Paralelamente a la culminación del plazo de presentación de alegaciones a la Ley Ómnibus en el Congreso de los Diputados, y a la aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda del proyecto de la ?Ley Paraguas?, distintos Ministerios ya trabajan en un informe sobre los criterios que determinarán qué profesiones han estar adscritas a la colegiación obligatoria, tal como se anunció en la reciente jornada sobre ?Las Implicaciones de la Ley Ómnibus para los Colegios Profesionales?
Madrid, 5 de octubre 2009 (medicosypacientes.com)
En el marco de la jornada “Implicaciones de la Ley Ómnibus para Colegios Profesionales”, organizada el pasado 30 de septiembre por Unidad Editorial Conferencias, (ver “Medicos y Pacientes” del 2-10-09) representantes colegiales, expertos y miembros de la Administración participaron en una revisión y debate sobre el escenario normativo actual relativo a la transposición de la Directiva Europea de Servicios 2006/123/CE,y cuyo objetivo es crear un entorno regulatorio más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades de servicios a nivel comunitario.
En la jornada se comentaron las principales novedades, entre ellas, la aprobación el pasado 29 de septiembre, un día antes de la celebración de esta Conferencia, del proyecto la conocida como “Ley Paraguas”, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Dicha Ley es la que sienta las bases de la transposición en España de dicha Directiva europea. En España, el 84 por ciento de los empleados en profesiones colegiadas se ubican en el sector servicios, es decir, que la regulación y funcionamiento marcada por la Directiva Europea de Servicios afectará a más de un millón de profesionales.
El punto de partida que dió paso a la revisión de la situación fue un breve recordatorio de cómo la reforma de los Colegios Profesionales se llevará a cabo: fundamentalmente, a través de tres leyes: Transposición de la directiva de Servicios (Ley Paraguas); Ley Ómnibus, es decir, ley de modificación de 47 leyes para su adaptación a la Ley Paraguas, y que actualmente está en fase de proyecto de ley; y Ley sobre Colegiación o de Servicios Profesionales, la cual definirá qué profesiones mantienen un control universal de sus profesionales ejercientes. A este conjunto normativo se suma para las profesiones que actualmente los manejan un R.D. sobre visados.
El secretario general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, Ángel Torres, destacó algunas de las principales utilidades de dicha Ley de Servicios Profesionales, entre ellas: la modernización organizativa de los Colegios Profesionales, el refuerzo de la protección de los usuarios y consumidores, y el fortalecimiento del principio de libre acceso a las actividades profesionales en general. Además, avanzó, en un momento de su intervención que ya han comenzado los trabajos técnicos para dar cumplimiento al proyecto de ley de servicios profesionales, que habrá de determinar qué profesiones mantendrán la colegiación como obligatoria.
Al respecto, otro de los intervinientes, el profesor de Derecho Administrativo Luis Calvo, expuso su versión sobre estos primeros trabajos técnicos, “lo que ha hecho -señaló- es contactar con todos y cada uno de los Ministerios de los que dependen los Colegios profesionales de ámbito estatal o nacional, en primer lugar para identificar los Colegios profesionales obligatorios, a continuación proceder a una evaluación de esas obligaciones de colegiación, para concluir con un informe en el que se indiquen cuáles van a ser los colegios obligatorios y cuáles van a perder la condición de colegios de adscripción obligatoria, en principio con un plazo predeterminado que es finales de diciembre de 2009, fecha en la que tiene que estar culminado el informe encargado al Ministerio de Economía y Hacienda, y que debería ser el sustento de contenido real de ese proyecto de ley que anuncia la disposición transitoria cuarta del proyecto de Ley Ómnibus.” Dicha disposición prevé que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Una de las críticas vertidas y en la que coincidieron algunos de los participantes en esta Jornada fue, precisamente, la ambigüedad que se cierne sobre el futuro de aquellos Colegios profesionales a los que, finalmente, no se les otorque la adscripción de colegiación obligatoria, tal como planteó, entre otros, el abogado José Antonio Morillo. ¿Acabarían transformándose en una asociación? ¿con qué fin? fueron cuestiones que se lanzaron en distintas intervenciones para las cuales los expertos temen que de momento no hay respuesta, con la consiguiente inquietud que ello genera en el sector profesional.
Dificultades financieras
Otra de las preocupaciones puestas de manifiesto durante esta Conferencia organizada por Unidad Editorial, fue la de la financiación necesaria para llevar a cabo las medidas contenidas en el proyecto de Ley Ómnibus dirigidas a los Colegios Profesionales. Como comentó al respecto el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Suárez, “deberemos dar muchos servicios a cambio de una financiación restringida”. De similar forma se expresó en un momento de su intervención el abogado Tomás González Cueto, “la nueva ley no tendrá gasto para la Administración pero sí una serie de cargas económicas para los Colegios lo cual debería compensarse de alguna manera”.
De tal modo que, por su parte, el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, demandó a la Administración, durante su intervención, que se prevea una línea de financiación “que sirva de impulso a las medidas modernizadoras asociadas a la reforma”. Asimismo, se valoró la iniciativa de Unión Profesional de solicitar oficialmente al Gobierno que las profesiones colegiadas puedan participar en el Plan Avanza 2010-2012.
Modificación de estatutos
Entre los temas candentes en torno a este proceso de reforma es el de la modificación de los estatutos de las corporaciones profesionales. Como se recordó, antes del 28 de diciembre de 2009, toda la normativa colegial (Estatutos Generales, Estatutos Particulares y Reglamentos de Régimen Interior) deberá estar adaptada a la Directiva de Servicios, lo que exige de los Colegios analizar previamente dicha normativa y realizar las modificaciones necesarias.
De hecho, durante el pasado mes de septiembre Economía se ha reunido en alguna ocasión con los representantes de las organizaciones profesionales en relación al trabajo sobre las principales líneas de modificación de Estatutos Generales de los Consejos y Colegios profesionales de ámbito estatal, y está previsto, según avanzó el profesor Luis Calvo, que el próximo 14 de octubre se celebre una nueva reunión de revisión de los trabajos realizados hasta la fecha.
Al respecto, varios de los ponentes coincidieron en señalar lo singular de esta inciativa, puesto que se insta a los Colegios a adaptar sus estatutos a una Ley en plena tramitación parlamentaria. Tampoco resulta ser muy entendible por las dudas puestas sobre la mesa en esta sesión ¿hasta qué punto sería necesario tocar el procedimiento de elaboración de los estatutos generales?, como planteó el abogado Morilla.
