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En España, al igual que en otros países europeos, no se admite un «modelo mercantil» de información directa al ciudadano sobre medicamentos sujetos a receta

El trabajo que se está llevando a cabo en el Parlamento europeo sobre una normativa relativa a la información directa a los ciudadanos sobre los medicamentos de prescripción preocupa especialmente tanto a la profesión médica española como también a las propias autoridades sanitarias de nuestro país, mostrándose reacias a la misma, en consonancia con la oposición de otros países de la UE. Así lo han expresado, recientemente, tanto el presidente de la OMC, el doctor Rodríguez Sendín, como el secretario general del Ministerio de Sanidad, Martínez Olmos, bajo la certera convicción de que este tipo de información sobre los fármacos hay que ofrecerla al paciente sobre todo con responsabilidad

Madrid, 29 de noviembre 2010 (medicosypacientes.com)

Los doctores Rodríguez Sendín
y Martínez Omos debatieron estas
cuestiones en la sede de la OMC.

La resolución legislativa del Parlamento Europeo del pasado 24 de noviembre sobre la propuesta de Directiva con la que se pretende modificar, en lo referente a la información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica, la Directiva 2001/83/CE que establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano fue objeto de debate durante la Jornada «La adopción de las innovaciones sanitarias: análisis crítico y recomendaciones». Durante la misma, el presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Rodríguez Sendín, justificó el abordaje de esta cuestión porque ?preocupa especialmente en estos momentos tanto a la profesión médica como también a la propia Administración sanitaria?. Precisamente, en este mismo sentido se expresaban recientemente las principales organizaciones médicas europeas al considerar que este tipo de propuestas no aportan beneficio a sus pacientes sino que incluso podrían poner en riesgo su seguridad.

Como recordó el presidente de la OMC, al abordar esta problemática, «la Oficina del Parlamento Europeo en España nos convocó, a finales de octubre en Zaragoza, a representantes de todos los grupos implicados en el sector de los medicamentos con el fin de debatir sobre una serie de decisiones legislativas en esta materia que próximamente iba a adoptar el Parlamento Europeo, entre ellas la relativa a la información directa de la industria farmacéutica que debe recibir el paciente sobre los medicamentos sujetos a receta y en relación al lanzamiento de nuevas moléculas». «No ha pasado más de un mes desde aquella jornada -tal como añadió- y ya ha sido prácticamente aprobado en el PE por unanimidad». La única modificación que se ha hecho, como explicó el doctor Rodríguez Sendín, «es que en el documento inicial, en un artículo, se le daba preferencia a la información de la industria sobre una molécula nueva sobre la que pudiera dar el médico. Finalmente, eso ha sido retirado, lo cual me hace sospechar que aunque, aparentemente, la intencionalidad es reguladora, a mi personalmente me preocupan fundamentalmente dos cosas: primero, la manera de difundir esta decisión, y también la unanimidad con la que se ha votado, con tan sólo 42 parlamentarios en contra».

«La capacidad que se tiene en una consulta de influir sobre cada paciente, con la mejor intención, no es la misma que la de la industria con todo su poder mediático, en cuanto a crear expectativas a disposición de todos aquellos pacientes con cualquier tipo de patologías y máxime si éstas son de gran complejidad», tal como remarcó.

La postura del Ministerio
de Sanidad

Los asistentes a esta jornada también tuvieron la oportunidad de conocer la postura que mantiene en este sentido la propia Administración sanitaria española, expuesta por el representante del Ministerio de Sanidad José Martínez Olmos:»Nosotros estamos en contra y es la posición que vamos a mantener sobre la posibilidad planteada en el Parlamento Europeo en relación a la información directa al paciente sobre medicamentos nuevos o no nuevos», tal como manifestó.

En primer lugar, Martínez Olmos recordó el marco en el que se ha gestado dicha propuesta.»Se trata de una iniciativa que parte de la Comisión Europea con el fin de elaborar una directiva que permita la información directa por parte de la industria farmacéutica, y la mayoría de los países nos hemos posicionado en contra de esa directiva porque tenemos la profunda convicción de que la información al paciente sobre medicamentos hay que dársela con una serie de responsabilidades: éticas por parte de los profesionales, y por otra, la responsabilidad de las Administraciones de cara a los pacientes y ciudadanos, con el fin de proteger la asimetría de información que tiene el paciente sobre lo que le sucede».

Y es que, como expresó el representante de la Administración sanitaria, «asumir que un paciente puede recibir información publicitaria y que con eso puede tomar decisiones es creer que éste puede decidir todo sobre su salud y en ese caso no haría falta ni el profesional ni la administración.Tan importante en esto es la relación médico-paciente como la responsabilidad de la Administración para el ciudadano. En estas cosas lo que ha de primar por encima de todo es el beneficio para el paciente con control independiente».

La libertad de elegir, como señaló, «está bien para otros bienes de consumo pero no para las cuestiones sanitarias. En toda Europa se ha aceptado que el Estado interviene y también los profesionales, en beneficio del paciente que tiene asimetrías de información, entre otras cosas, porque no es experto en materia sanitaria, y su protección es una obligación tanto del Estado como de las profesiones. Ése es el modelo que prima en Europa, y no el de mercado como el norteamericano».

No obstante, Martínez Olmos no se mostró muy optimista porque, como indicó, «esta batalla, que es fundamental, no está ganada todavía, y para no perderla nos tenemos que rearmar. En ese sentido es muy importante, no sólo lo que hagamos a nivel nacional sino lo que también hagamos a nivel europeo tanto los profesionales como los Gobiernos que, en su mayoría, estamos en contra, fundamentalmente, por defensa de los intereses de nuestros pacientes. Los profesionales, desde su perspectiva, y nosotros como Administración, desde la nuestra».

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