Para el Colegio de Médicos de Pontevedra los nuevos recortes en Sanidad no son sostenibles y, macroeconómicamente, ahondan la desigualdad con otros Sistemas Sanitarios del entorno Europeo. Así lo ha manifestado abiertamente en un comunicado que se adjunta a continuación, en el que también califican los recortes como socialmente injustos, puesto que penalizan a la ciudadanía por la mala gestión, despilfarro e ineficiencia de los responsables directos de su gestión en las Autonomías.
Vigo, 16 de mayo de 2012 (medicosypacientes.com)
Para el Colegio de Médicos de Pontevedra los nuevos recortes en Sanidad no son sostenibles y, macroeconómicamente, ahondan la desigualdad con otros Sistemas Sanitarios del entorno Europeo. Así lo ha manifestado abiertamente en un comunicado que se adjunta a continuación, en el que también califican los recortes como socialmente injustos, puesto que penalizan a la ciudadanía por la mala gestión, despilfarro e ineficiencia de los responsables directos de su gestión en las Autonomías.
En España sólo se dedica a gasto sanitario público un 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de los Países de la Unión Europea. El Sistema Nacional de Salud ha venido siendo paradigma de universalidad, gratuidad en la prestación, equidad, calidad y se ha constituido en uno de los pilares del estado de bienestar.
Con la aprobación del Real Decreto ley sobre Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el sistema sanitario va a sufrir una profunda transformación, con amplia repercusión social y sin garantía alguna con respecto a la mejora de la eficiencia, al continuar siendo gestionada por los mismos actores que lo han llevado, año tras año, por su mala gestión pública e ineficiencia, a la situación de zozobra que actualmente padece.
La universalidad del sistema sanitario queda en entredicho a tenor del Capitulo I del Real Decreto, que hace referencia a los requisitos que deben poseer los ciudadanos para acceder a la prestación de los servicios sanitarios. El articulado posibilita limitar el acceso a la prestación sanitaria para ciudadanos residentes en el territorio español que aún pagando impuestos no estén en una de las situaciones previstas para la cobertura asistencial.
La gratuidad en la prestación sanitaria es otra de las cualidades de la que se han venido, hasta la fecha, vanagloriando los políticos. El Real Decreto acaba con la gratuidad del sistema; si bien y ciertamente la gratuidad en la prestación sanitaria se consideraba únicamente desde el punto de vista asistencial, toda vez que en la farmacéutica ya se contemplaba el copago. El RD introduce ahora, además, la posibilidad de copago en la prestación de servicios asistenciales que no incluyan el acto asistencial científico, dejando abierta la puerta a las Comunidades Autónomas para introducir nuevas medidas adicionales de copago en la prestación complementaria hostelera y de otros servicios complementarios. Se incrementa el copago farmacéutico y se extiende, entre otros, al transporte sanitario no urgente bajo prescripción facultativa. El nivel de gratuidad en la prestación asistencial viene acotado a la denominada cartera común básica de servicios asistenciales del SNS.
En su conjunto, el Real Decreto también acaba con la equidad del Sistema Sanitario Público, pues contempla que las Comunidades Autónomas puedan definir individualmente su propia cartera complementaria de servicios en exceso de la común del SNS y siempre y cuando la puedan financiar, como resultado: fin de la equidad interterritorial y más sobrecoste para el contribuyente.
El Sistema Nacional de Salud resultante de la aplicación de un Real Decreto que constituye, para este Colegio, un auténtico desafuero se basará en políticas restrictivas hacia la prestación del servicio público, cuya resultante final será la pérdida de calidad y privatización del Sistema que, residualmente padecerá masificación, precariedad, desafección en el acceso a la terapéutica farmacológica -como consecuencia del incremento de precios de los medicamentos- y a la caída de la renta de los ciudadanos, pérdida de fidelización, aumento de las listas de espera, etc, etc, etc.
Panorama sin duda muy preocupante y sombrío al albur de una batería de innumerables medidas ambiguas y que, en lo concerniente a la prescripción farmacológica, pueden ser consideradas contrarias al código de ética y deontología de la profesión médica al conculcar la libertad de prescripción del médico.
Además, el Real Decreto establece los criterios económicos de copago, adicional en función de la renta de los ciudadanos. Esto supone un mecanismo de repago por el hecho de que ya el ciudadano, vía impuestos, contribuye al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud.
El Real Decreto abre las puertas a un nuevo modelo retributivo del personal al Servicio del SNS sin especificar, dentro de la general opacidad del texto, cómo se va acometer y cuáles son los criterios con los que se va a aplicar. Hace referencia a la desvinculación del personal facultativo con plazas docentes, lo que conlleva un riesgo importante para el desarrollo científico-docente de aquellas unidades implicadas directamente con la formación pregrado. Se obliga a la integración forzosa del personal funcionario y de los facultativos de cupo y zona a partir del 31 de diciembre de 2012, cercenando los derechos adquiridos tras un concurso-oposición de estos profesionales, y con un preclaro criterio autoritario.
En resumen, Real Decreto -retrógrado, sectario y autoritario- supone un rejón de muerte para el Sistema Sanitario Público, del que los todos ciudadanos nos sentimos orgullosos.
