La Plataforma de Organizaciones de Pacientes manifestó ayer su acuerdo con las conclusiones del estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, realizado por los defensores del pueblo, en el que denuncian los problemas que actualmente tienen los discapacitados, enfermos mentales, menores e inmigrantes en situación irregular en estos servicios
Madrid, 30 de enero 2015 (medicosypacientes.com)
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes manifestó ayer, a través de un comunicado, su acuerdo con las conclusiones del estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, realizado por los defensores del pueblo, en el que denuncian los problemas que actualmente tienen los discapacitados, enfermos mentales, menores e inmigrantes en situación irregular en estos servicios.
Además, destacaron el «alto contenido técnico» de algunos modelos para la prestación de consentimiento informado; muestra el «escaso» avance que se ha producido en la incorporación de estándares homologados de diseño y distribución de espacios, así como en dar valor a las propuestas planteadas por los profesionales de los propios servicios y representantes de los pacientes.
También, el trabajo de los defensores del pueblo avisa de que el establecimiento de dependencias en las que permanecen los pacientes en espera de hospitalización no deben considerarse un sistema «eficaz» porque la permanencia allí de los enfermos con indicación de ingreso «perturba» la gestión del servicio.
«Valoramos y suscribimos toda las conclusiones del estudio, y de forma más particular las conclusiones sobre el funcionamiento, estructuras y determinadas carencias en medios materiales y recursos humanos de los servicios de las urgencias hospitalarias; sobre el impacto de esos servicios en la asistencia sanitaria y sobre las deficiencias existentes en los sistemas de información y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales», señaló la Plataforma, a través de su presidente Tomás Castillo.
Asimismo, dicha organización recordó que el derecho a la protección de la salud «es un derecho constitucionalmente reconocido, también en el ámbito de las urgencias hospitalarias, así como el derecho a la intimidad, a la dignidad personal y a la autonomía de cada paciente, así como el derecho a una información clínica veraz, completa y comprensible».
«La saturación de los servicios de las urgencias hospitalarias genera reclamaciones, no tanto en lo relacionado con la asistencia sanitaria sino con ámbitos que afectan a la dignidad de las personas y, en ocasiones, ocasiona problemas en lo relativo a la seguridad de los pacientes, un principio básico garantía de calidad de la asistencia sanitaria», según Castillo.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes manifiestó, finalmente, su preocupación en los supuestos de demandas que proceden de personas en situación de especial vulnerabilidad o con indicios de situaciones de riesgo o de conflicto.
