Expertos reunidos en el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) participaron en el debate “¿Qué está pasando con el acceso a medicamentos?”, organizado, recientemente, por el ICOMEM, la Fundación Salud por Derecho y la Organización Médica Colegial (OMC). Ante la problemática actual, cada vez en más países, de acceso a medicamentos considerados imprescindibles para la vida, representantes de estas corporaciones, entre ellos el Dr. Rodríguez Sendín, exigieron más sensibilidad social y transparencia en los procedimientos para fijar los precios de los fármacos
La crisis económica ha potenciado la dificultad de acceso a medicamentos básicos para la salud en países desarrollados, ya que en los países menos desarrollados es un problema que viene de lejos y así ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la OMS. La falta de acceso a los tratamientos para el VIH o la Hepatitis C más recientemente, han sido el ejemplo más ilustrado del inicio de un ciclo donde los medicamentos que curan se encuentran lejos de los pacientes, principalmente por motivos de precio.
“En el actual modelo de acceso a los medicamentos prima el ánimo de lucro de la industria farmacéutica por encima de la salud de los ciudadanos y es necesario que tanto los gobiernos como los profesionales y la sociedad civil se unan para modificarlo porque es un problema que afecta a todo el mundo, no sólo a los países con menos recursos”. En este contexto se desarrolló la charla-coloquio organizado por el ICOMEM, Salud por Derecho y la Organización Médica Colegial (OMC), que reunió al Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente Colegio de Médicos de Madrid; Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial; Soledad Cabezón, eurodiputada grupo s&d del parlamento europeo, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo y ponente del INI Report en Acceso a Medicamentos; Katy Asthersuch, medical Innovation & Access Policy Adviser de Medicos Sin Fronteras; y Dr. Fernando Lamata, miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea sobre vías efectivas para la investigación en salud; y Vanesa López, directora «Salud por Derecho».
Durante su intervención, el presidente de la OMC, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, reclamó una mayor sensibilidad social que movilice al aparato político con el fin de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud y su universalidad. En estos momentos, como destacó, “el gasto en medicamentos representa un alto porcentaje del gasto sanitario y su crecimiento sin control es un determinante clave que afecta a dic ha sostenibilidad”. Es por ello que abogó por una regulación específica en la UE para la fijación de los precios de los fármacos así como por “medidas que garanticen el acceso equitativo, sobre todo, a aquellos medicamentos considerados imprescindibles para la vida”.
Para el Dr. Rodríguez Sendín «estamos ante un ‘problema moral’ cuando no se sirven medicamentos disponibles y eficaces a pacientes que lo necesitan», de ahí que apeló a la responsabilidad de gobernantes y políticos, pero también de la ciudadanía. «Que el Estado no reaccione en situaciones de abuso sobre los ciudadanos en un tema tan sensible como el de preservar la salud», como apuntó.
No quiso pasar por alto un aspecto que consideró de importancia como la libertad de prescripción del médico, enfocada siempre hacia las necesidades del paciente y partiendo siempre de la prescripción por principio activo. Incluso partiendo de ello, subrayó que la libertad de prescripción no representa “un valor absoluto” sino que tiene que tener justificación por parte del médico siempre que sea necesario.
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, aseguró que “ninguna empresa farmacéutica invierte más del 16% en I+D y sólo se investiga si hay un interés económico en ello”. Y añadió: “Hay varios estudios que ponen de manifiesto que el 80% de los medicamentos que salen al mercado ofrecen escasa innovación y ventajas terapéuticas”.
Por su parte la eurodiputada del grupo S&D, Soledad Cabezón, ponente de un informe que será votado el próximo 31 de enero en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, explicó que desde 2012 se han aprobado 878 moléculas, muchas de las cuales, según sus palabras, «no han aportado el valor añadido esperado o aumentan como mucho dos o tres meses la expectativa de vida. Sin embargo, el precio de muchos de estos fármacos está suponiendo un verdadero problema para los presupuestos de los sistemas sanitarios. En este sentido, apuntó que “para solucionar la falta de medicamentos asociados a las necesidades reales hay que revisar, sobre todo, los incentivos”.
Cabezón expuso que los países están intentando adoptar medidas para la contención de estos gastos, enfocadas al paciente como centro del sistema, ante lo cual «se pide transparencia, independencia, coordinación, responsabilidad social, y también diálogo».
Asimismo, recalcó la necesidad de una Agencia Europea de Tecnología que «evalúe el valor añadido terapéutico del medicamento; que se establezca una clasificación en base al nivel de innovación que aporta cada medicamento y que sirva de herramienta para poder establecer el precio en los diferentes Estados miembros».
La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, puso sobre la mesa la importancia de la transparencia en todo el proceso. Desde su punto de vista, “si un fármaco no tiene valor terapéutico que no se financie; se tiene que poner un precio asequible a los fármacos teniendo en cuenta el coste real y un beneficio razonable”. Asimismo, sostuvo que “cuando los medicamentos se desarrollen en parte con fondos públicos debe ser necesario establecer condiciones por parte del Estado para que, una vez en el mercado, el medicamento sea accesible para todos a un precio asequible”.
Katy Asthersuch, asesora de políticas e innovación médica de la Campaña de Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, señaló que “las farmacéuticas saben que el rendimiento económico que pueden sacar si apuestan por medicamentos dedicados a enfermedades cardiovasculares u oncológicas es altísimo pero hay otras enfermedades que están completamente olvidadas; incluso el problema de la resistencia antimicrobiana no les interesa porque no da beneficios”.
El Dr. Fernando Lamata, experto en Salud Pública y Política Farmacéutica, tras recordar que cada año mueren cerca de 10 millones de personas por falta de acceso a medicamentos, apostó por que se negocien unos precios más justos con la industria, además de por un nuevo modelo de investigación financiada directamente con los fondos de los Estados en función de su renta, y se mostró a favor de un convenio internacional para la financiación de los fármacos con prioridades fijadas en base a las necesidades de salud, y que ofrezca una investigación abierta y unos precios razonables”.
Los expertos participantes en esta mesa de debate coincidieron en resaltar que la falta de acceso a los medicamentos ya viene de lejos pero que se ha agravado con la crisis, y abogaron por la búsqueda de iniciativas para dar solución a este problema.
