El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas, reunidos ayer, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia han aprobado que a partir de julio, una vez se incorporen al sistema las personas con dependencia moderada, se lleve a cabo un estudio sobre el grado de aplicación de la Ley de Dependencia para extraer propuestas de mejora del Sistema y asegurar su desarrollo futuro
Madrid, 5 de marzo de 2015 (medicosypacientes.com/MSSSI/Servimedia)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas, reunidos ayer, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, han recordado que en el calendario de implantación progresiva de la Ley de Dependencia 2015 figura como el último del periodo de implantación, lo que culminará con la incorporación de los dependientes moderados.
Por ello, el Ministerio que dirige Alfonso Alonso y las Comunidades Autónomas han acordado la redacción de un estudio sobre la aplicación de la Ley en estos años y sobre la relación de ese grado de cumplimiento con las previsiones que recogía la Memoria Económica de la propia Ley. Del análisis de dicho estudio, se plantearían propuestas y medidas de mejora necesarias para seguir desarrollando la Dependencia.
“Si en 2015 entran en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Saad) 300.000 beneficiarios moderados como está previsto a partir del próximo mes de julio, se realizará la ampliación presupuestaria que tenga que realizarse”, afirmó Alonso en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
Preguntado por la cuantía exacta de esa ampliación presupuestaria, el titular de Servicios Sociales respondió que dependerá de lo que diga el estudio que Gobierno y CCAA llevarán a cabo para examinar la situación de la Dependencia en España, porque lo importante, aseguró, es cumplir con el compromiso del Ejecutivo.
El ministro informó, por otra parte, de que el Consejo Territorial celebrado ha aprobado un documento destinado a “tranquilizar” a los trabajadores de la Dependencia que deben acreditar su formación y que todavía no lo han hecho.
Las personas que trabajan ya con usuarios del sistema “no deben preocuparse”, dijo, porque podrán seguir haciéndolo como hasta ahora, ya que se ha creado un Grupo de Trabajo para que, en un plazo de seis meses, se determinen las actuaciones a realizar por las administraciones competentes y certificar la cualificación profesional de los cuidadores y auxiliares de ayuda a domicilio.
Y es que, la normativa exige que en 2015, cuando se preveía que finalizada la implantación del sistema, estuvieran acreditados todos los trabajadores del sector.
Relacionado también con el Sistema de la Dependencia, Alonso indicó que el Gobierno ha presentado a las CCAA los datos relativos a 2014 y que los ha hecho públicos ya para que puedan consultarse libremente.
Según estos datos, el Saad atendió el año pasado a un total de 8.122 dependientes menos que en 2013, una cifra que el ministro no quiso valorar por considerar que la comparación debe hacerse en periodos más amplios, como el de toda la legislatura, cuando, señaló, se han incorporado 300.000 beneficiarios al sistema.
Lo importante en este aspecto a su parecer es que cuando se hayan incorporado los 300.000 dependientes moderados, en 2015, se igualen o aproximen lo más posible las previsiones de la memoria de la Ley de Dependencia en cuanto a número de beneficiarios se refiere, algo que, confió, sí sucederá.
Además el Consejo Territorial ha acordado, por una parte, la modificación del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación de calidad de los centros y servicios del Sistema de Dependencia, de modo que quede reforzada y garantizada.
Fondo para familias en riesgo de exclusión
En la reunión han acordado además el reparto del nuevo fondo de 32 millones de euros que el Gobierno incluyó en sus Presupuestos de este año con el fin de ayudar a familias en riesgo de exclusión y con hijos menores a cargo.
Según ha explicado el ministro Alfonso Alonso, los proyectos a los que llegarán las cuantías no solo estarán dirigidos a paliar y mejorar la vulnerabilidad social de las familias cubriendo necesidades básicas tales como gastos en alimentación, higiene, ropa y acceso a los servicios de salud, de educación o vivienda, sino que, como novedad, se financiarán también aquellos programas orientados específicamente a favorecer la conciliación. Así, podrán beneficiarse de ayudas para sus gastos en escuelas infantiles o servicios complementarios, así como en servicios de intervención y apoyo familiar.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha señalado, además, que en el Consejo Territorial se ha dado información a las Comunidades Autónomas sobre el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas, que viene a reemplazar al Plan de Ayuda Alimentaria, vinculado éste a la Política Agraria Común.
Esta partida, que es independiente del Fondo Social Europeo, abarcará el periodo 2014-2020, y según su Reglamento, a España llegarán más de 563 millones de euros. Los beneficiarios, ha explicado Alonso, serán aquellos individuos, familias, hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza económica, como las personas sin hogar o familias en una coyuntura de vulnerabilidad social.
Información sobre últimos proyectos legislativos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado a las comunidades autónomas acerca de los anteproyectos de Voluntariado y del Tercer Sector, ambos aprobados por el Consejo de Ministros y a la espera de los informes preceptivos para que se aprueben como proyectos.
El primero ofrece un marco regulatorio adecuado y ajustado a los tiempos actuales, dado que se trata de un campo que ha evolucionado mucho en los últimos años. Aparte de configurar un marco jurídico, el anteproyecto refuerza la capacidad de las entidades del Tercer Sector de Acción Social como interlocutores con la administración general del Estado y define medidas para su sostenibilidad. El segundo, en cuya redacción participaron intensamente las propias Comunidades Autónomas y las ONG a través de su Consejo Estatal, ordena la acción solidaria de este país, incorpora nuevas modalidades, establece un régimen jurídico y, entre otros aspectos, promueve la participación de la empresa y el papel de las universidades.
