Una comisión independiente de exjefes de gobierno, organismos internacionales, ministros y líderes de la sociedad civil presenta 17 recomendaciones sobre lo que la OMS y los países deberían hacer a continuación.
Los precios de la energía son volátiles, las cadenas de suministro están sometidas a presión, y las sacudidas geopolíticas de los últimos años han puesto de manifiesto lo frágil que resulta la dependencia de los combustibles fósiles para las sociedades; desde el punto de vista económico, político y sanitario. En la última década, el aumento de la temperatura global se ha acelerado significativamente, y la región paneuropea es la que más rápidamente se está calentando del planeta, con temperaturas que aumentan a un ritmo doble que la media mundial. Los rápidos incrementos de temperatura hacen más probable que se alcancen repentinos “puntos de inflexión” en el sistema climático, en los que se producen cambios drásticos en sistemas clave de la Tierra. La ventana para evitar daños irreversibles se está reduciendo.
Este es el contexto en el que la Comisión Paneuropea sobre Clima y Salud publica hoy su Llamamiento a la Acción. La Comisión —presidida por la ex primera ministra de Islandia Katrín Jakobsdóttir y convocada por el director regional de la OMS para Europa, el Dr. Hans Henri P. Kluge— reúne a 13 exjefes de gobierno, organismos internacionales, ministros y líderes de la sociedad civil de los 53 países de la Región Europea de la OMS. Su mensaje a los gobiernos es directo: el cambio climático no es una amenaza futura que gestionar. Es una crisis inmediata y creciente que afecta simultáneamente a la salud, la alimentación, el agua, la energía y la seguridad nacional; y la respuesta actual no está a la altura de su magnitud.
La acción climática en salud es una inversión inteligente
Las 17 recomendaciones de la Comisión abarcan cuatro ámbitos: tratar el cambio climático como una amenaza creciente para la seguridad sanitaria, transformar los sistemas sanitarios, ampliar la acción local y reformar los sistemas económicos y financieros que están impulsando la crisis climática. En esencia, suponen un desafío tanto para los gobiernos como para la OMS: las normas, la financiación y las prioridades políticas están orientadas en la dirección equivocada, y el tiempo de los ajustes graduales se ha terminado. Estas recomendaciones son un plan para los gobiernos dispuestos a redirigir la financiación desde acciones que aceleran la crisis climática hacia su prevención, en la medida de lo posible.
“La crisis climática es una amenaza para nuestra seguridad, la cohesión social, los derechos humanos y la salud”, señaló S.E. Katrín Jakobsdóttir, presidenta de la Comisión Paneuropea sobre Clima y Salud. “Lejos de ser un problema exclusivo de las generaciones futuras, es una amenaza real y presente para nosotros ahora mismo en Europa. La acción climática no es solo una necesidad. Es una inversión de alta rentabilidad para una sociedad más justa y resiliente. Todos tenemos una responsabilidad política y moral de actuar ahora”.
La Comisión insta a los jefes de gobierno a situar el clima y la salud en la agenda de los consejos de seguridad nacional, implicando a todos los ministerios relevantes, incluidos defensa, energía y finanzas. Mientras los gobiernos europeos están reorientando el gasto público hacia la seguridad en respuesta al aumento de las presiones geopolíticas, la Comisión sostiene que el cambio climático es en sí mismo un riesgo central para la seguridad; uno que ya está alterando infraestructuras, sistemas sanitarios y la seguridad alimentaria e hídrica en toda la región, y cuyos costes se agravarán con cada año de retraso en la acción.
La contaminación del aire derivada de la combustión de combustibles fósiles causa la muerte de cientos de miles de personas en la región cada año. Los mismos combustibles fósiles que impulsan la crisis clima-salud están haciendo vulnerables los sistemas energéticos a interrupciones en el suministro y a subidas de precios; costes que afectan especialmente a quienes menos pueden asumirlos. La Comisión sostiene que acelerar la transición hacia energías renovables limpias y la eficiencia energética no solo es un imperativo climático y sanitario; es la vía hacia una mayor seguridad energética y una economía más justa.
El argumento sanitario y económico para actuar ahora es inequívoco. El coste de la inacción supera con creces el de la mitigación y la adaptación tempranas. Eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles y redirigir esos fondos hacia energías renovables, transporte público, dietas sostenibles y sistemas sanitarios resilientes al clima salvaría vidas, reduciría los costes sanitarios y disminuiría la dependencia de la región de las importaciones volátiles de combustibles fósiles.
“El cambio climático es una amenaza para la seguridad, una emergencia de salud pública y una bomba económica de relojería, todo en uno”, afirmó el Dr. Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. “Mientras tanto, los gobiernos están gastando miles de millones en subvencionar los combustibles que causan el cambio climático y sobrecargan nuestros sistemas sanitarios. Esta Comisión está enviando un mensaje claro a los líderes: actúen ahora, mientras aún existe una ventana de acción preventiva”.
Una emergencia de salud pública
La Comisión también solicita a la OMS que declare formalmente el cambio climático como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El actual marco del Reglamento Sanitario Internacional —diseñado en torno a eventos epidémicos de duración limitada— no fue concebido para una amenaza de esta naturaleza. Y, según la Comisión, ahí radica precisamente el problema. Las normas no han evolucionado al ritmo de la magnitud de la crisis, y la ausencia de una designación formal de emergencia ha permitido a los gobiernos tratar el cambio climático como una condición crónica de fondo, en lugar de como una amenaza aguda y creciente que ya es evidente.
Transformar los sistemas sanitarios
La Comisión formula recomendaciones específicas para mejorar la resiliencia climática de los sistemas sanitarios y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aboga por la formación obligatoria de los profesionales sanitarios en cambio climático y salud, por dar mayor peso a la salud mental en la planificación de clima y salud, y por integrar indicadores climáticos clave en la evaluación del desempeño de los sistemas nacionales de salud. Dado que la mayor parte de las emisiones del sector sanitario procede de las cadenas de suministro, la Comisión propone establecer estándares de contratación pública sostenibles en toda la región para enviar una señal coherente a los proveedores.
Ampliar las soluciones locales y comunitarias en clima y salud
Basándose en ejemplos de iniciativas impulsadas por ciudades y comunidades, la Comisión propone un marco de rendición de cuentas que facilite el seguimiento de la implementación y el “aprendizaje mediante la práctica”, fomentando el intercambio de conocimientos a nivel local.
“El cambio climático ya está afectando a la salud en toda la región a través de múltiples vías”, señaló el profesor Sir Andrew Haines, asesor científico jefe de la Comisión, “pero las acciones de adaptación y mitigación climática ofrecen oportunidades para proteger y promover la salud. El reto ahora es aplicar estas acciones a gran escala y comunicar sus beneficios al público y a los responsables políticos”.
Medir lo que importa
La Comisión también plantea a los gobiernos la necesidad de replantear cómo miden el progreso. El producto interior bruto (PIB) contabiliza el consumo de combustibles fósiles como producción económica, mientras ignora los costes sanitarios de la contaminación, el impacto económico de los desastres climáticos y el bienestar de las generaciones futuras. La Comisión insta a los gobiernos y a la comunidad internacional a desarrollar sistemas de seguimiento con métricas que sitúen la salud, la equidad y la sostenibilidad ambiental en el centro de la toma de decisiones; y a la OMS a reforzar la coordinación en clima y salud dentro del sistema de Naciones Unidas.
Las recomendaciones de la Comisión van acompañadas de un panel de indicadores de progreso que establece métricas concretas y mecanismos de rendición de cuentas para hacer seguimiento de su aplicación en todos los países.
