La profesión médica ha expresado rechazo frontal al Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre EE.UU. y la UE. Los médicos lo perciben como una amenaza al no haberse establecido todavía “las garantías jurídicas necesarias para preservar los servicios sanitarios públicos”. Así se señaló en una mesa redonda en el marco de la Jornada “30 años de España en la UE. Repercusiones en los Sistemas Sanitarios y en la Profesión Médica”, organizada por la OMC en la sede del Parlamento Europeo en Madrid
Madrid, 21 de septiembre 2015 (medicosypacientes.com/S.P.)
La profesión médica europea ha expresado un rechazo frontal al Tratado de Libre Comercio (TTPI) que negocian la Unión Europea y Estados Unidos. Los médicos lo perciben como una amenaza y advierten que, de momento, “no se han establecido las garantías jurídicas necesarias para preservar los servicios sanitarios públicos”. Así se puso de manifiesto, por parte de los representantes de los profesionales, durante la mesa redonda que sobre este tema se celebró en el marco de la Jornada “30 años de España en la Unión Europea. Repercusiones en los Sistemas Sanitarios y en la Profesión Médica: Retos de Futuro”, organizada el pasado viernes por la OMC en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.
Moderada por el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), el Dr. Juan Manuel Garrote, se contó con la participación del eurodiputado Ernest Urtasun, del Grupo Parlamentario Verdes/ALE; Manuel de la Rocha, secretario de economía de la Comisión Ejecutiva del PSOE; José Manuel Santos, miembro del Consejo Regional Sur de la Orden Médica de Portugal; y Paul Laffin, director de la Oficina Europea de la British Medical Asociation (BMA).
El Dr. Garrote recordó como en 2013 la Unión Europea se encomendó la tarea de establecer sendos acuerdos comerciales con Canadá (CETA) y con Estados Unidos (TTIP), cuya entrada en vigor estaba prevista en principio para 2014. Dos años después se observa como la realidad es otra y, en principio, lo que parecía ser un tratado comercial se ha ido convirtiendo en unas negociaciones muy complejas, temiéndose que acabe afectando, incluso, a los sistemas sanitarios, teniendo en cuenta la importancia que el propio ámbito de la salud genera dentro de los mercados internacionales, hasta atisbarse signos de privatización, ante lo cual recomendó “estar vigilantes ante tantos frentes abiertos”.
Lo inquietante para el secretario de la OMC es que en el texto del acuerdo se habla de elementos básicos como alimentación, regulación animal, incluso de patentes. En este último caso, y por poner un ejemplo de lo que podría ocurrir, se podría ver afectada incluso la regulación de los precios teniendo en cuenta que en EE.UU éstos no están regulados por la Administración. “Si en EE.UU. una patente de medicamentos tarda algunos años más en caducar que en Europa, en ese margen de tiempo el precio de un fármaco podría elevarse considerablemente”, según indicó.
Tras las consideraciones previas del Dr. Garrote, se dio comienzo al contenido de la mesa redonda con la intervención, en primer lugar, del eurodiputado Urtasun que celebró que el debate sobre el tratado TTIP haya transcendido hasta los Colegios Profesionales y se haya decidido en ellos revisar su contenido.
Remarcó su preocupación por el riesgo que genera el TTIP en lo concerniente al blindaje de la liberalización de servicios públicos, “a medida que se fuera produciendo dicha liberalización quedaría blindada por el propio tratado y es algo que preocupa”.
Urtasun abordó, asimismo, los riesgos del TTIP en cuanto a cooperación reguladora y mecanismos de arbitraje y aseguró que las negociaciones comerciales de la Unión Europea “afectan a las competencias comunitarias y a las de los Estados miembros, donde están englobadas parcelas como las de la sanidad y educación, entre otras”.
El secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Manuel de la Rocha, tras recordar que EE.UU. y la UE concentran el 60 por ciento del PIB mundial, el 40 por ciento del comercio mundial, y transacciones económicas de alrededor de un millón de euros anuales, se mostró convencido de que “el nivel de protección que actualmente tenemos en Europa no va a cambiar y, en ningún caso, está en juego dicha protección en lo relativo a salud, medio ambiente, seguridad de los consumidores, derechos de los trabajadores, etc. que ofrece la Unión Europea” porque, como remarcó, “son derechos irrenunciable”.
