Expone que han sido las comunidades autónomas las administraciones que las han «financiado íntegramente», sin ningún tipo de apoyo por parte de la Administración General del Estado y consideran llegado el momento de implantar un modelo de atención sociosanitaria que de respuesta a las necesidades de los beneficiarios
Madrid, 17 de mayo 2011 (E.P.)
El Grupo Parlamentario Catalán ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a pagar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las prestaciones sociosanitarias destinadas principalmente a los enfermos crónicos porque el Ejecutivo no las ha financiado, según apunta.
La iniciativa, que ha sido registrada por el portavoz de CiU en el Congreso, Antoni Duran i Lleida, pide establecer «los canales de coordinación necesarios entre dos de los pilares principales del Estado del bienestar»: el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales.
Dicho desarrollo, según indica la propuesta, deberá complementarse con las previsiones presupuestarias que correspondan para financiar la prestación de los servicios sociosanitarios establecidos.
En la exposición de motivos define a la atención sociosanitaria, que fue abordada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, como «el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social».
En esta línea establece que se llevará a cabo en los niveles de atención que cada Comunidad Autónoma determine, pero cubriendo unos mínimos, además de que la continuidad del servicio será garantizada por los servicios sanitarios y sociales, a través de la adecuada coordinación entre las administraciones públicas correspondientes.
Transcurridos ocho años desde la aprobación de dicha normativa, CiU denuncia que no se ha abordado el desarrollo reglamentario de la misma, de manera que sigue siendo el sistema sanitario el que cubre de manera principal dichas prestaciones.
Así, apunta que en este periodo han sido las comunidades autónomas las administraciones que han «financiado íntegramente», sin ningún tipo de apoyo por parte de la Administración General del Estado.
«Los servicios sociales, la atención a la dependencia así como los servicios sanitarios comparten grandes sinergias en la atención sociosanitaria, por ello consideramos que es el momento oportuno para implantar un modelo de atención sociosanitaria que garantice unos cuidados de calidad a las personas que las requieran y dé una respuesta integral, multidisciplinar y específica para las necesidades de atención sociosanitaria de los beneficiarios», agrega.
Precisamente, la pasada semana el Pleno del Congreso aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una moción del PNV que plantea exigir al Gobierno el pago del 50 por ciento de la financiación que le corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
