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El 20% de los donantes fallecidos necesitaron autorización judicial, en el 96% los jueces permitieron la donación

Durante el proceso de donación, el juez interviene en los supuestos en los que la muerte haya dado lugar al inicio de una investigación penal sobre sus causas. En el pasado año, de los 2.302 donantes fallecidos, 426 pasaron por procedimientos judiciales, alrededor del 20 por ciento, un porcentaje que se mantiene estable a lo largo de los últimos años

Así, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), los donantes judiciales permitieron realizar 1.099 trasplantes en el año 2019. Sólo en 18 ocasiones un juez no autorizó la donación por considerar que podía interferir con una investigación judicial; es decir, en el 4 por ciento, un datos que se mantiene estable en los últimos años.

 
En función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 20 por ciento de los donantes en muerte encefálica, el 51 por ciento de los donantes en asistolia no controlada y el 13 por ciento de los donantes en asistolia controlada.
 
En cuanto al perfil, la mayoría eran varones (70%) y su media de edad de 52 años, inferior a la del global de donantes de órganos (61 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento. De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de fallecimiento en el 40% de los casos y el traumatismo por accidente de tráfico en el 22%. Estos porcentajes son del 9,5% y del 4,4%, respectivamente, en el global de donantes.
 
Durante el proceso de donación, el juez interviene en los supuestos en los que la muerte haya dado lugar al inicio de una investigación penal sobre sus causas. Está motivada por un accidente, un posible homicidio o un fallecimiento no certificado en el que deba realizarse una autopsia judicial para determinar su origen. En el resto de supuestos, el juez de instrucción penal no interviene.
 
Su participación se inicia tras la presentación de una solicitud de autorización por parte del coordinador de trasplantes. El médico forense, adscrito a los órganos judiciales como perito, ha de determinar si la extracción de órganos puede interferir en el proceso de investigación de las causas de la muerte y elaborar un informe que permita al juez decidir si la donación puede o no entorpecer la investigación.
 
En lo que respecta al donante vivo, interviene el juez de primera instancia y sus acciones buscan comprobar que el consentimiento otorgado por el donante para la extracción de uno de sus órganos es voluntario y libre. El documento de cesión del órgano se otorga por este magistrado tras la comparecencia en sede judicial del donante, así como de todos los médicos que intervienen en el proceso. Todo ello refuerza la garantía y seguridad del procedimiento.
 
Estos son algunos de los datos que se van a analizar dentro de las XXII Jornadas de encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora, que se celebran estos días en Santander, y organiza Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
 
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