El Dr. Rafael Teijeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, es el coordinador de la sesión que abordará la atención al paciente con discapacidad a la luz de la Ley 8/2021 en la II Escuela de la Profesión Médica, que se celebra los días 21, 22 y 23 de septiembre en Santander. Tal y como asegura en esta entrevista, “la Ley 8/2021 obliga a reflexionar sobre nuestra forma de actuar en los pacientes con discapacidad intelectual”
En esta sesión le acompañarán en la mesa redonda los ponentes Juan Manuel Fernández, magistrado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Foro Justicia y Discapacidad; Julio Antonio Guija, jefe de servicio de psiquiatría forense del IML y CF de Sevilla; Jacinto Bátiz, de la Comisión Central de Deontología Médica del CGCOM; y José María Borrel, presidente del Colegio de Médicos de Huesca.
Coordina la sesión que tratará sobre ‘La atención al paciente con discapacidad intelectual a la luz de la Ley 8/2021’. ¿Qué nos puede avanzar sobre su contenido?
Inicialmente, puede resultar difícil de entender que una Ley que se denomina de “apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica” tenga alguna repercusión en la práctica médica. Todos somos conscientes de que cualquier acto que realizamos como personas requiere de nuestra capacidad para entender la decisión que tomamos y las posibles consecuencias que tiene. Hasta ahora, la toma de decisiones de una persona con discapacidad intelectual se acompañaba con frecuencia de una sustitución de su voluntad por la de otra persona, su “tutor”. Esto se producía en todos los ámbitos, incluido el sanitario.
La Ley 8/2021 obliga a reflexionar sobre nuestra forma de actuar en los pacientes con discapacidad intelectual. Queremos centrarlo en la aplicación práctica de la norma en el campo de la salud. Su aplicación requiere, no solo la modificación terminológica en nuestros informes y nuestras anotaciones en la HC, sino entender que como profesionales debemos hacer más participe a la persona con discapacidad de la toma de decisiones. Debemos ser conscientes de que, con criterio general, es su decisión la que debe prevalecer. En muchos casos será su voluntad la que se tenga en cuenta sin participación de terceras personas. En otros casos requerirá de medidas de apoyo de una persona de confianza. Recurrir a la autoridad judicial para solventar estas situaciones, será la excepción y no la norma.
En ella, participan los ponentes Juan Manuel Fernández, magistrado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Foro Justicia y Discapacidad; Julio Antonio Guija, jefe de servicio de psiquiatría forense del IML y CF de Sevilla; Jacinto Bátiz, de la Comisión Central de Deontología Médica de la OMC; y José María Borrel, presidente del Colegio de Médicos de Huesca. ¿A qué profesionales va dirigido este debate y qué supone para la profesión médica la celebración de este Encuentro?
Este encuentro va dirigido a todos los médicos. Pretendemos dar una visión global desde los ámbitos jurídico, deontológico y asistencial de la aplicación práctica de esta Ley en el ámbito sanitario, máxime cuando en las disposiciones adicionales que la acompañan no se ha recogido la modificación de las normas sanitarias, como la de autonomía del paciente, que pueden estar afectadas por esta disposición legal. La evaluación de la capacidad de la persona con herramientas validadas debe ser conocida por todos los profesionales, siendo por tanto de interés para todas las especialidades médicas. Profundizando algo más en esta cuestión, creemos que la especialidad de medicina de familia es una de las que más puede necesitar conocer el contenido de este encuentro. El médico de Familia es el mejor conoce a sus pacientes y su entorno. Como ya hemos comentado, es el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad intelectual la regla general de aplicación. También hemos señalado anteriormente que, aun así, la ley prevé que cuando esté afectada su capacidad de decidir, la toma de decisión sea acompañada por medidas de apoyo, apoyo que será llevada a cabo por el guardador de hecho. Un médico de familia, dada esa faceta de conocimiento del entorno personal que tiene esta especialidad, y seguro, que además de ayudar a la persona con discapacidad a tomar la decisión adecuada, también puede ayudar a conocer quién es el “guardador” más conveniente, el que mejor puede ayudar a tomar la decisión beneficiosa para su proceso médico.
¿Qué opina del resto de debates previstos?
Los tres días en los que está previsto que se desarrolle la Escuela recogen temas de actualidad que son claves en el presente y futuro de la profesión médica. A mi juicio, se ha programado una reunión que aglutina aspectos jurídicos, deontológicos y de práctica asistencial que seguro ayudan a dar luz a interrogantes que tenemos los profesionales.
