César Tolosa, magistrado y presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, afirma, en esta entrevista para “MédicosyPacientes”, que “los problemas prácticos y teóricos que ha planteado la legislación sanitaria hace imprescindible reflexionar sobre su reforma, con el fin de adaptarla a la realidad de los tiempos, permitiéndonos contar con un instrumento eficaz en la lucha contra la pandemia”
El magistrado César Tolosa participó, recientemente, junto al Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en la conferencia inaugural del “XIV Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente. Bases para el rediseño de un sistema sanitario post pandémico”, en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Ambos abordaron el impacto de la pandemia de COVID-19 desde el punto de vista sanitario y jurídico, respectivamente. Acceso a noticia.
Tal y como manifiesta en la entrevista el magistrado Tolosa “la pandemia ha sido un acontecimiento inesperado” donde “el personal sanitario ha sido capaz, gracias a su tenacidad, ejemplo y esfuerzo de ir adaptando sus conocimientos en la lucha contra la enfermedad y el cuidado y atención de los pacientes” y donde “los investigadores y científicos han sido capaces de lograr un hito histórico con el desarrollo de las vacunas contra la COVI 19”. “Creo necesario que también la respuesta del ordenamiento jurídico se actualice y pasemos a contar con instrumentos legales que, para este tipo de situaciones”, señala.
¿Qué instrumentos han usado las administraciones públicas para limitar derechos y aplicar medidas efectivas durante la crisis de la COVID-19?
El derecho ha contado con dos herramientas para hacer frente a la pandemia. Una, el estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitucióny desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de alarma, excepción y sitio. Otra, la legislación sectorial sanitaria, especialmente la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, así como la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública, normas que componen lo que hoy podemos denominar “legislación sanitaria de emergencia”.
Sin embargo, como señaló la sala del TSJ de Madrid, con opinión que comparto “Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.
¿Han sido los adecuados para luchar contra la pandemia?
La pandemia ha sido un acontecimiento inesperado y de tal gravedad que ha colocado a la sociedad en una situación contra la que resultaba difícil reaccionar. El personal sanitario ha sido capaz, gracias a su tenacidad, ejemplo y esfuerzo de ir adaptando sus conocimientos en la lucha contra la enfermedad y el cuidado y atención de los pacientes. Los investigadores y científicos han sido capaces de lograr un hito histórico con el desarrollo de las vacunas contra la COVI 19. Creo necesario que también la respuesta del ordenamiento jurídico se actualice y pasemos a contar con instrumentos legales que, para este tipo de situaciones, establezcan criterios de garantía de los derechos, claridad, seguridad y certeza, necesarios para afrontar estas situaciones, evitando los evidentes déficits que hemos padecido en este aspecto tan relevante.
¿En qué medida esta crisis sanitaria marcará un nuevo marco jurídico-sanitario?
Creo sinceramente que, con independencia de futuras reformas, la crisis sanitaria ha dado lugar a una interpretación de la legislación aplicable, por parte de los tribunales que, de hecho, ha generado una nueva comprensión del marco jurídico vigente, tratando de hacerlo compatible con la protección de los derechos de los ciudadanos.
¿Considera preciso redactar una nueva normativa sanitaria?
A mi juicio los problemas prácticos y teóricos que ha planteado la legislación sanitaria, a la que antes me referí, hace imprescindible reflexionar sobre su reforma, con el fin de adaptarla a la realidad de los tiempos, permitiéndonos contar con un instrumento eficaz en la lucha contra la pandemia
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