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Opinión: “La realidad es que las personas discapacitadas no disfrutan de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía”

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, Tomás Castillo, explica que para abordar la discapacidad se han buscado soluciones que han apartado a muchas de estas personas de la convivencia con los demás, creando centros educativos especiales, de empleo, residencias para ?discapacitados? que les apartan como un grupo diferente

Madrid, 3 de diciembre de 2008 (medicosypacientes.com)

Tradicionalmente hemos mantenido con las personas con discapacidad una doble moral, por un lado compasiva y a su vez, inconscientemente, marginadora. Sus limitaciones han generado en nosotros con frecuencia pena por su desgracia, solidarizándonos con su situación para que reciban la atención que merecen. Pero, por otro lado, hemos buscado soluciones que han apartado a muchas personas de la convivencia con los demás, creando centros educativos especiales, de empleo, residencias para ?discapacitados?. Aún hoy muchos niños y niñas, desde su nacimiento, reciben un trato diferente por tener una discapacidad.

Quizá nos ha llevado a esta situación ver a las personas con discapacidad como un grupo de personas diferentes, como si la discapacidad no tuviera que ver con nuestras vidas más allá del compromiso de solidarizarnos, como si fuera un problema de otros. Por fortuna hoy entendemos que la discapacidad es un fenómeno común a la vida de casi todas las personas, porque vamos a conocerla, a tenerla presente, en uno u otro momento de nuestra vida, si tenemos la suerte de conocer la ancianidad; ya que casi todas las personas de avanzada edad conviven con la discapacidad que produce la pérdida de visón, de audición, de movilidad, etc.

Celebramos este Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una buena noticia: la celebración del Primer Periodo de Sesiones de la Conferencia de Estados Partes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en la que España ha sido elegida miembro del Comité. Ya el Gobierno había participado en su elaboración y aprobación, siendo uno de los 136 estados firmantes. La Convención, lejos de ser una declaración de derechos, un documento muy grandilocuente pero sin fuerza ejecutiva, es un tratado, y como tal se incorpora al ordenamiento jurídico de los 41 estados cuyos parlamentos la han ratificado, como es el caso de España, hace hoy un año.

Nuestro país ha desarrollado durante los últimos años legislación para proteger derechos de la personas con discapacidad como la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 2003; y recientemente la protección de los derechos subjetivos que asisten a las personas que precisan de la ayuda de otras para sus actividades cotidianas, recogidos en la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de Dependencia de 2006.

Sin embargo, la realidad es que todavía muchas personas no pueden hacer las mismas cosas que los demás por tener una discapacidad. Ejemplos nos encontramos a diario cuando aún se tienen serias dificultades para acceder a numerosos trenes, viéndose en la necesidad de coger un taxi adaptado, con un gasto muy superior al de cualquier otro viajero. Las escaleras de muchos edificios públicos siguen impidiendo que todas las personas puedan hacer las gestiones que necesitan ante la Administración. Bastantes de nuestros mayores no pueden salir de sus casas, al vivir en pisos superiores de edificios que no cuentan con ascensor. Miles de personas con enfermedades crónicas discapacitantes ven limitada su vida personal y social por falta de apoyos. Aún existen centros donde se vulnera sistemáticamente, y sin ser conscientes probablemente, el derecho a la intimidad, a decidir por uno mismo, a administrar el dinero propio, etc.

La Convención no viene a reconocer nuevos derechos de las personas con discapacidad, ni a otorgar derechos diferentes a los que disfruta el conjunto de la población. Su misión es la de proteger los derechos humanos que asisten a todos: el derecho a vivir en la comunidad, y no ser apartado de los hermanos, de los vecinos; el derecho a recibir una educación en la misma escuela a la que acuden todos los niños y niñas; el derecho a tener un trabajo, y una formación que permita acudir al mercado laboral; el derecho a contar con unos recursos que eviten situaciones de pobreza, al acceso a los lugares públicos, a tener una vida independiente; el derecho al respeto a la privacidad? Estos derechos son exigibles por las personas, y el Comité de seguimiento de la Convención recientemente nombrado velará por el cumplimiento de este tratado.

La persona con discapacidad pasa de ser receptora de servicios que la sociedad prestaba, según sus recursos o conciencia del problema, a que se le reconocen plenos derechos. Es desde este nuevo paradigma de ejercicio de derechos de ciudadanía como se plantea la nueva y prometedora etapa que iniciamos. Debemos comenzar para ello informándonos de los derechos que nos asisten cuando tenemos una discapacidad, y cómo ejercerlos. La Convención de Naciones Unidas es seguramente una gran oportunidad para las 650 millones de personas con discapacidad que hay en el Mundo.

Tomás Castillo Arenal, director gerente de Amica y presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística

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