Más de 6.000 personas pertenecientes al ámbito sanitario y educativo, además de funcionarios de la Junta de Andalucía se concentraron ayer martes ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en protesta contra el plan de ajuste y los «recortes» llevados a cabo por el Gobierno andaluz, en lo que será la primera acción de un calendario de movilizaciones en el que no descartan «nada», incluidos paros, huelgas o medidas judiciales
Sevilla, 13 de junio 2012 (medicosypacientes.com/E.P.)
Más de 6.000 personas pertenecientes al ámbito sanitario y educativo, además de funcionarios de la Junta de Andalucía se concentraron ayer martes ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en protesta contra el plan de ajuste y los «recortes» llevados a cabo por el Gobierno andaluz, en lo que será la primera acción de un calendario de movilizaciones en el que no descartan «nada», incluidos paros, huelgas o medidas judiciales.
Según fuentes sindicales, la acción se desarrolló con normalidad y sin incidentes, durante la misma se han hecho marchas alrededor de San Telmo, incluido un corte de tráfico del Paseo de las Delicias, que se realizó durante «breve tiempo».
Las movilizaciones fueron convocadas por los sindicatos Faspi Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrados por Safja, Sindicato Médico (SMA) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía; por la FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), formada por Satse (Sindicato de Enfermería) y ANPE-Sindicato Independiente; así como la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería (USAE), integrado por SAE (Sindicato de Auxiliares de Enfermería) y FATE (Federación Andaluza de Técnicos Especialistas).
Todos los representantes sindicales apuntan una serie de medidas de ajuste alternativas a los «recortes» salariales de los empleados públicos, ente ellas la reducción del 50 por ciento de altos cargos en la administración andaluza; la eliminación de los asesores de confianza de los altos cargos; eliminación de los puestos de libre designación; reducción de consejerías y direcciones generales; reducción «drástica» de gastos de protocolo; vuelta al sistema de fiscalización previa por la Intervención General de todos los gastos ocasionados en el sector público.
Los sindicatos convocantes también demandan el establecimiento de un tope anual a los emolumentos totales recibidos por los altos cargos y fortalecimiento de las garantías de publicidad y transparencia; eliminación de la ‘Administración paralela’ en la Administración General de la Junta; eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de empresarios; persecución del fraude fiscal en la Comunidad; reducción drástica de los planes y programas que «desangran el presupuesto público sin obtener resultados satisfactorios»; y una reducción «drástica» de las partidas millonarias destinadas a propaganda institucional.
