El vicesecretario de la OMC, el doctor Jerónimo Fernández Torrente, participó en los «Debates de Redacción Médica», dedicado el último a la situación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes tras la entrada en vigor, hace un mes, de la normativa del Ministerio de Sanidad sobre las condiciones de asegurado y beneficiario para la asistencia sanitaria pública. El doctor Fernández Torrente recordó el compromiso expresado por la ministra de Sanidad con la atención a todos los ciudadanos e instó a que se respeten las actuaciones de los profesionales basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos, al tiempo que abogó por que el centro de salud sea la entrada para cualquier tipo de paciente
Madrid, 26 de septiembre 2012 (medicosypacientes.com)
Coincidiendo con el primer mes de la entrada en vigor de la normativa del Ministerio de Sanidad sobre las condiciones de asegurado y beneficiario para la asistencia sanitaria pública y que ha provocado que inmigrantes en situación ilegal dejen de tener tarjeta santiaria, Redacción Médica publicó en su edición de ayer un Debate de expertos que abordaron la situación de la atención sanitaria a estas personas. Participó, por parte de la OMC, su vicesecretario, el doctor Jerónimo Fernández Torrente, junto al presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo; el director general de RR.HH. del Ministerio de Sanidad, el doctor Javier Castrodeza; el representante del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el doctor Abel Novoa; el director territorial de Sanidad y Consumo en Álava, Alberto García de Alcaraz; y el director general del Consejo General de Enfermería, Rafael Lletget.
El vicesecretario de la OMC comenzó recordando el compromiso expresado por la ministra con la atención sanitaria de cualquier tipo de ciudadanos, lo cual, a su juicio, «produce sosiego y tranquilidad». «La ministra y demás cargos del Ministerió -añadió- garantizan que ningún médico será sancionado por atender a un paciente sea cual sea su situación, que los pacientes serán atendidos y que los problemas administrativos coyunturales pertenecen a otra esfera».
El doctor Fernández Torrente remarcó en un momento de su intervención que «el inmigrante no es ilegal, sino que es su situación», y recordó que la OMC como corporación de derecho público «está comprometida con los ciudadanos, los profesionales y el sistema. El médico debe rendir cuentas a la comunidad y al sistema y hay que pensar en los recursos». Añadió que la OMC «también reclama que se respeten nuestras actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos de atención tanto urgente como de estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial en el caso de los crónicos independientemente de la situación legal del paciente. Esto se aprobó por unanimidad en la asamblea del 1 septiembre y fue corroborado por la ministra y el Ministerio».
El representante de la OMC considera que «todos debemos coincidir en que tenemos un excelente modelo de sistema sanitario que garantiza la equidad, la universalidad y la solidaridad. Por otro lado, indicó, «tenemos un sistema sanitario con una asimetría autonómica que los políticos deben tratar de resolver y es algo que todavía no está resuelto. Tenemos leyes que no se han desarrollado todo lo que debían como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema».
El código deontológico dice -recordó- «que los dilemas que se pueden plantear con actuaciones, intervenciones o con las tipologías de los distintos ciudadanos queden al margen de cualquier tipo de consideración, pero también hay que hacer una reflexión crítica desde la política y desde todos los sectores profesionales y desde la ciudadanía sobre el tratamiento que se ha dado a este Real Decreto».
El doctor Fernández Torrente señaló, asimismo, que «la legitimación democrática para un ejercicio consciente nos lo da el acercamiento al ciudadano. No hay otro argumento más importante de cara a los ciudadanos, a la Administración y a la propia profesión que la defensa de los ciudadanos. Al tiempo que recomendó no confundir sistema con modelo.
En su opinión, como remarcó, la asistencia básica está plenamente garantizada y en todo caso dependerá de la cartera de servicios en cada comunidad autónoma. Nosotros no estamos de acuerdo con las listas de objetores pero sí con el recurso de inconstitucionalidad en lo referente a recursos humanos, colectivos profesionales, titulares, zona y vía de acceso.
