El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que incorpora la obligación de evaluar el impacto en la salud de la población en todas las políticas públicas
Así, las memorias de impacto normativo de las futuras iniciativas (anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y todas las normas reglamentarias) deberán recoger de forma preceptiva un apartado relativo al impacto en la salud de la población.
Esta medida materializa de forma efectiva el enfoque de Salud en todas las políticas, de tal forma que, en la definición de las políticas públicas, en todos los sectores y de manera sistemática, se tendrá que tener en cuenta las implicaciones en la salud que conllevan las decisiones que se toman, con el objetivo de evitar impactos perjudiciales para la salud y mejorar la salud de la población y la equidad en salud.
La futura norma, según ha recordado el departamento que dirige Salvador Illa, también persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios a imagen y semejanza de los establecidos para los medicamentos, en prestaciones en que hasta la fecha no están impuestos, tales como el transporte sanitario no urgente, los productos dietoterápicos y los productos ortoprotésicos.
Y es que, según Sanidad, estos incrementarían las cargas financieras de las familias y aumentarían las desigualdades sociales en salud, afectando especialmente a la población en riesgo de pobreza que, además, ha sido duramente afectada por la pandemia de Covid-19.
Asimismo, se introduce una modificación del Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de hacer viable su desarrollo reglamentario, para poder cubrir mediante este fondo extrapresupuestario los desplazamientos de las personas titulares del derecho a la protección de la salud en el SNS entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando la cohesión y equidad en el SNS.
El anteproyecto también tiene como objeto garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población que actualmente no está incluida. Para ello, pretende realizar las modificaciones pertinentes al Real Decreto-ley 7/2018.
Éste recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas con nacionalidad española y a las extranjeras residentes en España, al tiempo que «devolvió» el derecho a la protección de la salud a las personas no registradas ni autorizadas a vivir en España, garantizando la igualdad efectiva y el acceso universal al SNS.
La experiencia acumulada en la aplicación de dicha norma muestra que es necesario realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones interesados en hacer llegar sus opiniones, tienen de plazo hasta el día 19 de noviembre de 2020, a través del correo electrónico ‘cpncartera@mscbs.es’. Finalizado este plazo, el Ministerio incorporará las aportaciones recibidas al texto, que seguirá su tramitación ordinaria.
España recibirá 31 millones de dosis de la vacuna de Covid-19 de AstraZeneca entre diciembre y junio de 2021
España va a recibir más de 31 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la compañía AstraZeneca entre los meses de diciembre y junio de 2021, según ha informado este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El pasado 27 de agosto la Comisión Europea firmó con AstraZeneca, en nombre de los países participantes, un acuerdo con obligación de compra que supone la adquisición para Europa de 300 millones de dosis. Ahora, el Consejo de Ministros ha autorizado que España cumpla la decisión de la Europa en materia de contratos de compra anticipada de vacunas.
Así, a través de este contrato, España va a recibir 31.555.469 dosis, de las cuales en diciembre se recibirán 3.155.547 dosis. El precio medio de la vacuna es de 2,90 euros por dosis, de los cuales 1,12 euros serán abobados a cargo del Fondo ESI, el fondo de apoyo de emergencias de la Comisión Europea, y el resto a cargo de los estados miembros.
Ahora bien, esta vacuna requiere dos dosis por inmunización, por lo que el número de inmunizaciones es la mitad de las dosis y el coste total por inmunización es de 5,80 euros, de los que 3,56 euros le corresponderán a cada estado miembro.
«Puede haber un incremento del coste del 20 por ciento, siempre que sea justificado y previa auditoría de las autoridades sanitarias europeas», ha añadido Illa, para informar de que España va a realizar un desembolso de algo más de 56 millones de euros y, si se produjera el incremento del 20 por ciento, el precio tope se situaría en los 76 millones.
No obstante, el ministro de Sanidad ha apostillado que si la vacuna no superase los ensayos clínicos, la parte que corresponde pagar a los estados miembros no sería abonada a la compañía farmacéutica.
Actualmente, la vacuna está siendo sometida a análisis clínicos en fase 3, dos en Reino Unido, uno en Brasil y uno en Sudáfrica, y está en un proceso de ‘revisión abierta’ por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).
«Si supera los filtros, si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna segura y eficaz, y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato, en diciembre empezaríamos a recibir las primeras dosis», ha argumentado Illa, para zanjar asegurando que «no se va a suministrar ninguna vacuna que no supere los requisitos de seguridad y eficacia que tiene que acreditar la EMA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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