Bilbao, 18 de diciembre de 2012 (medicosypacientes.com/EP)
El alto Tribunal, que sólo dictamina sobre la petición de levantamiento de la suspensión y no entra en el conflicto de competencias entre los Gobiernos central y vasco, permite al Ejecutivo autonómico seguir facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes “sin papeles.
En este sentido, admite la argumentación del Gobierno de Patxi López sobre “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física” de todas las personas, así como “la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad” que tienen una “importancia singular en el marco constitucional” y que podría “desvirtuarse” por la “mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.
El Ejecutivo vasco defendía, asimismo, que la falta de atención gratuita a este colectivo, además de repercutir “en su estado de salud individual”, repercutiría en “la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad”.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha avisado de que no tendrá validez nacional la tarjeta o el documento sanitario que se les de a los inmigrantes en situación irregular en el País Vasco para poder ser atendidos en el sistema sanitario. No obstante, el departamento que dirige Ana Mato respeta el auto emitido este lunes por el Tribunal Constitucional (TC) que avala la atención sanitaria universal a este colectivo.
“Respetamos el auto pero, en ningún caso, la intención del Ministerio ha sido quitar la asistencia a nadie. Lo que ha hecho ha sido regular la condición de asegurado y ha dicho quién puede tener tarjeta y quién no”, han señalado fuentes de Sanidad, tras recordar que en todas las comunidades autónomas se les está ya atendiendo “sin ningún problema”.
El TC impone a Euskadi el copago farmacéutico
El Tribunal Constitucional impone sin embargo al País Vasco, el nuevo copago farmacéutico, que se aplica en el Estado español desde el pasado 1 de julio, por el que las personas en activo pagarán entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de los medicamentos en función de la renta. No obstante, el alto Tribunal.
En un auto, fechado el pasado 13 de diciembre el pleno del TC ha acordado el levantamiento de la suspensión cautelar de diversos artículos del Decreto del 26 de junio del Gobierno vasco por el que regulaba el copago farmacéutico.
El Consejo de Ministros decidió en julio recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Ejecutivo de Patxi López que impedía la aplicación del nuevo copago farmacéutico en la Comunidad Autónoma Vasca después de conocer el dictamen del Consejo de Estado que entiende que la norma autonómica “contraviene” la básica del Estado.
El día 20 de ese mismo mes, el Ejecutivo de Rajoy formalizó la demanda en la que planteaba un conflicto de competencias y el Constitucional lo admitió a trámite cuatro días después, lo que supuso la suspensión de manera cautelar el decreto del Gobierno vasco antes de decidir sobre el fondo del recurso.
Por su parte, el Gobierno vasco inició su propio procedimiento para recurrir al TC el decreto estatal que introdujo el nuevo copago. El 26 de septiembre presentó sus alegaciones frente a la demanda del Ejecutivo y planteó el levantamiento anticipado de la suspensión de vigencia del decreto impugnado.
El Constitucional, en su auto, levanta parte de esa suspensión, que permanece vigente en lo que se refiere al copago farmacéutico, que rechazó el Ejecutivo vasco. En este sentido, considera que los perjuicios que la medida supondría, según el Gobierno vasco, tienen un carácter “marcadamente hipotético”.
Sin embargo, considera que la Abogacía del Estado aportó datos económicos sobre la evolución del gasto farmacéutico en Euskadi para justificar la aplicación de su medida.
Por ello, mantiene “la suspensión de la vigencia del artículo 8.1 del Decreto vasco que prevé que la cobertura de la aportación de las personas usuarias a la prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema Nacional de Salud” se hará en determinadas condiciones económicas.
En concreto, el artículo establece que, con carácter general, el porcentaje de aportación económica sería del 40 por ciento sobre el precio de venta del medicamento, mientras “con carácter singular” deja exentos de aportación a pensionistas, afectados de síndrome tóxico, perceptores de Renta de Garantía de Ingresos, parados de larga duración y usuarios con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, entre otros.
Por su parte, el Ministerio se ha congratulado de que el TC haya avalado el recurso interpuesto por el Gobierno contra el decreto del Ejecutivo de López que impedía la aplicación del nuevo copago farmacéutico en la Comunidad.
“Ha dicho que es una norma de rango nacional”, han recalcado desde el Ministerio. Así, a partir de ahora, el País Vasco va a tener que aplicar este copago farmacéutico, que se aplica en toda España desde el pasado 1 de julio, y por el que las personas en activo pagarán entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de los medicamentos en función de la renta.
