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Dr. Gutierrez Fraile: «la reforma del aborto nos asigna a los psiquiatras un papel que no nos corresponde»

 

El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Dr. Miguel Gutierrez Fraile, asegura, en una entrevista para Médicos y Pacientes, que el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada asigna a los psiquiatras «un papel que no nos corresponde»

 

Madrid, 12 de febrero de 2014 (medicosypacientes.com)

El Dr. Gutierrez Fraile, afirma, en esta entrevista que el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada «aborda un problema de conciencia individual y eso es muy difícil de normativizar» y expresa sus dudas de que se apruebe, «al menos en los términos en que está planteado ahora».

Entrevista Completa

El anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada deja en manos de los psiquiatras la valoración de cómo afectaría psicológicamente a la salud de la mujer la decisión de ser madre ¿cómo asume el colectivo este papel determinante que les otorga el texto?

Entendemos que se nos asigna un papel que no nos corresponde en la medida que se psiquiatriza un problema que en principio no es psiquiátrico

¿Pueden ustedes prever que una determinada decisión va a causar a la mujer una alteración de su salud mental?

No con precisión científica y menos en personas a priori sanas.

¿Cómo valora que en el anteproyecto se justifique que en el caso de malformaciones no se pueda realizar un aborto en ninguno de los supuestos y sí por indicación de dos psiquiatras y de un ginecólogo en el caso de la violación?

Me resulta incomprensible.

Si tan determinantes son los psiquiatras en esta nueva Ley, ¿porque para la elaboración de este anteproyecto, los Ministerios de Sanidad y Justicia no han requerido su colaboración y asesoramiento?

Desconozco totalmente las razones que han tenido para ello, siendo así que nuestra disposición es plena a la hora de colaborar en todo aquello que tenga que ver con la salud pública y afecte a nuestra disciplina.

El hecho de que el Gobierno haya pedido informes a 29 organismos y entidades sobre la reforma, y no a la sociedad a la que pertenecen los profesionales que tienen la responsabilidad de decidir ante determinados supuestos de si se lleva a cabo un aborto o no ¿les decepciona?

Naturalmente.

Tampoco se ha solicitado la opinión de sociedades como la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) donde están los profesionales que tienen que llevar a cabo las intervenciones ¿qué opinión le merece esto?

Creo que es un error importante que podía haber sido evitado.

Entre sus objetivos, la SEP se marcó elaborar informes relacionados con temas que afecten al colectivo ¿han trabajado en alguno sobre este anteproyecto?

Hemos elaborado un escrito consensuado manifestando nuestro desacuerdo con este anteproyecto. También hemos intervenido y expresado nuestro criterio en varios asuntos que afectan a nuestros pacientes y a nuestros profesionales como son el TAI: (Tratamiento Ambulatorio Involuntario) y el proyecto de la  Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, acerca de la «intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública».

¿Cómo cree que va a afectar esta reforma a los profesionales de la sanidad?

Dudo que se apruebe, al menos en los términos en que está planteada ahora.

¿Cuáles son, en su opinión, las lagunas que presenta el anteproyecto?

Muchas. Por ejemplo, obvia que, en mi opinión, aborda un problema de conciencia individual y eso es muy difícil de normativizar.

Esta reforma vuelve a la legislación de 1985, centrada en supuestos. ¿Cómo ve volver 28 años atrás?

Me parece del todo innecesario.

El anteproyecto aborda el aspecto legal y moral.  ¿Dónde queda el deontológico y ético?

Como he señalado antes, se trata de un problema de conciencia, tanto para  las mujeres afectadas como para los profesionales que de una forma u otra deben intervenir en el problema.

Cree que la sociedad civil demandaba una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2012?

En mi opinión, no.

La discrepancia que ha provocado la reforma, incluso entre miembros del partido del Gobierno ¿considera que puede provocar su paralización?

Creo que obligará a reconsiderar el anteproyecto en su conjunto.

El ministerio de Justicia ha elaborado una memoria sobre el impacto normativo de esta Ley de interrupción voluntaria del embarazo y en ella justifica como primer motivo para la reforma «la no disminución de abortos practicados». Si los últimos datos muestran que los abortos han descendido de 118.000 a 112.000 ¿Cómo se justifica esto?

Lo desconozco. No le encuentro fácil explicación.

En esta memoria, se habla sobre los efectos económicos de la reforma y se dice que producirá un «impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad» ¿Qué opina del hecho de que una ley de este calado moral puede medirse en impacto económico?

Me parece sorprendente y creo que, a falta de mayor información, en el mejor de los casos solo es una hipótesis.

Esta nueva reforma puede provocar que las españolas que puedan viajen a países de la Unión Europea donde existe ley de plazos. ¿Aumentarán los abortos?

Es  posible, aunque no lo sé, pues ello depende de muchas otras variables, fundamentalmente económicas, y en plena crisis las clases más desfavorecidas no tienen recursos para viajar por Europa.

El reciente estudio de mortalidad del INE pone de manifiesto que los suicidios aumentaron un 11,3% en 2012 respecto al año anterior ¿qué valoración hace de este dato?

Las tasas de suicidio presentan oscilaciones interanuales de muy difícil interpretación. La tasa de suicidio en España continúa siendo de las más bajas de Europa y se sitúa en 2012 en 7,1/100.000 habitantes, tasas similares a años anteriores a la crisis, años de bonanza. Curiosamente, una de las variables, lógicamente, que más se ha relacionado con el suicidio es la tasa de paro. Sin embargo, en España estas variables, tasas de paro y tasas de suicidio, no parece que correlacionen de igual forma que en otros países. De lo contrario, nuestras tasas de suicidio habrían aumentado exponencialmente y eso no ha sucedido, al menos hasta ahora.

Otro de sus objetivos de la SEP es la  lucha contra la estigmatización de los enfermos mentales ¿Cuál sería el camino para luchar contra ello?

Es un camino muy difícil, porque la estigmatización no solo afecta a los enfermos sino también a sus familiares y a los propios profesionales de la Psiquiatría, que sigue siendo la hermana pobre de la Medicina. No es infrecuente, que incluso desde la Administración o medios profesionales, de la forma más injusta e injustificada, la Psiquiatría y todo lo que contempla reciba una consideración secundaria. Nosotros reivindicamos nuestro espacio y nuestra especialidad que es, sin duda, de las que más han progresado en España en los últimos decenios.

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