El pacto de 150 medidas firmado por PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy acuerda garantizar la "universalidad" del sistema sanitario. La intención es que exista una misma cartera básica de servicios para "todos los ciudadanos", en lugar de matizar si tienen o no la condición de residentes, con lo que estarían incluyendo también a todas las personas sin permiso de residencia
Un total de 9 de las 150 medidas plasmadas en el documento que recoge los compromisos entre ambos partidos políticos están dedicadas al ámbito sanitario. De este modo, además de la intención de blindar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), el acuerda también busca asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los medicamentos, en especial para familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia.
Otra iniciativa está encaminada a asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del territorio nacional, para lo que se creará un fondo sanitario que permita que los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos se financien con cargo a dicho fondo, de tal manera que se eviten las inequidades de acceso al tratamiento. Las decisiones de traslado a CSUR o de tratamiento con medicamentos huérfanos se tomarán por comités clínicos independientes, sin cargos de libre designación.
El pacto incluye la intención de recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario por habitante previos al inicio de la crisis económica, a lo largo de la legislatura, además de reducir las listas de espera y generalizar la libertad de elección de médico y centro.
Entra las iniciativas también figura la elaboración de un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, al que se podrá acceder a través del Portal de la Transparencia, en el que se proporcione indicadores y datos estadísticos comparados de funcionamiento, calidad, actividad asistencial, gasto por capítulos detallados servicio por servicio y centro por centro.
Situación laboral de los profesionales
El acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy establece entre sus medidas la idea de profundizar en el reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios y en la ordenación de recursos humanos en el sector sanitario. Para ello, estudiará, en el marco del diálogo social y de los compromisos de consolidación fiscal del Estado y las CCAA, las medidas necesarias para mejorar la situación contractual de los profesionales al servicio de la Sanidad Pública al objeto de acabar con la precariedad laboral y garantizar su estabilidad.
A su vez, se regulará también el acceso de dichos profesionales a los puestos de trabajo, incluyendo mandos intermedios (jefaturas de sección o servicio) mediante procesos de libre concurrencia donde se aseguren los principios de igualdad, mérito y capacidad, eliminándose la libre designación y la libre remoción para estos casos.
Afectados por la talidomida
El deseo de ambos grupos es cumplir los compromisos aprobados por unanimidad por resolución de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la XI Legislatura en el ámbito de la talidomida. Para ello, se impulsarán acciones protectoras o reparadoras en el ámbito social a favor de las personas afectadas por la talidomida, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan emprender frente a los responsables de su comercialización. Además, el acuerdo recoge un paquete de medidas enfocado a prestar especial atención a la mejora de los servicios públicos en nuestras zonas rurales, mejorar el acceso a la tecnología innovadora en salud eliminando barreras jurídicas e implantando nuevas fórmulas sostenibles para su incorporación, así como de nuevos avances terapéuticos o seguir impulsando las centrales de compras.
Los partidos quieren seguir impulsando la e-salud para avanzar en la extensión la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España. Por último, el pacto se hace eco de un viejo anhelo dentro del ámbito sanitario, como es la aprobación de una ley de carácter estatal que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida y el derecho a que sean ayudadas con cuidados paliativos que eviten el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable, pero sin abordar en esta norma la eutanasia activa o sedación final inadecuada.
Ya en la parcela social, PP y Ciudadanos se comprometen a fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia, con una gestión más ágil y un mayor énfasis en la prevención. Para ello proponen promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, consensuado con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia.
Por este motivo, se recuperarán los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia, en coordinación con las CCAA y un proceso de evaluación permanente de la Ley de Dependencia en España para garantizar unos estándares comunes de calidad.
