La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó ayer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado un balance de su actividad registrada en el primer semestre de este año en el que se recoge un total de 1.102 quejas relativas a asuntos relacionados con la Sanidad, ámbito que figura a la cabeza dentro de los campos de actuación de este organismo
Madrid, 10 de junio 2015 (medicosypacientes.com/E.P.)
La Oficina del Defensor del Pueblo ha registrado 8.196 quejas de ciudadanos durante el primer semestre de 2015, sobre todo por asuntos relacionados con la Sanidad (1.102), como el acceso a determinadas vacunas, o a asuntos educativos, como el acceso a la universidad de personas con discapacidad. En todo 2014, la institución había registrado 23.186 quejas en 2014, un 2,2% más que en 2013.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó ayer este balance del primer semestre de 2015 en el Congreso un balance del primer semestre de este año, en el que ha gestionado un total de 8.499 expedientes, 8.196 de ellos fruto de las mencionadas quejas ciudadanas. Paralelamente, desde el mes de enero, ha iniciado 198 actuaciones de oficio, Además, durante este periodo la institución ha formulado 537 recomendaciones y sugerencias a las administraciones públicas, de las que el 76% han sido aceptadas.
Ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Becerril dio cuenta de los informes, ya registrados en la Cámara. Durante su intervención, Becerril destacó el “esfuerzo” de la institución para disminuir los tiempos medios de respuesta a los ciudadanos y las administraciones: en la actualidad tarda en torno a 32 días en contestar, la mitad que en el año 2012 y ante las preguntas de varios diputados al respecto, a dicho confiar en que las administraciones requeridas estén haciendo el mismo esfuerzo por reducir los plazos. De media, tardan 80 días.
En cuanto al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la institución formuló 204 resoluciones (84 recomendaciones, 114 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales) en 2014, de las que un 72,5%, 148, han sido aceptadas por la Administración.
La Defensora señaló que se han producido “notables mejoras” en los últimos años “fruto del esfuerzo de las administraciones” en los centros de privación de libertad, entre las que ha destacado la progresiva implantación de sistemas de videovigilancia.
Sobre el estudio La escucha del menor, víctima o testigo, presentado el pasado mes de mayo y que analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral, Becerril ha urgido a los parlamentarios a actuar para conseguir que este derecho se garantice.
Entre las recomendaciones recogidas en ese trabajo, destacan la instalación de sistemas de videoconferencia y salas específicas en edificios judiciales que permitan al menor prestar declaración en un entorno adecuado y acompañado por personas de su confianza, utilizar un lenguaje “comprensible” y que no intimide al menor o evitar que en el proceso llegue a coincidir con su agresor, sea en sede policial o judicial.
