Conxita Tarruella, presidenta de Esclerosis Múltiple España, aboga por que el diagnóstico de esta enfermedad implique la concesión automática de la condición de persona con discapacidad en un grado de al menos el 33%, que es el mínimo que debe acreditarse para poder obtener ayudas públicas por razón de discapacidad. En España hay unos 47.000 afectados por esta enfermedad
Tarruella explicó que la esclerosis múltiple avanza y deja efectos muy diferentes en cada paciente y que esto no es fácil de reflejar en el examen que hay que pasar para obtener el certificado de discapacidad, ya que los baremos existentes para medir el grado de afectación no son adecuados para esta patología y para las de carácter neurológico en general.
La esclerosis múltiple, incidió, cursa con síntomas no siempre fáciles de encajar en los baremos que miden lo discapacitante del problema, pero que sí merman algunas capacidades de la persona, lo que hace que en muchas ocasiones el paciente salga de la revisión con un grado de discapacidad inferior al 33%, es decir, con el no reconocimiento legal de su discapacidad.
Por este motivo y porque la enfermedad avanza, la exdiputada de CiU aboga por que haya un baremo específico para medir el grado de discapacidad de las personas con enfermedades de tipo neurológico, como es la esclerosis múltiple, y porque se otorgue, de partida, un grado mínimo de afectación del 33%.
Acceso Igualitario
Otra reivindicación que hace Conxita Tarruella para los 47.000 afectados por esclerosis múltiple que se estima hay en España es la relativa al «acceso igualitario» a los medicamentos innovadores, que, asegura, suelen tener un precio elevado y de los que no se benefician en igualdad de condiciones todos los enfermos que los necesitan.
En función del lugar de residencia del paciente, afirma, es más fácil o menos beneficiarse de este tipo de fármacos, cuya administración es desigual en las distintas comunidades autónomas, pero también en los centros sanitarios de una misma región.
Finalmente, la presidenta de Esclerosis Múltiple España se mostró partidaria, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Plataforma de Pacientes, de que se elabore una ley de la cronicidad que recoja las necesidades de quienes saben que convivirán con una o varias enfermedades el resto de sus días.
