Más de 38.000 pacientes con hepatitis C han recibido tratamientos de última generación aprobados en España frente a esta enfermedad, según datos del Ministerio de Sanidad (MSSSI) con motivo del primer aniversario del Plan Nacional frente a esta patología, cuyo balance se analiza hoy en una reunión entre los miembros del comité asesor del Ministerio y el ministro de Sanidad en funciones. Mientras, los pacientes denuncian desigualdades entre CC.AA., fundamentalmente, por problemas de financiación
La próxima semana se cumple el primer aniversario de dicha estrategia, que establecía por primera vez un censo «real» de la enfermedad en España, con 95.524 pacientes diagnosticados, y determinaba que algo más de la mitad (51.964) debían ser tratados con estos nuevos fármacos, que podían curar la hepatitis C en más del 90 por ciento de los casos.
Según datos del Ministerio, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 se han tratado en España con estos fármacos un total de 38.067 pacientes, un 73 por ciento de los previstos, lo que demuestra que «las comunidades autónomas se han involucrado», según un portavoz del departamento de Alfonso Alonso.
El Plan fue elaborado por un comité de expertos nacionales e internacionales encabezados por el hepatólogo Joán Rodés y se presentó oficialmente el 26 de febrero después de las continuas protestas de los pacientes, que se organizaron mediante plataformas y celebraron diferentes manifestaciones y encierros en hospitales de toda España para denunciar que se estaba restringiendo el uso de estos fármacos.
Los expertos determinaron que estos tratamientos debían utilizarse, en diferentes combinaciones, según el genotipo y el estadio de la enfermedad, en todos los pacientes que presentaran una fibrosis «significativa», a partir de F2 en adelante.
Para Sanidad, los datos hasta ahora disponibles son «muy positivos» y reflejan que «no ha habido restricciones y los tratamientos se han ido administrado a buen ritmo».
El propio Alfonso Alonso reconocía el año pasado tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del 26 de marzo, en el que los consejeros autonómicos dieron el visto bueno a la medida, que era «difícil» saber cuántos pacientes iban a poder ser tratados en el primer año porque «hay que atenderlos bien» y «el número de especialistas es el que es». «Ojalá fueran todos», espetaba Alonso, que mostraba su confianza en «la capacidad del sistema y de los profesionales sanitarios».
Además, Sanidad negoció con los laboratorios farmacéuticos que comercializan los fármacos una serie de mecanismos para abaratar su coste, como fórmulas de riesgo compartido o un techo de gasto de 727 millones de euros a pagar entre años; y el Ministerio de Hacienda ofreció a las comunidades autónomas un préstamo a 10 años para que su acceso pudiera ser inmediato.
Desigualdades por problemas
de financiación
de financiación
Sin embargo, hasta diciembre de este año el Gobierno no aprobó en Consejo de Ministros habilitar una partida de hasta 1.000 millones de euros para formalizar dichos préstamos, lo que según la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) ha propiciado que los tratamientos no se hayan administrado por igual en todas las comunidades autónomas.
«Los hospitales deben adelantar el pago de los fármacos, pero muchos no quieren endeudarse», según denunciaba la nueva presidenta de esta plataforma, Elsa Tobeña, pocos días después de su nombramiento el pasado mes de enero.
Críticas a las que también se sumó la Organización Médica Colegial (OMC), denunciando que «las comunidades están ahogadas, y se les endosa esta responsabilidad sin aclarar de dónde van a obtener el dinero y cuándo», en unas jornadas sobre hepatitis C celebradas en su sede el pasado mes de marzo de 2015.
Así, mientras algunas regiones como Madrid o La Rioja «avanzan a una velocidad importante», de otras como Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Castilla y León lleguen a la plataforma «bastantes» quejas de pacientes en F4, con cirrosis en el hígado, que aún no han recibido los nuevos fármacos.
La PLAFHC también ha denunciado que sigue sin haber un Comité de Seguimiento del Plan a pesar de que a los seis meses de entrar en vigor estaba prevista una revisión. Pese a todo, la presidenta reconoce que «el balance es positivo porque muchos afectados nos estamos salvando».
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