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Cerca de 2.000 profesionales sanitarios piden la retirada del anteproyecto de Ley de IVE y alegan que pone en riesgo la salud mental de la mujer

 

Profesionales sanitarios de todos los sectores han firmado un manifiesto, hecho público el pasado viernes, para advertir del riesgo de salud mental que corre la mujer con el Anteproyecto de Ley del Aborto. Los firmantes pretenden que se retire la modificación de la normativa y se atiendan las demandas que tanto la sociedad y los profesionales están realizando. Por otra parte, La Comisión Europea recibió también el viernes una iniciativa popular en debensa del embrión con un 1,7 millones de firmas validadas procedentes de 18 Estados Miembros de la UE

 

 

Madrid, 3 de marzo 2014 (medicosypacientes.com/E.P.)

Cerca de 2.000 especialistas en Ginecología, Genética, Psiquiatría, Psicología, Salud Pública, así como enfermeras, matronas, trabajadores sociales y otros profesionales de la sanidad han participado con sus firmas en un manifiesto para denunciar que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada pone en riesgo la salud mental de las mujeres.

El manifiesto fue presentado el pasado viernes por el ginecólogo Javier Martínez Salmeán; el padre de la fecundación in vitro en España, Santiago Dexeus; la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Eudoxia Gay Pamos; y la experta en Diagnóstico Prenatal, Pilar Martínez Ten. Además, en el acto estuvo presente la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien mostró su apoyo a los firmantes.

El manifiesto piensa ser entregado a la vicepresidencia del Gobierno, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y al Ministerio de Justicia con el fin de conseguir que el Ejecutivo retire la modificación de la normativa y atienda a las peticiones que le está realizando la sociedad y los profesionales de los diferentes sectores relacionados con este hecho.

El 75 por ciento de los firmantes son médicos, enfermeras y matronas, de los cuales el 75 por ciento son mujeres y el 25 por ciento hombres. Todos ellos, pdieron al Gobierno que no apruebe el anteproyecto, al considerar que su aplicación va a suponer un aumento de abortos clandestinos, del sufrimiento de las mujeres y, lo «más importante», puede poner en riesgo la seguridad y la vida de las madres.

«Consideramos innecesaria la modificación de la actual ley ya que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país. Hoy en día, las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo lo hacen porque afrontan un embarazo no deseado o imprevisto y nada hace presuponer que dejarán de sopesar esa posibilidad. No observar por parte de los legisladores esta circunstancia es dar la espalda a la realidad», señala el manifiesto.

Martínez Salmeán lamentó que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, pretenda calificar a las mujeres de «inmaduras» y recordó que el derecho de las madres a decidir sobre su embarazo está «muy reconocido y consolidado» en toda Europa. De hecho, en el documento, los firmantes exponen que la mayor parte de los países europeos permiten la libre decisión de la mujer entre las 10 y las 24 semanas y señalan que sólo Polonia e Irlanda obvian la voluntariedad de la mujer en el aborto.

Asimismo, los profesionales médicos defendieron la retirada del anteproyecto argumentando que con la actual legislación se ha intensificado la tendencia hacia el aborto temprano y que, actualmente, el 90 por ciento de los abortos se realizan dentro del primer trimestre de gestación, evitando así los riesgos biológicos, psicológicos y sociales derivados de los abortos tardíos. Además, aseguraron que en sus más de tres años de vigencia «ninguna» mujer ni profesional sanitario ha sido denunciado, encausado o condenado.

Más problemas mentales

Unos logros que, a juicio de los firmantes, van a desaparecer si finalmente el Gobierno aprueba dicho anteproyecto, en el cual, entre otras cosas, se establece la obligatoriedad de que las mujeres que quieran abortar presenten dos informes realizados por dos médicos diferentes que muestren que esta interrupción del embarazo puede suponer un «grave riesgo» para la salud psíquica de la mujer.

Esta condición fue criticada por Gay Pamos quien aseguró que su puesta en marcha sí que va a «agravar» los problemas mentales de las mujeres debido a los «periplos disuasorios» que van a tener que soportar para intentar abortar.

«Va a aumentar el número de casos ansiodepresivos y de enfermedad mental como consecuencia de esta medida y de la clandestinidad a la que se van a ver sometidas las mujeres», señaló para advertir de que «no hay nada que ligue el aborto y la enfermedad mental».

