El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo de Lorenzo ha insistido en la necesidad de seguir fomentando el conocimiento y la formación en esta materia, fundamentalmente, en las Facultades de Medicina. Así lo expresó con motivo de la inauguración del XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebra estos días en el Colegio de Médicos de Madrid, acto al que asistió en representación de la Organización Médica Colegial, el Dr. José María Rodríguez Vicente, tesorero de la corporación
Madrid, 16 de octubre 2015 (medicosypacientes.com)
El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo de Lorenzo ha insistido en la necesidad de seguir fomentando el conocimiento y la formación en esta materia, fundamentalmente, en las Facultades de Medicina. Así lo expresó con motivo de la inauguración del XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebra estos días en el Colegio de Médicos de Madrid, acto al que asistió en representación de la Organización Médica Colegial, el Dr. José María Rodríguez Vicente, tesorero de la corporación.
La vigésimo segunda edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario cuenta con la asistencia de unos 500 profesionales vinculados a las áreas jurídico-sanitaria que debaten en las sesiones programadas sobre temas de actualidad en el área del derecho sanitario al tiempo que actualizan conocimientos en esta materia.
“El Derecho Sanitario constituye una rama muy activa y en expansión dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ya que está muy vinculado con los avances científicos y tecnológicos. Asimismo ocupa un papel trascendental en la forma de abordar la organización de la gestión asistencial. Sin duda, creemos que en esta nueva edición los especialistas procedentes de distintas disciplinas y especialidades podrán conocer la respuesta a los interrogantes jurídicos y éticos, así como reflexionar ante situaciones de gran interés como es la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios”. Así lo aseguró Ricardo De Lorenzo durante el acto inaugural en el que también estuvieron presentes el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Moreno, el viceconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Molina, y la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Sonia López Arribas, entre los asistentes.
Con motivo de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, en el congreso se ha incluido el tema de la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios en este terreno. En este sentido, Ricardo De Lorenzo ha asegurado “que se trata de una mesa muy interesante porque se introducen nuevas figuras delictivas y se adecuan los tipos penales existentes. Dentro de este tema se aborda cómo se ha pasado a reconocer como delito de atentado las agresiones que sufran los médicos en el ejercicio de su cargo”.
Las prestaciones sociales y sanitarias en la inmigración irregular es otro de los temas incluidos en el programa del Congreso, enfocado a la conveniencia de aprobar un protocolo o unos criterios comunes para evitar situaciones de desigualdad y la necesidad de adoptar medidas más adecuadas con seguridad jurídica, con equidad y solidaridad.
Baremo Sanitario
Desde hace años se viene demandando un baremo para el cálculo de las indemnizaciones por daños sanitarios. De hecho, expertos se van a encargar de analizar las medidas que convendría introducir en este sentido como es el caso de la determinación precisa de secuelas y la existencia de una tabla con la correspondiente puntuación, en función de cada caso.
Las subastas de medicamentos en Andalucía, un tema de gran actualidad durante los últimos meses, también está contemplado en el Congreso, a partir de un balance desde la perspectiva jurídica.
La cohesión territorial y la equidad de acceso a la asistencia sanitaria y a las prestaciones del sistema se han convertido en una cuestión prioritaria. “Son muchos los pacientes que ven dificultades para acceder a medicamentos y son muchos los médicos que han visto recortada su facultad de prescripción como consecuencia de las barreras administrativas” explicó el presidente de la AEDS. Una muestra del riesgo de fraccionamiento en la cohesión territorial y en la equidad son las llamadas alternativas equivalentes, que suscitan serios problemas sanitarios y técnicos jurídicos.
Responsabilidad penal
de los profesionales
En el marco del Congreso se celebró un Taller de Trabajo bajo el título “Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios tras la reforma del Código Penal, organizado por A.M.A, donde se subrayó que seis de cada diez reclamaciones judiciales contra profesionales sanitarios se hacen por vía penal, pero solo tres de cada cien acaban con una sentencia condenatoria.
Entre los participantes, Eduardo Torres Dulce, ex fiscal general del Estado, consideró especialmente confusa la actual reforma, que, a su juicio, viene a agravar las excesivas modificaciones que suelen hacerse en nuestro país al Código Penal. Torres cree que la jurisprudencia penal sobre profesionales sanitarios debería circunscribirse a imprudencias, negligencias y mala praxis, siempre desde la óptica de la lex artis y una adecuada sistemática en torno al consentimiento informado.
José Manuel Maza, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, coincidió en que la actual reforma es demasiado confusa, ya que, al despenalizar penalmente las faltas, podría parecer que algunas se pueden recuperar como imprudencia menos grave. Al margen de esas hipótesis, el magistrado creyó que, en adelante, la prioridad jurisdiccional debería ser evitar la llamada pena de banquillo que sufren muchos profesionales sanitarios. “Un juez instructor puede admitir una denuncia penal, que al final se archivará o se considerará mera falta, pero mientras tanto hay un coste tremendo en términos de victimización procesal que el profesional sufre durante dos o tres años”, valoró. Apuntó como posible solución un mayor peso de la mediación como vía para resolver buena parte de esas cuestiones.
Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, apuntó que la actual reforma del Código Penal elevará ligeramente las penas por el delito de intrusismo en profesiones sanitarias cuando haya uso público de la profesión suplantada y esta se ejercite en un establecimiento abierto al público. Señaló también cierto carácter innovador en el nuevo delito de atentado por agresiones a funcionarios sanitarios, que vinculó a la recuperación del principio de autoridad.
Por su parte, Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal, interpretó que, en la presente reforma, el legislador marca como claro objetivo reducir la elevada litigiosidad de los juzgados penales. Con esa premisa, el catedrático cree que la desaparición de las faltas del Código Penal debe entenderse así, y que las imprudencias leves deberían trasladarse en lo sucesivo exclusivamente al ámbito civil. En todas estas cuestiones también recomendó asignar mayor protagonismo a los pactos extraprocesales entre representantes de víctimas y compañías de seguros, porque serían una fórmula útil para alcanzar acuerdos.
En el taller también participó la subdirectora general y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de A.M.A., Raquel Murillo, quien repasó algunas de las novedades de la reforma del Código Penal para el colectivo sanitario, entre ellas la consideración de atentado a las agresiones o amenazas sufridas por funcionarios sanitarios y que ha generado un amplio debate por excluir a los médicos privados de dicha protección reforzada.
