Hemos terminado un primer semestre de este año arrastrando los mismos problemas que venimos afrontando desde hace tiempo a los que se han incorporado los impuestos por la crisis y los recortes en la financiación sanitaria. A pesar de que nuestras propuestas y demandas plasmadas en los acuerdos subscritos con el Gobierno en julio del 2013, que no han sido cumplidas en su mayor parte, la profesión médica responde a las necesidades de los pacientes con la mayor calidad posible
Madrid, agosto de 2015 (medicosypacientes.com)
Hemos terminado un primer semestre de este año arrastrando los mismos problemas que venimos afrontando desde hace tiempo a los que se han incorporado los impuestos por la crisis y los recortes en la financiación sanitaria. A pesar de que nuestras propuestas y demandas plasmadas en los acuerdos subscritos con el Gobierno en julio del 2013, que no han sido cumplidas en su mayor parte, la profesión médica responde a las necesidades de los pacientes con la mayor calidad posible.
Nuestro modelo de Sistema Nacional de Salud basado en la universalidad, la calidad, la equidad y la solidaridad, con una amplia cartera de servicios es difícilmente superable se ha convertido en un referente internacional. Pero para mantener este modelo, independientemente de las reformas necesarias, se necesita solvencia y una financiación suficiente y estable. Lejos de esta máxima, estamos viendo como, año tras año, disminuye el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a Sanidad pública que ha pasado del 6,74% en 2009 al 5,9% en 2014 y con una previsión del 5,3% para el 2017 si se mantienen los compromisos del Gobierno de España. Es decir, de 73.000 millones con los que contaba la sanidad pública en 2009 pasaríamos a 54.000 millones en 2017. En todo caso, muy lejos de los porcentajes que dedican otros países con los que debemos compararnos.
Un descenso en la financiación tan extraordinario afecta especialmente a la disponibilidad de recursos humanos y materiales para la asistencia sanitaria e incide necesariamente en la calidad de los servicios sanitarios y en la salud de los ciudadanos, especialmente, en aquellos que más lo necesitan.
Está claro que, en esta crisis económica, hay insuficiencia financiera, pero el dinero dedicado a sanidad debería ser finalista si realmente se quiere respetar el principio constitucional de igualdad y no dedicarlo a otros fines. ¿Acaso es más importante rescatar a los bancos que son los máximos exponentes de nuestros problemas económicos que atender los problemas de salud de los ciudadanos? ¡Es tan de sentido común!, pero las distintas formaciones políticas se centran en el reparto de poder en vez de blindar, de una vez por todas, los tres pilares del Estado del Bienestar: la sanidad, la educación y la justicia.
El descenso de financiación en sanidad ha afectado especialmente a los profesionales sanitarios, con la pérdida de más de 45.000 empleos en los últimos años, disminución en un 25-30% del salario de los médicos y una precariedad laboral que se evidencia en no reponer o sustituir puestos vacantes, amortizando plazas, y en contratos que se realizan por horas, días o guardias, según se ha puesto de manifiesto en el Estudio sobre la situación laboral de los médicos en España que inició la corporación el pasado año y hemos continuado este semestre. Todo ello, pone en peligro la buena práctica médica y la calidad asistencial con el aumento de listas de espera, la suspensión de quirófanos por la tarde, la reducción de guardias, camas y equipos de urgencias en Atención Primaria.
Y, mientras esto ocurre, el Gobierno español ofrece un techo de incremento de gasto farmacéutico igual al crecimiento del PIB ?aunque sea ponderado- y el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que prevé para este año un incremento del PIB del 3,1%, recomienda revisión de reformas para reducir el gasto social, entre ellas, el establecimiento de más copagos.
Está claro que la financiación es insuficiente para la sanidad pública, pero además no existen, salvo excepciones, políticas efectivas para controlar el gasto sanitario especialmente en medicamentos y pruebas diagnosticas. Por ello, desde la OMC, nos hemos centrado en el análisis del sector farmacéutico, en el que es necesaria una regulación permanente, tanto nacional como internacional, con políticas de precios transparentes y socialmente responsables; garantías públicas para blindar la propiedad industrial sin que ello ponga en peligro en ningún caso el normal funcionamiento del Servicio público de salud por los precios de los nuevos medicamentos como ha ocurrido con los fármacos contra la Hepatitis C. Y hemos analizado la visión social y clínica del medicamento, su contribución en la mejora de la salud, pero también el uso excesivo e inapropiado algo que, además de tener efectos nocivos para el paciente, constituye un despilfarro de recursos.
