El Dr. Juan Martínez, especialista en Medicina Preventiva y exdirector general de Salud Pública en la Comunidad de Madrid hasta 2019, valora en este artículo de opinión publicado en "El Mundo" la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el confinamiento general decretado en el primer estado de alarma
El estado de alarma salvó miles de vidas y de él solo se puede decir que fue tardío, y que si se hubiera decretado antes del 8 de marzo la primera y pavorosa ola de Covid-19 en España habría sido irrelevante.
La tan necesaria ley orgánica anticovid tampoco habría resuelto la disyuntiva, pues una medida indiscriminada como prohibir la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional solo se puede obtener por un estado de alarma, o a partir de ahora y según el Tribunal Constitucional, mediante un estado de excepción.
Comparto, ciertamente, la necesidad de que cualquier medida de ese calado sea refrendada por el Congreso de los Diputados, qué menos ante semejantes decisiones que alteran la vida de todos nosotros. Imaginen que un día del mañana una central nuclear libera una emanación radiactiva como la de Chernobyl.
Si el gobierno del futuro no declarase inmediatamente un estado de alarma en un perímetro de cientos de kilómetros, estaría faltando a su deber de proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Si rápidamente se reuniese el Congreso y pactase un estado de excepción, nada que objetar; pero quién puede creerse que en un país como el nuestro pueda haber un gran acuerdo exprés ante ningún problema real de las personas.
Con toda la humildad, me gustaría recordar que fui el primer técnico que pidió que se decretase un estado de alarma en España, el viernes 6 de marzo de 2020, aunque en privado mucho antes. La entrevista fue publicada con retraso en un diario nacional, el día 11.
De nuevo lo repetí en los informativos de una cadena de televisión el día 12. Repasé brevemente las diferencias entre la alarma y excepción antes de las entrevistas. Una de mis preocupaciones era que el sistema nacional de salud pudiera contar con la totalidad de los recursos incluyendo los privados. Ahora, los máximos expertos constitucionales nos corrigen a todos. Pero que quede claro que ni siquiera ellos rebaten su utilidad, sólo la figura jurídica elegida, que debió ser la más severa. Por si acaso existieran tentaciones de cuestionar la finalidad y enorme utilidad de la medida, merece la pena recordarlo.