Asimismo, se mostró contrario a que las patologías crónicas de los irregulares deban atenderse en Urgencias. «El centro de salud debe ser la puerta de entrada al sistema para cualquier tipo de paciente. Entiendo que las especificidades para abordar esto en las comunidades autónomas serán distintas pero el código deontológico debe ser el referente en las actuaciones».
El director general de RR.HH. del Ministerio de Sanidad, el doctor Javier Castrodeza, aseguró que con este Real Decreto y las medidas de aseguramiento, los inmigrantes irregulares tienen la prestación sanitaria más importante y amplia del ámbito europeo. «Estas medidas están encauzadas a que nuestro SNS sea universal, público, gratuito, y tenga características de equidad. No cambia el modelo. Se apuesta por reforzar el SNS donde hay dos protagonistas fundamentales: los ciudadanos que sustentan el SNS y los profesionales médicos y otros colectivos que forman parte». Castrodeza lamentó, por otra parte, que el debate sobre esta cuestión se haya sobredimensionado, ante lo cual, añadió que «el paso del tiempo dará una dimensión más precisa de sus resultados, pero los resultados previos que estamos alcanzando demuestran que sí era necesario introducir algunos elementos modificadores en el marco legislativo que corrigieran situaciones que podían poner en peligro la sostenibilidad del SNS por la que todos los ciudadanos hemos apostado y por la que este Gobierno evidentemente ha apostado también. Además, ha habido total colaboración de todos los colectivos profesionales y en íntima colaboración con las comunidades autónomas».
El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, insistió en que la asistencia sanitaria básica para extranjeros en situación irregular en España «está perfectamente garantizada» con el Real Decreto de 16 de julio. Su preocupación, no obstante, se centra en la confusión de términos jurídicos «que no siempre son coincidentes con los conceptos y valoraciones éticas que pueden llevar a confusiones a los profesionales sanitarios y a la propia población».
El representante de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el doctor Abel Novoa, consideró que la aplicación de este decreto «no garantiza la asistencia sanitaria básica como recomienda la OMS y por tanto se ha condicionado una respuesta profesional y un llamamiento para representar ante la sociedad el desacuerdo ante esa ley y presionar con esta campaña de Semfyc. Espero que estos matices sirvan para que avancemos en estos flecos con nombre y apellidos se puedan solucionar buenamente. Creo que el Estado tiene la responsabilidad de obligar a que las comunidades no generen más inequidad y el Gobierno no puede lavarse las manos diciendo que ahora regule cada comunidad y esta regulación debe ser lo más uniforme y consensuada posible».
Para el director general del Consejo General de Enfermería, Rafael Lletget, es el Ministerio de Sanidad «el que tiene que establecer las reglas del juego así como las condiciones en las que se prestan los servicios sanitarios a través del estatuto marco». Los problemas, a su juicio, surgen «porque hay una gran mayoría de profesionales sanitarios a los que nos repele la idea de encontrarnos un paciente al que no le podemos prestar un servicio sanitario que está en la base de nuestra profesión. Aquí de pronto tenemos un problema ético y jurídico».
Por su parte, el director territorial de Sanidad y Consumo en Álava, Alberto García de Alcaraz, indicó que desde el Gobierno Vasco «creemos que se puede regular la realidad que ahora tenemos pero no por la vía de la que se habla ahora e incluso dando de baja en los listados a determinados ciudadanos. Apostamos por la sostenibilidad pero no creemos que se logre de esta manera. El problema lo tenemos con el modelo de provisión, en la segmentación de la atención, con lo que es primaria, especializada, urgencia ambulatoria y en medio ni continuidad de cuidados ni seguimiento de las patologías. El ciudadano y sus procesos están fragmentados. Ahí hay mucho dinero perdido y en el País Vasco es por donde estamos atacando».
Para ver vídeo del Debate en la sede de Redacción Médica pulsar aquí
El debate íntegro se puede descargar a pie de página.
