Organizaciones sanitarias, sindicales, de pacientes y sociales se han dirigido por carta a la ministra de Sanidad, Mª Luisa Carcedo, para solicitar que se contemple la Sanidad penitenciaria en el debate del Consejo Interterritorial previsto para el próximo 15 de noviembre
Como ha explicado la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas, Dra. Carmen Hoyos, su abordaje estaba previsto en el Consejo Interterritorial que había sido programado para el mes de mayo en Toledo, y que, finalmente, no se celebró. Es por ello que “hemos instado a la ministra Carcedo aunque, finalmente parece que no se ha incluido”.
Desde el punto de vista de los firmantes, también contribuirá a mejorar las condiciones en las que ejercen los profesionales sanitarios que atienden a los reclusos y homologar su situación laboral con los sistemas de salud que, actualmente, impiden una cobertura adecuada de estos puestos de trabajo.
En su opinión, “se trata de un tema que sobrepasa al ámbito sanitario y que afecta a toda la ciudadanía que va siendo consciente de la importancia que ha adquirido este problema”.
En el escrito se expone la situación límite a la que está expuesta la asistencia sanitaria que se presta a la población privada de libertad, de ahí, como se señala “la urgencia de la transferencia que, a juicio de los firmantes, va a proporcionar “una atención en igualdad de condiciones para la población reclusa en todos los aspectos: asistencial, farmacológico, epidemiológico y formativo”.
Desde el punto de vista de los firmantes, también contribuirá a mejorar las condiciones en las que ejercen los profesionales sanitarios que atienden a los reclusos y homologar su situación laboral con los sistemas de salud que, actualmente, impiden una cobertura adecuada de estos puestos de trabajo.En el escrito dirigido a la ministra Carcedo se recuerda, además, los compromisos que sobre estas transferencias han ido adquiriendo, en los últimos años tanto el Congreso como el Senado.
De cualquier forma reclaman que se cumpla con lo estipulado por la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Cohesión y Calidad, normas que contemplan la transferencia de la Sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud y a los servicios de Salud de las CC.AA.
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