Hay documentos que nacen como respuesta a su tiempo y acaban definiendo algo mucho más duradero. La Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente, adoptada por la Asociación Médica Mundial en 1981, es uno de ellos. En aquellos años, la relación entre médico y paciente atravesaba una transformación profunda: el modelo paternalista, que había dominado durante siglos, comenzaba a ceder ante una nueva comprensión de la autonomía del enfermo. El paciente dejaba de ser un receptor pasivo de decisiones ajenas para convertirse en el protagonista de su propio proceso de salud. La Declaración de Lisboa puso ese principio en negro sobre blanco, con vocación universal y con la firma de la profesión médica organizada a nivel internacional.
Desde entonces, el texto ha sido revisado en distintos momentos: en 1995, en 2005 y, por último, reafirmado en 2015. Cada actualización ha tratado de mantener el texto a la altura de los cambios en la práctica clínica, en el derecho y en las expectativas sociales. Pero el mundo de 2025 es radicalmente distinto al de las últimas décadas. La medicina digital, la inteligencia artificial aplicada a la ayuda en la toma de decisiones, los nuevos marcos internacionales de derechos humanos, la creciente atención a la salud mental y la necesidad de reconocer la diversidad de situaciones en que un paciente puede encontrarse a la hora de tomar decisiones: todo ello exige una revisión de mayor calado que las anteriores.
En este contexto la Asociación Médica Mundial ha constituido un grupo de trabajo específico para revisar la Declaración de Lisboa. El proceso, liderado por la Asociación Médica China, tiene una hoja de ruta que se extiende hasta octubre de 2027, cuando se espera que el texto revisado sea presentado para su aprobación definitiva en la Asamblea General. Es un proceso largo, minucioso y multilateral, como corresponde a un documento que aspira a orientar la práctica médica en cientos de países.
La Organización Médica Colegial de España forma parte de ese grupo de trabajo. Y lo hace con una posición clara: queremos contribuir a que la revisión produzca un texto más preciso, más coherente con el derecho internacional vigente y más útil para los profesionales y los pacientes. Llegamos a este proceso con una agenda de propuestas concretas que, entendemos, mejoran la arquitectura del documento sin alterar su espíritu.
Entre las cuestiones que consideramos prioritarias figura el reconocimiento adecuado de la capacidad del paciente en toda su complejidad. El texto actual de la Declaración agrupa bajo una misma categoría situaciones muy distintas: el paciente inconsciente por una emergencia, el menor de edad, las personas con discapacidad. Esa homogeneización es un problema, porque cada una de esas situaciones requiere una respuesta ética y jurídica diferente. Una declaración de derechos que no hace esas distinciones protege menos de lo que promete.
También nos interesa especialmente el tratamiento de la salud mental. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en particular su artículo 12, ha transformado el marco internacional sobre capacidad jurídica y la ayuda en la toma de decisiones. La Declaración de Lisboa tiene que dialogar con esos estándares si quiere mantener su relevancia. España tiene experiencia propia en este campo, con una reforma legislativa reciente que avanza precisamente en esa dirección, y esa experiencia es un activo que podemos aportar al grupo de trabajo.
Y luego está todo lo que rodea a la salud digital: el derecho a la información en entornos mediados por algoritmos, la protección de datos sanitarios, el acceso equitativo a tecnologías que cada vez tienen más peso en el diagnóstico y en el seguimiento clínico. Son derechos emergentes que la Declaración desde su concepción no podía anticipar y que hoy no pueden ignorarse.
El proceso avanza. En las reuniones celebradas hasta ahora hemos podido presentar nuestras posiciones, escuchar las de otras delegaciones y comenzar a identificar los puntos de convergencia y las cuestiones que requerirán un debate más detenido. En octubre de 2026, la Asamblea General de Rotterdam será un momento importante en ese recorrido. Y en 2027 estoy seguro de que tendremos una Declaración de Lisboa renovada que siga siendo, como lo fue en 1981, un documento de referencia para la medicina y para los pacientes.
La OMC seguirá trabajando para que así sea. Porque los derechos del paciente no son un asunto exclusivamente jurídico ni filosófico: son el fundamento ético de lo que hacemos cada día. Y vale la pena dedicarles el tiempo y el esfuerzo que merecen.
Dr. Álvaro Cerame
Presidente de la European Junior Doctors
