La IV Convención ha analizado la realidad del “Medicamento en España” y ha puesto de manifiesto que “cualquier política farmacéutica y del medicamento debe contar explícitamente con los decisores efectivos de la elección terapéutica”, desde la convicción de que “una política farmacéutica que no considere unos determinados objetivos en resultados de salud y la implicación de los prescriptores está abocada al fracaso”
Madrid, 21 de noviembre de 2014 (medicosypacientes.com/T.A.)
También se ha puesto de manifiesto que “la trazabilidad del medicamento se revela como un factor clave e imprescindible para la seguridad del paciente”, que es preciso que los médicos “reciban información puntual y de fuentes fiables de los nuevos fármacos y las innovaciones terapéuticas”, así como la “urgente y esencial creación de una Agencia de Evaluación de ámbito nacional e independiente que discrimine lo efectivo, eficiente y útil, de lo que no lo es”.
En síntesis, estas han sido las principales conclusiones de la mesa sobre “El Medicamento en España” en la que, partiendo del reciente informe sobre el sector farmacéutico, elaborado por la OMC y aprobado en Asamblea General, se ha debatido sobre la situación del sector, la perspectiva de futuro en la política del medicamento y las recomendaciones y propuestas de este informe, centradas en políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica, reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento.
En la mesa participaron el Dr. Carlos Molina, presidente del COM Cuenca y coordinador del “Modulo: Política Sanitaria” en el que se enmarcó esta mesa; Dr. Pedro Hidalgo, presidente del COM Badajoz, que actuó de moderador; Dr. Juan Gérvas, médico general jubilado y José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ambos ponentes; y también los doctores José María Borrel, presidente del COM Huesca; Manuel Gómez Benito, presidente del COM Salamanca, y Isidro Lago, vicepresidente del COM Pontevedra.
El presidente del COM Badajoz Dr. Pedro Hidalgo fue el moderador de la mesa, de cuyo “abstract” son autores los doctores José Antonio González, de la universidad de Málaga, y Luis Ángel Oteo, de la Escuela Nacional de Sanidad, junto con el farmacéutico Galo Agustín, responsable de la Oficina de Evaluación de Medicamentos del Servicio Extremeño de Salud (SES).
El Dr. Hidalgo introdujo el tema de “ese obscuro objeto del deseo”, como definió al medicamento, con lo que implica esta palabra de “gasto, consumo, información, formación y prescripción” y, en concreto esta última que conlleva, según afirmó, “firmar un documento público ?la receta- y responsabilizarse de ello”.
En su introducción al tema, el que el Dr. Pedro Hidalgo hizo referencia al Informe de la OMC sobre el sector farmacéutico y al propio “abstrat” que plantea que para “garantizar la sostenibilidad a medio plazo de una prestación farmacéutica accesible, de calidad, utilizada de modo racional, terapéutica y económicamente eficiente” tal y como estable la OMS, se exige una “actuación integrada en el ámbito regulador, asistencial y de gestión, que atienda la viabilidad de las pretensiones legítimas de la industria farmacéutica, a la inexcusable alineación de los incentivos de los profesionales y sea capaz de responder a la preferencias responsables de los usuarios, orientándose en conjunto a maximizar el incremento social de la salud”.
Tras señalar la necesidad de importantes modificaciones en los distintos aspectos de las políticas de establecimiento de precios, financiación (compras), gestión de la prescripción y distribución, en el informe se proponen algunas líneas por las que debe transitar un rediseño sostenible de las políticas farmacéuticas, así como la necesidad de una evaluación económica para conocer el grado de efectividad de la vigente cartera de prestaciones, tanto en lo referente a medicamentos como a nuevas tecnologías en base a criterios de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes. Y apuesta para que, aquellos insumos farmacéuticos que hayan demostrado un notable grado de eficiencia en términos de coste-efectividad, sean una prestación farmacéutica de derecho asegurada de forma universal con financiación pública.
A continuación intervino el Dr. Juan Gérvas, quien hizo una análisis del medicamento desde un punto de vista social y desde un punto de vista clínico. Desde el primero, dijo que aunque los medicamentos son necesarios, no son suficientes porque la salud depende básicamente de determinantes sociales como el suministro y depuración de aguas, vivienda salubre, educación, justa distribución de la riqueza o existencia de un sistema sanitario de cobertura universal y, en este sentido, afirmó que el acceso a los medicamentos es sólo un componente más de los mismos.
Desde el punto de vista clínico, dijo que, aunque los medicamentos son necesarios, estos producen “beneficios y también daños, inevitablemente”. A este respecto, afirmó que en la Unión Europea mueren al año 197.000 personas por efectos adversos de medicamentos (548 al día, frente a 75 muertos por accidente de tráfico al día, es decir, 7 veces más). Por ello, dijo que muchas veces la “mejor alternativa a un problema de salud es social, cultural o familiar y no lo es el medicamento”.
Para el Dr. Gérvas, hay medicamentos que permiten cumplir con “objetivos preventivos, diagnósticos y terapeúticos” y, tras señalar que “necesitamos cuidar el crédito, el uso razonable y la confianza social” en ellos, dijo que hay que tener clara la visión social y clínica de los medicamentos como “productos necesarios cuando lo son, pero peligrosos en todo caso y, especialmente, cuando son innecesarios”.
En su intervención, tuvo palabras de crítica hacia las industrias farmacéuticas que “responden cada vez más ?dijo- a una estrategia de ventas y no de respuestas a necesidades de salud”, objetico que, en su opinión, “disminuye la innovación y fomenta el uso torticero de las patentes” y provoca la “invención de enfermedades”. También se mostró muy crítico con el “lobby sobre los políticos que cambian leyes y reglamentos a favor de las industria y en contra de la salud de los pacientes y poblaciones” y denunció la “puerta giratoria” que lleva casi al 100% de los responsables autonómicos y ministeriales de las direcciones oficiales públicas de medicamentos y productos sanitarios al trabajo en las industrias del sector.
