La sanidad penitenciaria será transferida a las CCAA a lo largo de esta legislatura, según lo manifestado por el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, durante la reciente "Jornada sobre el VIH. Nuevos retos y oportunidades de la Sanidad Penitenciaria" y de la que ha informado la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA)
Desde CESIDA, a través de su presidente Juan Ramón Barrios, se reconoce que este anuncio es “una muy buena noticia, que recibimos con cautela, ya que son muchos años los que llevamos esperando a que se transfieran las competencias”. Desde CESIDA se garantiza un trabajo de seguimiento y exigencia de que se cumpla este compromiso anunciado por Arroyo”.
Como se recuerda desde esta coordiandora, en Cataluña, “esta transferencia ha conllevado mejoras en la seguridad del paciente, en la seguridad del clínico y en la asistencia“, según Elisabet Turu, directora del Programa de Salud penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud.
El País Vasco también tiene las competencias transferidas y a raíz de ello “cada enfermería de los centros penitenciarios se ha transformado en un centro de salud”, según expuso Antonio Arraiza, coordinador del Plan para la lucha contra el Sida y de la Estrategia para la Atención de la Hepatitis C del País Vasco.
En las transferencias vascas participó el actual portavoz socialista del área de Sanidad en el Congreso, Jesús Mari Fernández, que afirmó que “Conseguimos la transferencia en el País Vasco, marcamos una senda que pensamos que más autonomías iban a seguir, pero lamentablemente no ha sido así. La labor de Instituciones Penitenciarias los últimos 5 años ha sido desastrosa, por lo que las Comunidades Autónomas desconfían de Instituciones Penitenciarias y no asumen las transferencias”.
“Falta de voluntad y desgana con las transferencias”
CESIDA denunció que aunque inicialmente se estableció que la atención especializada se prestara por las comunidades autónomas a través de convenios con el Ministerio del Interior, a quien correspondería la atención primaria, la práctica ha demostrado la ineficacia del sistema, por lo que en la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se resolvió que todas las competencias sanitarias se debían transferir en el año 2004 a las CC AA. “14 años después sigue sin cumplirse esa ley, a pesar de la necesidad urgente y la unanimidad de todos los partidos políticos de transferir las competencias a las CCAA”.
Para Ramón Espacio, miembro de CESIDA, “Esto sigue estancado porque hay una falta de voluntad y desgana grandísima, los presos no dan votos, la transferencia servirá al menos para agilizar procedimientos, evitar el aislamiento y evitar conflictos sobre quién asume el pago de medicamentos. Esto mejoraría la atención de las personas con VIH, hepatitis C y problemas de salud mental en prisiones”.
“El incumplimiento de estas transferencias repercute en la asistencia que están recibiendo las personas privadas de libertad, como el aislamiento informático. Desconocemos toda la historia clínica de cualquier enfermo al no tener acceso, además el sistema de digitalización del historial médico que se está llevando a cabo con mucho trabajo es incompatible con los centros penitenciarios, excepto con los de Murcia y Madrid”, según lo expuesto por la Dra. Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la Vocalía de Médicos de Admón. Públicas de la OMC, y coordinadora del Grupode Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
Espacio incidió en su intervención que “En las prisiones tenemos unos problemas graves de hepatopatías que hay que tratar ya”. Y ha dado cifras, “La prevalencia de hepatitis C ronda el 19,5 % pero, alrededor del 60 % de estos pacientes estarán en un estado de F2 para arriba. Casi el 30 % de los ingresos en hospitales de personas procedentes de prisiones presentaban problemas graves digestivos, asociados a problemas de hígado”.
En España, 100.000 personas con hepatitis C y no medio millón
Según los datos expuestos por Javier Crespo García, jefe de Digestivo del Hospital de Valdecillas, “Se estima en no más de 100.000 personas las infectadas por VHC en España, lejos del medio millón que se creía hasta ahora, con una prevalencia de cero en menores de 20 años y 0,1 por ciento en menores de 34 años”.
Una de las principales dificultades para tratar a las personas con VIH en prisiones “es que los pacientes se están haciendo mayores, y hay más comorbilidades que atender”, ha destacado Pablo Sainz de la Hoya, doctor del Centro Penitenciario de Fontcalent, quien indicó que “la exclusión social es muy grave y nos preocupa qué será de estas personas cuando salgan de los centros penitenciarios, sin las necesidades básicas cubiertas, poco a poco irán abandonando los tratamientos”.
Esta jornada organizada por la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), en coordinación con sus entidades miembros AVACOS-H y CALCSICOVA, se inscribe dentro del programa Think Tank Centros Penitenciarios, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria del Plan Nacional sobre el Sida.
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