Hay que tener en cuenta que, en España, el gasto farmacéutico ha sido siempre superior a la media europea y presenta una tendencia crónica al crecimiento incontrolado si no se ponen medidas para frenarlo, a pesar de la reducción significativa del gasto por receta en los 3 últimos años como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el uso de genéricos, el sistema de precios de referencia y medidas especiales como las introducidas en Galicia con el Catálogo de medicamentos y las “mal denominadas subastas” en Andalucía. Parece que ahora el Gobierno plantea una convocatoria de oferta pública a nivel nacional de selección de precios de un conjunto de referencias de medicamentos, similar a la de Andalucía que, en su día recurrió al Tribunal Constitucional. ¡Bienvenida sea! Y esperemos que no sea solo una medida electoral.
Para afrontar el debido control del gasto, desde la corporación hemos defendido estas medidas y que, en la aprobación de nuevos medicamentos, se garantice que representan alternativas eficaces y seguras, evitando la inclusión de aquellos que no hayan demostrado tales cualidades a través de ensayos y análisis independientes. Y que los medicamentos lleven inherente la identificación de cada envase como ocurre con cualquier otro producto de consumo para poder identificarlos y hacer un seguimiento y control individualizado que denominamos trazabilidad y así evitar situaciones como las sucedidas recientemente en que la Guardia Civil, en una operación contra el tráfico ilícito de medicamentos coordinada por Interpol a nivel mundial, intervino cerca de 1.022.352 dosis de medicamentos falsificados o ilegales. Es necesario y urgente tomar medidas, largo tiempo demandadas por nuestra Organización, denunciar y sancionar como establece el Código Deontológico para evitar malas prácticas medicas, incluso delictivas, como las realizadas por la aplicación y cobro de comisiones ilegales por el uso de determinadas prótesis, que además degradan el prestigio de la profesión médica.
Revisar los límites que se otorgan en el sector sanitario para medicamentos y productos sanitarios, así como los criterios para su financiación es una necesidad urgente para ese control del gasto sanitario, así como reformar el sistema de patentes que proteja al SNS del precio abusivo de los nuevos fármacos para que no ocurra lo sucedido con los medicamentos contra la Hepatitis C o con otros nuevos que estén por llegar y podrían desestabilizar la sostenibilidad del SNS.
También es preciso acotar con criterios científicos las intervenciones médicas y sanitarias indiscriminadas, tanto asistenciales, farmacológicas, como preventivas con el objetivo de que los beneficios de las mismas siempre sean coste-efectivo y superen a sus posibles daños.
Parece que el cambio de color político en algunas autonomías y la cercanía de elecciones de otras han dado también un vuelco a aquello que nosotros llevamos solicitando desde 2013, que es la atención a los inmigrantes irregulares que dejaron de tener derecho al cambiar el modelo de sistema público de universal por el de aseguramiento. Algunas CCAA habían buscado la solución, pero ahora Catalunya, Baleares, Valencia, Cantabria y Asturias ya han establecido medidas específicas para ello y Madrid lo ha propuesto. Habrá que ver qué pasará en el Consejo Interterritorial, órgano encargado de consensuar medidas como esta, con la incorporación de 13 nuevos consejeros, de los cuales 10 son de distinto color político al del Gobierno.
Nosotros, a través del Foro de la Profesión Médica, en el acuerdo firmado hace dos años con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, acordamos la petición aunque insuficiente de ofrecer Atención Primaria sin límites a los inmigrantes, pero esta petición como tantas otras, se han incumplido. El Ministro Alonso llegó con proclamando buenas intenciones, pero se ha quedado en eso y en eslóganes que no sirven de nada. La Gestión Clínica, el Registro de Profesionales, el Registro de los Consejos Generales, ….todo quedará pendiente para el próximo Gobierno y ¡otra vez a volver a empezar! para cambiar la realidad sanitaria.
Ahora, a las puertas de un cambio político, la OMC presentará sus propuestas a todos los partidos. El encuentro en julio con el secretario general del PSOE, Pedro Sanchez, fue el primer paso para ofrecer una política de colaboración leal y transparente que ha caracterizado siempre a la corporación médica para decir, opinar y proponer lo que consideramos mejor para los pacientes, nuestra razón de ser como médicos. Nos queda la esperanza de que, gobierne quien gobierne, se alcance un Pacto de Estado para llevar a cabo esa Reforma que parece que nunca llega y blindar el modelo de SNS para que lo hereden las próximas generaciones.