En defensa de la industria, participó José Luis Poveda, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Politécnico la Fe (Valencia), quien expuso el contexto económico sanitario que, desde 2009, se ha reducido en 9.000 millones de ?, lo que representa una caída del 13,2 %. En cuanto al sector del medicamento, dijo que, en mayo de 2014, descendió más de un 11% con respecto al mismo mes en 2010, disminución que “tendrá consecuencias”, según afirmó.
Describió el desarrollo normativo del medicamento, con las diferentes leyes y decretos, así como del sistema de financiación selectiva que se asocia, según afirmó, a la necesidad de un proceso de evaluación y selección previo. Explicó que, en base a este procedimiento, en 2012, Sanidad rechazó financiar el 30% de las solicitudes, a lo que hay que añadir que en ese mismo año 417 medicamentos fueran excluidos de la financiación pública. También ofreció el dato de que 97% de los medicamentos que se autorizan, se financian. En su opinión, este proceso es “poco predecible y poco visible”.
Se refirió a la responsabilidad clínica y social de la profesión médica sobre el medicamento, teniendo en cuenta que el médico es el que asigna el 70% de los recursos sanitarios en sus decisiones diagnósticas y terapéuticas, aunque dijo que para tomar decisiones en su actividad diaria, el médico se enfrenta a una serie de problemas, entre los que señaló, la “incertidumbre por no existir suficiente evidencia científica sobre posibles tratamientos; la limitación de recursos y servicios, presiones externas e, incluso, las preferencias del paciente” y se mostró a favor de la micro-gestión.
Para José Luis Poveda, es necesario “mirar a Europa” e incrementar los acuerdos de riesgos compartidos que en Italia alcanzan 160; en Portugal, 88, y, en Lituania, 42, frente a los 10 que existen en España: 2 a nivel central, 5 en Catalunya, 1 en Andalucía, 1 en Valencia y 1 en Navarra.
Finalmente abogó por establecer “estrategias conjuntas entre las Administraciones sanitarias, los profesionales y la industria farmacéutica, así como por crear un “marco estable y predecible que permita identificar los criterios sobre los que se fundamentan la toma de decisiones”; la necesidad de “disponer de instrumentos que permitan definir los precios y condiciones de reembolso de forma cuantitativa” y que los informes sobre coste-efectividad sean elaborados por profesionales. Todo ello, para lograr un “acceso equitativo a los medicamentos”, una “selección explícita en base a eficiencia (coste-efectividad)” y “sostenibilidad financiera” y para “promover la innovación y el desarrollo de una industria eficiente y competitiva”.
Por su parte, el Dr. Borrel, dijo que el medicamento preocupa, ante todo al médico de Atención Primaria y, tras señalar que el eje del SNS ha pasado del ambulatorio local directamente al Hospital sin asentarse en el Centro de Salud, que ha derivado hacia una sanidad de comportamientos estancos en los que llega a olvidarse de la persona de manera integral, se prescinde del médico general y, entre todos, “se cuidan las enfermedades, pero nadie cuida de la persona enferma”.
El Dr. Borrel se mostró sumamente crítico y se preguntó “¿hasta cuándo vamos a tener que trabajar en base a indicaciones consensuadas por empresas con intereses económicos en la salud, medios de comunicación malinformando y una Administración pasiva, en lugar de trabajar con unos protocolos sin otra base que la científica, en donde el único objetivo fuera la salud del ciudadano?”.
El Dr. Gómez Benito planteó su intervención desde el posicionamiento de un médico de a pié ante los “legítimos y no del todo coincidentes” posicionamientos de la OMC y la industria farmacéutica y, desde esta perspectiva, defendió que “el único que prescribe es el médico” a través de la receta oficial; que tiene que tener “libertad” para prescribir el medicamento que cree necesario y mejor para el enfermo, sin obviar la sostenibilidad del Sistema y que “no acepte compensaciones económicas de la propia Administración por ahorro en la prescripción”. En su opinión, por “simple higiene profesional”, la industria farmacéutica no debería de apoyar económicamente al médico en reuniones que no sean certificadamente justificadas y cuyo principal fin sea la formación del médico, a través de cursos, jornadas o congresos. Y se mostró partidario de que el usuario “sepa discernir” entre consulta diagnóstica y terapéutica médica y consulta asistencia, farmacéutica y domiciliaria “como, al parecer se pretende”, así como de cualquier otro tipo de acto sanitario complementario como “labores de enfermería, control de tensión arterial, de protocolos y pruebas técnicas de las que se deriven aplicaciones protésicas sin controles previos por el especialista correspondiente”.
Finalmente, el Dr. Lago, planteó que, a pesar de que el MSSSI utiliza los informes del Grupo de Coordinación del Posicionamiento Terapéutico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios para establecer los criterios de financiación, sin embargo, desde que un medicamento es autorizado y entra en la financiación pública hasta que está disponible por los equipos médicos para su uso clínico, “pueden pasar muchos meses generando inequidades”.
En su opinión, las causas de esto ocurra hay que buscarlas en la “excesiva burocracia fruto de la descentralización autonómica; las posibilidades de financiación en cada CCAA y los requisitos que establezcan dentro de sus competencias las Comisiones Autonómicas Farmacoterapéuticas. Ante esta situación, planteo qué mecanismos se deberían arbitrar en el Consejo Interterritorial para que “el acceso a los medicamentos fuera inmediato a su aprobación en todas las Comunidades del Estado y no se quebrase la equidad en su dispensación bajo financiación pública”.