La OMC celebra el auto del TC
El presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín ha expresado a diferentes medios de comunicación su satisfacción por este auto. “Celebramos este auto del Tribunal Constitucional y la sensibilidad del máximo órgano judicial, que coincide plenamente con los posicionamientos que hemos mantenido y mantiene la OMC sobre la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Desde la corporación hemos defendido la atención sanitaria universal para todos los ciudadanos y eso mismo es lo que avala el TC aunque sea específicamente en el caso que nos ocupa”
“Nuestro deber como médicos es atender a todos, en todo momento, independientemente de su situación legal y de los trámites administrativos, que no son una cuestión médica y que es algo que debe determinar el Gobierno Central en colaboración con las CCAA. Desde el ámbito de la ética profesional, es un deber recogido claramente en nuestro Código de Deontología Médica y así lo expresamos en la Declaración aprobada por la Asamblea General de la corporación celebrada en septiembre en la que se defendían claramente estos postulados y se manifestaba la confianza en que las Administraciones sanitarias respeten ese deber deontológico del médico de atender a todos los pacientes, entre ellos, los inmigrantes en situación irregular”.
“En cuanto a la decisión del Alto Tribunal en lo referente al copago farmacéutico que estableció el Gobierno desde el pasado 1 de julio por el que las personas en activo pagan entre el 40% y el 60% de los medicamentos en función de la renta, aunque precisa seguimiento específico y ajustes para evitar los casos extremos y excepcionales, lo compartimos plenamente porque siempre hemos dicho que nos parece más justo un copago en función de la renta que el que teníamos anteriormente. Además esta medida gubernamental ha aportado racionalidad a la excesiva demanda, prescripción y consumo de medicamentos”.
El Gobierno vasco seguirá defendiendo ante el Constitucional la no aplicación del copago farmacéutico
El Gobierno vasco presidido por Iñigo Urkullu seguirá defendiendo ante el Tribunal Constitucional el recurso presentado en su día por el Ejecutivo del PSE-EE contra el nuevo sistema de copago farmacéutico, impulsada por la Administración central y cuya aplicación en Euskadi acaba de imponer el TC a través de un auto.
Además, manifestó su total coincidencia con los criterios mantenidos al respecto por el anterior Ejecutivo, presidido por Patxi López, y advirtió de que si fuera “inevitable” implantarlo, se necesitarían “meses” para ponerlo en marcha. La decisión del Ejecutivo vasco se anunció ayer martes por el portavoz del gabinete de Urkullu, Josu Erkoreka, que compareció ante los medios de comunicación tras el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo del PNV.
Erkoreka destacó que el Gobierno autonómico necesita “más tiempo” para analizar el contenido y las “consecuencias efectivas” que puede tener el auto del TC, que avala la extensión al País Vasco del nuevo sistema de copago, que por primera vez obliga a los pensionistas a pagar por sus medicamentos y eleva el porcentaje que han de abonar por sus medicinas las personas con ingresos superiores a 18.000 euros anuales.
Este nuevo mecanismo para la financiación de los medicamentos, impulsado por el Ministerio de Sanidad, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno vasco, del PSE, al considerar que invadía las competencias autonómicas.
Echániz insiste en que el Gobierno no tiene intención de retirar el decreto
El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, José Ignacio Echániz, aseguró que el auto emitido “se trata de una medida cautelar que, en ningún caso, supone una llamada de atención al Gobierno”. El dirigente popular insistió en que “el Gobierno no tiene ninguna intención de retirar el decreto” y que la decisión del órgano judicial “levanta la suspensión cautelarmente hasta que se produzca una sentencia definitiva sobre esta materia”. Asimismo, Asimismo, detalló que el coste de esta tarjeta irá a las arcas públicas del País Vasco y que “en ningún caso, podrá utilizarse fuera de las fronteras de dicha Comunidad Autónoma”.
El PSOE registrará una iniciativa para pedir la restitución de la tarjeta sanitaria a los 900.000 inmigrantes sin papeles
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, avanzó que su grupo parlamentario registrará esta semana en la Cámara baja una iniciativa para pedir al Gobierno la restitución de la tarjeta sanitaria a los cerca de 900.000 inmigrantes sin papeles que la perdieron el pasado 1 de septiembre, tras conocer el auto del Tribunal Constitucional , que avalaba la asistencia sanitaria al colectivo en Euskadi.
Rodríguez insistió en que hay otras formas de gobernar para ahorrar en Sanidad, en lugar de “repartir dolor y sufrimiento entre los españoles”, con la imposición del copago sanitario, quitando el derecho de asistencia sanitaria a los sin papeles, o suspendiendo la subasta del medicamento en Andalucía.
