Más de 60 organizaciones y plataformas del ámbito social, profesional y científico hiceron ayer público un manifiesto, en que piden la derogación del R.D. 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
Madrid, 1 de octubre 2014 (medicosypacientes.com)
Más de 60 organizaciones y plataformas del ámbito social, profesional y científico hiceron ayer público un manifiesto, en que piden la derogación del R.D. 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El manifiesto está firmado por entidades sin ánimo de lucro como Amnistía Internacional, Cáritas Española o Médicos del Mundo, y sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFyC) o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
Todas las organizaciones firmantes han exigido al Gobierno que derogue la reforma sanitaria puesta en marcha hace dos años por el Ministerio de Sanidad y elabore una nueva Ley de Sanidad que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud (SNS) «universal, de calidad, y sostenible».
Según han denunciado, con la reforma impulsada por la ministra del ramo, Ana Mato, la asistencia sanitaria «dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado», lo que propició que al menos 873.000 personas hayan perdido ese derecho.
«Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos», ha recordado.
Además, denuncian que la diferente aplicación de la reforma por las comunidades y la «disparidad de criterios en la aplicación» por parte de los centros sanitarios ha «deteriorado aún más» la cohesión territorial, y «ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo».
De hecho, aseguran que incluso en aquellos supuestos en los que se reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias) se han originado «numerosos casos de desatención», sin que a su juicio se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
Después de que varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa hayan subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos y de que hasta la fecha no se haya publicado ningún cálculo sobre el ahorro que ha generado la reforma, piden su derogación y la elaboración de una nueva norma que «nazca de un amplio consenso» con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas.
En ella, según piden, deberían establecerse las condiciones para un SNS universal, de calidad, y sostenible «sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente».
Además, cree que debe «garantizar el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la OMS».
Se adjunta manifiesto.
