurídica.
Después de tantos años vinculado al Derecho Sanitario y a la defensa de la profesión, puedo decir que la dignidad de la medicina se protege también desde las instituciones. Cuando una institución abandona a sus médicos, termina abandonando a sus pacientes.
Ceuta necesita dos respuestas que no se sustituyen entre sí. La primera, una respuesta humanitaria, ordenada y suficientemente dotada ante la emergencia migratoria. La segunda, una respuesta sanitaria estructural que corrija de una vez el abandono acumulado del INGESA. Si se atiende solo a la primera, la ciudad seguirá enferma. Si se ignora la segunda, serán otra vez los médicos quienes paguen con su salud el precio de una planificación que nunca llegó. Y eso, sencillamente, no es justo ni es conforme a Derecho.