Según de la Rocha, la Comisión Europea tiene un mandato negociador claro con un límite en la rebaja de estándares básicos. En el marco de la negociación, está en estudio lo concerniente a la liberación los servicios públicos en todos los niveles de la Administración, lo que significa, a su juicio, “que no se va a poder forzar a ningún país a liberalizar lo que no quiera en cuanto a servicios públicos esenciales como la salud, la educación, medio ambiente, etc”.
El representante socialista reconoció que su formación política es partidaria de la negociación entre UE y EE.UU. pero “a partir del libre comercio, regulado con unas reglas justas, transparentes, que frenen los monopolios, que protejan sectores sensibles que no queden sometidos a la competencia”. “En ningún caso aceptaremos un acuerdo con EE.UU. que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea”, al tiempo que instó a la “máxima transparencia y rigor”.
Informó de que el pasado mes de julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre su posición ante la Comisión Europea y ante el Consejo Europeo, explicando cuáles son los márgenes aceptables para dicha negociación. Asimismo, recordó que una vez cerrada la negociación, el texto del acuerdo tiene que pasar por todos los Congresos de los Estados miembros, incluido el Parlamento europeo, lo que ratifica el proceso de garantías democráticas que acompaña al TTiP.
El representante del Consejo Regional Sur de la Ordem Médica de Portugal, Dr. José Manuel Santos, puso sobre la mesa algunos de los inconvenientes que se detectan desde la Organización a la que pertenece, y en línea con lo expresado por la Asamblea de la OMC en una Declaración sobre su posicionamiento ante el TTiP, difundida el pasado mes de febrero y en la que se alertaba de que “si la Sanidad no es excluida explícitamente de este acuerdo, podría verse afectada en tres ámbitos: en la Salud Pública, en los medicamentos y en los Servicios Sanitarios”.
Es por ello que el Dr. Santos abogó por un compromiso por escrito por parte de las autoridades europeas “que impida la liberalización de los servicios de salud y permita protege a los ciudadanos, sobre todo, a los más desfavorecidos”. Expresó su temor a que el Tratado se traduzca en un duro golpe para la Sanidad e, incluso, para la propia profesión, por lo que animó a las organizaciones médicas europeas a estar atentas a estos procesos.
El último de los ponentes, el director de la Oficina Europea de la British Medical Asociation (BMA), Paul Laffin, incidió sobre la amenaza que este Tratado representa para los servicios sanitarios, sobre todo para los países con recursos más limitados que tendrán dificultades para defender su legislación sobre sanidad pública frente a las multinacionales.
“El TTIP -según indicó- no va a impedir que los Gobiernos tomen sus medidas políticas correspondientes, pero se está dotando de unos mecanismos de protección para los inversores que pueden asustar a dichos Gobiernos. Aludió, en este sentido, y por poner sólo un ejemplo, a lo que sucedería con la industria del tabaco frente a las medidas de Salud pública adoptadas al respecto, y donde el esfuerzo regulatorio de los Gobiernos quedaría dificultado por la fuerza de las multinacionales”.
Lo que a la BMA, a la que pertenece Laffin, le preocupa del TTIP “no es que vaya a imponer una liberalización de los servicios públicos sanitarios, según nos han asegurado nuestros asesores jurídicos, sino que estas disposiciones de protección del inversor podrían poner en tela de juicio iniciativas de los Gobiernos para frenar acciones relacionadas con la comercialización de, por ejemplo, los servicios públicos de salud”.
El representante inglés instó, finalmente, a los eurodiputados a que ejerzan las presiones oportunas para dar salida a un informe que incluya dos recomendaciones básicas, por un lado, una exclusión explícita del Tratado de todo lo relacionado con la prestación de servicios públicos de Sanidad; y por otra parte, el derecho a la regulación tiene que estar en consonancia con los objetivos de salud pública. Para ello, concluyó, pidió el apoyo de la Asociación Médica Mundial y de las Asociaciones Médicas Europeas y recomendó mucha vigilancia sobre los pasos que se vayan a dar en relación a este Tratado.
