El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, a través de su portavoz en Sanidad y Servicios Sociales, Roberto Lertxundi, presentará en el pleno de la Cámara del próximo miércoles, 25 de abril, una moción por la que exigirá al Gobierno que “el recorte de 10.000 millones de euros recientemente anunciado no afecte a los principios básicos del sistema de sanidad y educación”. Además, los socialistas también solicitarán al Ejecutivo que las medidas que se adopten en ambos sectores no conduzcan a una reducción del empleo y que rechace la fórmula del copago sanitario
Madrid, 19 de abril 2012 (medicosypacientes.com)
El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, a través de su portavoz en Sanidad y Servicios Sociales, Roberto Lertxundi, presentará en el pleno de la Cámara del próximo miércoles, 25 de abril, una moción por la que exigirá al Gobierno que “el recorte de 10.000 millones de euros recientemente anunciado no afecte a los principios básicos del sistema de sanidad y educación”. Además, los socialistas también solicitarán al Ejecutivo que las medidas que se adopten en ambos sectores no conduzcan a una reducción del empleo y que rechace la formula del copago sanitario.
Roberto Lertxundi propondrá, además, que en ningún caso las medidas que se puedan proponer pongan en cuestión nuestro Sistema Nacional de Salud, caracterizado por ser “equitativo, cohesionado, sostenible, descentralizado y eficiente, universal en su cobertura, de calidad y sufragado con los impuestos, no por los enfermos”.
Por otro lado, Roberto Lertxundi pedirá que las medidas no se dirijan a reducir el empleo en los sectores sanitario y educativo ya que tanto los profesores como los profesionales sanitarios son una pieza clave para la prestación de un servicio de calidad.
Por último, Lertxundi exigirá, una vez más, que la Cámara rechace la formula del copago sanitario como una fórmula válida para aplicar en la gestión de nuestro Sistema Nacional de Salud. En este sentido, recordó que los servicios públicos se financian con los impuestos de los contribuyentes y que, por tanto, las consideraciones sobre la justicia y la equidad en el acceso a éstos son más oportunas en relación al justo reparto de las cargas impositivas a los ciudadanos y no en relación con el acceso a servicios públicos, que son esenciales.
