“Los médicos titulares no se quieren integrar como estatutarios”, tal como ha constatado el Gabinete de crisis de médicos titulares afectados por el RDL 16/2012, reunido ayer jueves, 17 de mayo, en la sede de la Organización Médica Colegial, y tras conocerse la ratificación por el Congreso de los Diputados de dicha normativa. Desde dicho Gabinete, coordinado por el representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas, el doctor Antonio Fernández-Pro, se recuerda que, al no ser tratado, finalmente, como proyecto de ley, “a partir de ahora la ‘patata caliente’ queda en las CC.AA., en lo que respecta, en concreto, a la aplicación de la disposición adicional decimosexta»
Madrid, 18 de mayo 2012 (medicosypacientes.com)
“Los médicos titulares no se quieren integrar como estatutarios”, tal como ha constatado el Gabinete de crisis de médicos titulares afectados por el RDL 16/2012, reunido ayer jueves, 17 de mayo, en la sede de la Organización Médica Colegial, y tras conocerse la ratificación por el Congreso de los Diputados de dicha normativa. Desde dicho Gabinete, coordinado por el representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas, el doctor Antonio Fernández-Pro, se recuerda que, al no ser tratado, finalmente, como proyecto de ley, “a partir de ahora la ‘patata caliente’ queda en las CC.AA., en lo que respecta, en concreto, a la aplicación de la disposición adicional decimosexta, ante lo cual nuestra estrategia también cambia sensiblemente”.
Además de manifestar de manera reiterada su preocupación por la inseguridad jurídica y laboral generada a este colectivo, desde este Gabinete, se considera que las medidas contempladas en la disposición adicional decimosexta “no sólo no contribuyen al ahorro sino que duplican el gasto actual de manera clara al tiempo que tiran por la borda la experiencia de profesionales con más de 30 años de ejercicio profesional”.
En el transcurso de esta reunión se tomó la decisión de llevar a cabo una serie de acciones entre las que cabe destacar la entrega de un escrito, por parte de la OMC, al Defensor del Pueblo en el que se denuncie la inconstitucionalidad de la norma.
Se ha decidido, además, instar a la Administración a que defina el concepto de “derechos consolidados” a través de una pregunta vinculante y contrastar su respuesta con la que emitan las Asesorías Jurídicas de las entidades colegiales.
Por otra parte, se va a pedir a las CC.AA. que faciliten el catálogo de puestos de trabajo para que los afectados puedan conocer qué tipo de destinos laborales se les ofrece, además de realizarse un análisis de cómo afecta el RDL a las distintas clases de funcionarios.
Finalmente, se pretende que se negocie en el ámbito autonómico todo lo concerniente al desarrollo de este decreto, teniendo previsto elevar todas estas acciones a la Organización Médica Colegial, encabezada por el doctor Rodríguez Sendín.
