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El Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura defiende la Propuesta de Ley de Autoridad de Profesionales de la Sanidad pública

 

El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura, Carlos R. Arjona, acompañado por el coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, José Alberto Becerra, defendieron el pasado viernes  en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento extremeño, la Propuesta de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público que convierte a Extremadura en la tercera autonomía, tras Aragón y la Comunidad Valenciana, en regular su protección legal ante posibles agresiones físicas y verbales

 

 

Cáceres, 2 de marzo 2015 (medicosypacientes.com/ComCáceres)

El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura, Carlos R. Arjona Mateos acompañado por el Coordinador del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), José Alberto Becerra Becerra, defendieron el pasado viernes  en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento extremeño, la Propuesta de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura que convierte a la comunidad en la tercera del país, tras Aragón y la Comunidad Valenciana, en regular su protección legal ante posibles agresiones físicas y verbales.

Esta norma, según indicaron, aportará “mayor protección y respeto en el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades” por ello desde el colectivo médico consideran fundamental la aprobación de esta ley, una demanda histórica que desde hace años vienen planteando. “Consideramos que la Administración debe defendernos al igual que nosotros defendemos y el Sistema Sanitario Público”.

Cabe señalar que desde 2010 hasta lo que llevamos de año, Extremadura ha registrado más de 130 agresiones. Estos datos han sido presentados por el Dr. Arjona y el Dr. Becerra durante su intervención, desglosando los datos cualitativos (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como las denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial.

Esta norma contempla que al ser reconocidos como autoridad pública, la Administración regional debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellas conductas que estén fuera de la relación médico- paciente y que estén consideradas como delito. Asimismo, de ser aprobado, regulará también que los hechos constatados por los profesionales sanitarios “gozarán de la presunción de veracidad”.

En dicha comparecencia se pidió que se apoye por parte del Gobierno de Extremadura, la modificación del Código Penal para que todos los profesionales médicos, de todos los ámbitos, sean considerados autoridad.

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