Según esta neuropsiquiatra, no existe «ningún perfil» psíquico que pueda explicar un deseo u otro para abortar. Por ello, ha lamentado que con la exigencia de estos certificados médicos las mujeres que quieran interrumpir su embarazo se van a convertir «automáticamente» en enfermas mentales.

«No queremos que la ideología nos controle y nos diga que tenemos que hacer enfermas, en lugar de cuidar de ellas», indicó la experta, tras remitirse al manifiesto en el que se avisa de que «las extremas limitaciones para la práctica del aborto, previstas en el anteproyecto, ponen en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales que realizan los informes preceptivos, los psiquiatras y, también, los que realizan el aborto».

Decisión informada

Respecto al supuesto por malformaciones fetales, Martínez Ten aseguró que va a ser «imposible» de cumplir debido a los plazos marcados en el anteproyecto. Actualmente, la legislación contempla la interrupción hasta la semana 22, o incluso más adelante, cuando se detecten en el feto anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, y así lo confirme un comité clínico, en concordancia con todas las legislaciones europeas.

Además, tal y como se recuerda en el manifiesto, las mujeres afectadas por este hecho (el 3%) toman una decisión informada, contando con el debido asesoramiento médico. Por este motivo, los profesionales señalan que la eliminación de este supuesto contradice su ética profesional y el sentir mayoritario de la población.

«Restringir el aborto por patología fetal sólo servirá para agudizar el dolor de estas 3.000 mujeres que deseaban su embarazo. Basar esa restricción en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un argumento incorrecto, ya que en ningún apartado se habla del discapacitado no nacido, dado que la discapacidad no existe antes de nacimiento, dándose ésta a largo plazo y en interacción con el medio», recalcan los firmantes del documento.

Por su parte, el precursor de la fecundación in vitro en España denunció el flashback «absolutamente terrorífico» que se está produciendo desde el anuncio de la reforma de la ley del aborto y se ha preguntado si el Gobierno pretende volver a los años 70. «El aborto no es un hecho banal ni frívolo y tratar a las mujeres como frívolas me parece desastroso», ha recalcado.

Estas declaraciones fueron corroboradas por la número dos del PSOE, Valenciano, quien destacó la «importante» labor que realizan estos profesionales sanitarios en la lucha por la «libertad y derechos» de las mujeres. Dicho esto, Valenciano ha insistido en que esta ley va a «poner en peligro» la salud física y psíquica de las mujeres.

«Personas de tan reconocido prestigio brindan su voz para ver si es posible que paremos esta locura, esta regulación completamente injusta para las mujeres», ha afirmado, para insistir en que el PSOE no va a dejar de luchar hasta conseguir que no se apruebe el anteproyecto y, al mismo tiempo, advertir al Gobierno de que están teniendo una respuesta «muy clara» por parte de todos los sectores de la sociedad.

Finalmente, los profesionales sanitarios recordaron que el único instrumento válido para evitar los embarazos no deseados es el acceso real a los métodos anticonceptivos y la educación sexual, ya que ambas promueven acciones para mejorar la educación y el acceso a los anticonceptivos, así como la creación de recursos de atención a la salud sexual y reproductiva allí donde son insuficientes.

(Se adjunta manifiesto)

Bruselas recibe una iniciativa popular en defensa de embrión 
con 1,7 millones de firmas validadas

Ese mismo viernes, La Comisión Europea recibió oficialmente la iniciativa popular One of us, cuyos promotores -entre los que se encuentra el líder del PP en la Eurocámara, Jaime Mayor Oreja- reclaman a la UE que evite la destrucción de embriones en programas de I D financiados por la UE y que en la cooperación al desarrollo se produzcan apoyos al aborto.

La iniciativa cuenta con el apoyo de 1.721.626 firmas validadas procedentes de 18 Estados miembros (España, Austria, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia), según ha informado la Comisión en un comunicado.

El respaldo a One of us supera al de la primera iniciativa popular recibida por el Ejecutivo comunitario, que se refiere al derecho al acceso al agua, tanto en número de países como en número de firmas.

En los próximos tres meses,la Comisión deberá invitar a los organizadores a Bruselas a explicar sus ideas en profundidad y se organizará una audiencia pública en la Eurocámara.

A partir de ahí, el Ejecutivo comunitario debe decidir si actuará adoptando legislación o mediante otros mecanismos para lograr los objetivos de la iniciativa o si renuncia a adoptar medidas. En cualquier caso, deberá explicar sus argumentos mediante una comunicación que será aprobada por el conjunto del colegio de comisarios.


 

 

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