«La decisión del cambio, si bien no altera realmente el tratamiento prescrito por el médico, se ha producido sin consultar la opinión de los profesionales lo que en muchos casos ha creado, innecesariamente, una sensación de coacción sobre su voluntad decisoria», según señala dicha entidad colegial en un comunicado
Bilbao, 16 de julio 2010 (medicosypacientes.com)
Recientemente, el Colegio de Médicos de Vizcaya informaba sobre su posicionamiento acerca de la decisión de la Dirección de Farmacia de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco y de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza de sustituir todas las prescripciones de Osabide-AP de cuatro medicamentos a su prescripción por principio activo y cuyas conclusiones fueron:
-El que la libertad de prescripción al hacerlo por DOE queda salvaguardada es una realidad incuestionable.
-La Agencia Española del Medicamento garantiza que todos los productos farmacéuticos genéricos superan las normas que exige la Ley.
-La Administración puede y debe tomar medidas para el eficiente uso de los recursos públicos.
.Los médicos estamos obligados por nuestro código deontológico a prescribir con racionalidad y buen sentido económico.
-Se debe cumplir la normativa legal vigente en relación al vademécum aprobado por el Sistema Nacional de Salud.
-La Administración debe implicarse a la hora de explicar sus decisiones a la ciudadanía y no delegar esta labor en los profesionales con los que no ha contado en una fase previa.
En la misma se definía la visión que sobre la libertad de prescripción mantiene el Colegio de Médicos al tiempo que se criticaban las formas y los modos en los que se había realizado la sustitución de los medicamentos en cuestión por sus homólogos genéricos.
Desde la entidad colegial se insiste ahora en que una idea, éticamente incuestionable, se ha puesto en práctica y ejecutada sin la recomendable consulta previa a los profesionales afectados, que a buen seguro hubieran aportado las sugerencias necesarias para que las formas que se han empleado no restaran valor, en lo profesional y en lo legal, a lo sustancial de la medida.
«La decisión del cambio masivo, que si bien no altera realmente el tratamiento prescrito por el médico, se ha producido sin consultar su opinión lo que en muchos casos ha creado, innecesariamente, una sensación de coacción sobre su voluntad decisoria», según su postura.
El Colegio asegura no dudar que «los cambios se habrán producido mediante sustitución automática de códigos informáticos, sin que nadie haya accedido a ninguna historia clínica, ya que, de haber sido así, sería no sólo cuestionable sino de ilegalidad manifiesta; pero aun así, una explicación de la metodología empleada hubiera dejado más tranquilos a muchos compañeros».
«Intimida pensar que la Historia Clínica, documento portador de datos de la máxima confidencialidad, propiedad del paciente, que éste comparte con el o los médicos que le tratan, pueda ser manipulada por terceros (la Administración Sanitaria, en este caso) sin consentimiento previo del paciente o del médico redactor de la Historia Clínica y es, desde el punto de vista conceptual y ético, inadmisible y peligroso».
La entidad colegial entiende que con otra metodología, emanada de la previa puesta en común, articulada de tal forma que en la renovación de fármacos el médico participara de forma activa avalando el cambio (mediante la simple aceptación con una tecla, por ejemplo), se habría evitado estos problemas mencionados y no habría sido necesario recurrir a enviar a cada médico un listado con los pacientes a su cargo afectados por los cambios, haciendo circular por los correos electrónicos de Osakidetza información de alta sensibilidad sin ningún tipo de protección o encriptación.
Se insiste desde dicha corporación en la importancia de las formas. «No cuidar los detalles, no consultar con los profesionales afectados, puede echar por tierra iniciativas sensatas y defendibles», concluye su comunicado.
