La universalidad del SNS aún no ha llegado a la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad, tal como constatan los responsables de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, quienes llevan casi una década luchando para la integración de este tipo de asistencia y de sus profesionales en la Sanidad pública. Un tema enquistado desde hace años para el que se buscan vías de solución desde todos los frentes. El último ha sido recurrir a la profesión médica. Así, han celebrado, recientemente, una reunión tripartita con el representante nacional de médicos de Administraciones Públicas de la OMC y con el secretario general de la CESM, decidiéndose trasladar también esta problemática al Foro de la Profesión Médica
Madrid, 15 de junio 2010 (medicosypacientes.com)
La Sanidad Penitenciaria continúa siendo una isla en lo que respecta a la asistencia sanitaria que se presta al conjunto de la población española, pese a que hay un mandato expreso en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de 2003 en la que se establece taxativamente la integración de ésta en el marco del SNS, bajo el marco de la universalidad, y para la que se establecía, incluso, un plazo de integración de 18 meses. Sin embargo, y lejos de esa integración, hasta el momento han sido escasas las acciones emprendidas para hacer efectiva su incorporación, a excepción de las reivindicaciones lanzadas desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESPS) y de las múltiples reuniones que sus representantes han venido celebrando con las autoridades sanitarias con escasos resultados, hasta el momento.
Es por ello, y tras este periplo, la SESP ha decidido promover nuevos movimientos, como la reunión tripartita celebrada la pasada semana conjuntamente con la Organización Médica Colegial y con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). La finalidad, promover nuevas acciones necesarias para urgir a las autoridades sanitarias el traspaso desde el Ministerio del Interior, que es del que depende todo este dispositivo sanitario.
Tal como ha informado a «Medicos y Pacientes» el representante nacional doctor Antonio Fernández-Pro, ?se trata, sin duda, de una situación enquistada y difícil, sin que se llegue a obtener soluciones por parte de las Administraciones. Pertenecer aún al Ministerio del Interior supone para este tipo de asistencia una dependencia jerárquica sin que se pueda llegar a conocer a fondo todas sus connotaciones». Es por ello -como prosigue- que se ha decidido iniciar una serie de acciones a nivel de la profesión médica?. Además, de acordarse una agenda de trabajo, también se acordó trasladar el asunto al Foro de la Profesión Médica.
Los médicos de prisiones son funcionarios de la Administración general del Estado, sometidos a la Ley 30/1984 de Medidas para la reforma de la Función Pública, y a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La única excepción son los médicos de las prisiones catalanas que se rigen por normativa específica al tener esta comunidad autónoma transferidas competencias plenas en materia penitenciaria.
La asistencia sanitaria a personas privadas de libertad depende, por tanto, de una estructura no sanitaria, habiendo reconocido, no en pocas ocasiones, no ser capaz de soportar por sí sola una adecuada protección de la salud de la población reclusa, un grupo, por otra parte, con una alta prevalencia de patologías muchas veces difíciles. Las consecuencias de la actual situación se traducen en que la asistencia que reciben, muchas veces, no es la equivalente a la ofrecida al conjunto de la población general. La desigualdad se extiende a los profesionales que la prestan, al estar aislados de sus respectivos colectivos y ejercer su labor en unas condiciones distintas a las de sus compañeros.
Necesidad ética y legal
I Jornada de Sanidad
Penitenciaria, en la OMC.
Durante la reunión se hizo repaso, a su vez, a las conclusiones extraídas de la I Jornada de Sanidad Penitenciaria que tuvo lugar el pasado mes de marzo en la sede de la OMC. Dichas conclusiones están consideradas como la base de diálogo y carta de presentación ante los diversos agentes politico-administrativos responsables de las transferencias demandadas, y como documento base para las gestiones a realizar de forma conjunta por la OMC y la SESP.
De la síntesis de estas conclusiones cabe destacar que la transferencia de competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas y su integración en el área de atención primaria de los respectivos entes autonómicos del SNS, es una necesidad ética y legal y debe ser, por tanto, una prioridad política para todas las administraciones implicadas en este asunto, que deben hacer todos los esfuerzos a su alcance para hacerla realidad en el plazo más breve posible.
Asimismo, se considera una reivindicación de los profesionales sanitarios penitenciarios, y también de la OMC, que ve en ella el medio más idóneo para mejorar la calidad de las prestaciones actuales del sistema penitenciario, tanto en la atención a los pacientes como en la equiparación de las condiciones profesionales de los sanitarios de Instituciones Penitenciarias con las de sus compañeros de los sistemas asistenciales de las diferentes comunidades autónomas. Además, con la culminación de este proceso, se daría cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que contiene un mandato expreso en este sentido.
El documento de conclusiones se puede consultar a pie de página
