La profesión médica reclama una reforma urgente de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), aprobada en 2003, para adaptar la regulación profesional a la evolución de la medicina y a las necesidades actuales del sistema sanitario.
Esta fue una de las principales conclusiones de la mesa sobre la profesión médica ante la reforma de la LOPS, moderada por Ofelia de Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).
El encuentro reunió a Ana Pastor, exministra de Sanidad; Ignasi Pidemall, director jurídico del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (CoMB); Rafael Bengoa, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y exdirector de Sistemas de Salud de la OMC, y Mercedes Guerra, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
Los participantes coincidieron en que la reforma no debe limitarse a modificar determinados artículos o actualizar la nomenclatura de las profesiones, sino que debe abordar una revisión profunda del modelo de ordenación profesional. Entre las prioridades señalaron la delimitación de competencias, la actualización de los programas formativos, el reconocimiento de la profesión médica, la carrera profesional y la planificación de los recursos humanos.
Ana Pastor: «Hay que reformar la LOPS desde el consenso«
La exministra de Sanidad Ana Pastor defendió la necesidad de revisar la ley, pero recordó que una parte importante de sus previsiones continúa sin desarrollarse más de veinte años después de su aprobación.
Pastor destacó que la LOPS de 2003 fue fruto de un amplio consenso entre las administraciones, los profesionales sanitarios y las sociedades científicas. Un modelo de diálogo que considera imprescindible recuperar para afrontar la nueva reforma.
Durante su intervención, repasó algunos de los principales desarrollos normativos derivados de la ley, como la regulación de la relación laboral especial de residencia, la formación sanitaria especializada, los diplomas de acreditación y la creación de nuevas especialidades. Sin embargo, advirtió de que su desarrollo ha sido desigual e insuficiente. Entre las principales asignaturas pendientes situó la carrera profesional, que presenta 17 modelos diferentes, uno por comunidad autónoma, sin criterios comunes suficientemente definidos ni mecanismos homogéneos de reconocimiento.
También denunció el escaso desarrollo del título dedicado al ejercicio privado, que contempla cuestiones relacionadas con los registros, la transparencia y el aseguramiento de la responsabilidad profesional.
Especial preocupación mostró por el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Pastor reclamó disponer de una herramienta fiable que permita conocer cuántos profesionales hay, dónde trabajan y cuándo se jubilan. Sin esta información, advirtió, resulta difícil planificar las necesidades de especialistas y garantizar la movilidad profesional y la seguridad del paciente. La exministra atribuyó el insuficiente desarrollo de la norma a tres factores: las dificultades competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, la falta de recursos económicos y la pérdida de prioridad política de los desarrollos reglamentarios.
Como propuestas para la reforma, planteó establecer un calendario obligatorio de desarrollo, una memoria económica, una certificación profesional, una carrera común reconocida en todo el país, un registro único e interoperable y una delimitación clara de las funciones profesionales. Su mensaje final fue una reivindicación del consenso: la reforma debe construirse con los profesionales y con el conjunto de las fuerzas políticas.
Actualizar los programas formativos.
La presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, Mercedes Guerra, trasladó la posición de las comisiones nacionales y defendió que cualquier modificación de la LOPS debe contar con la participación efectiva de los profesionales.
Guerra consideró evidente que una ley aprobada en 2003 necesita adaptarse a los avances científicos, tecnológicos y asistenciales, pero advirtió de los riesgos de introducir cambios sin escuchar previamente a quienes conocen la evolución de las especialidades. Uno de los aspectos que más preocupación genera es la delimitación competencial. La presidenta del Consejo alertó de que no todos los títulos de grado pueden equipararse sin tener en cuenta su duración, carga lectiva, formación y responsabilidad profesional.
En cuanto a las especialidades, defendió que el primer paso debe ser actualizar los programas formativos existentes, algunos de los cuales llevan años sin revisarse y no reflejan la realidad asistencial actual.
«Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en nuestra casa», señaló, antes de plantear la creación de nuevas especialidades. A su juicio, es necesario conocer qué competencias están cubiertas y qué necesidades asistenciales siguen sin respuesta.
Asimismo, apostó por desarrollar los diplomas de acreditación y acreditación avanzada como herramientas para reconocer ámbitos de mayor especialización dentro de las propias disciplinas.
La equidad territorial fue otro de los puntos destacados de su intervención. Guerra recordó que existen comunidades autónomas cuyos hospitales públicos carecen de especialidades ya reconocidas y consolidadas en otros territorios, como Geriatría o Cirugía Vascular. La futura reforma, defendió, debe evitar que el lugar de residencia determine el acceso de los pacientes a determinados especialistas.
También reclamó que los informes del Consejo Nacional de Especialidades tengan mayor consideración en la toma de decisiones y que se refuerce su papel asesor.
El riesgo de abordar la ordenación profesional desde el Estatuto Marco
Desde una perspectiva jurídica, Ignasi Pidemall defendió la necesidad de diferenciar la ordenación de las profesiones sanitarias de la regulación de sus condiciones laborales.
El director jurídico del CoMB recordó que la Constitución distingue el derecho al trabajo, recogido en el artículo 35, de la ordenación de las profesiones tituladas, contemplada en el artículo 36. Una diferenciación que, a su juicio, debe mantenerse en el desarrollo normativo sanitario. En este contexto, alertó del riesgo de que cuestiones esenciales de la LOPS terminen abordándose a través del Estatuto Marco, cuya finalidad principal es regular las condiciones laborales del personal estatutario.
Pidemall consideró que las competencias, la formación, la responsabilidad clínica y el reconocimiento de las profesiones deben permanecer en el ámbito propio de la ordenación profesional, sin quedar subordinados a la negociación laboral.
Sobre la delimitación de funciones, defendió mantener el modelo de la ley de 2003, basado en definiciones generales y en el trabajo en equipo interdisciplinar. Consideró que cualquier modificación debe responder a consensos amplios y evitar conflictos entre profesiones.
También planteó la necesidad de adaptar la normativa a la incorporación de nuevos perfiles en los equipos asistenciales, como ingenieros biomédicos, profesionales tecnológicos, trabajadores sociales y asistentes clínicos, estableciendo criterios claros para su participación y acceso a la información sanitaria.
En relación con el ejercicio privado, reclamó una regulación más específica de las relaciones contractuales entre los profesionales sanitarios y las entidades aseguradoras, con el objetivo de corregir posibles desequilibrios y reforzar la seguridad jurídica.
Por su parte, Rafael Bengoa amplió el debate más allá del contenido de la ley y advirtió de que la reforma de la ordenación profesional debe acompañarse de una transformación del propio sistema sanitario. El exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco señaló que el modelo actual afronta problemas de sostenibilidad, desmotivación profesional y excesiva burocratización. También apuntó a la falta de continuidad asistencial y a la fragmentación entre Atención Primaria, hospitales y servicios sociosanitarios. Bengoa defendió que los médicos deben recuperar protagonismo en la organización y gestión del sistema. En este sentido, introdujo la importancia del liderazgo clínico como herramienta para que los profesionales participen en las decisiones estratégicas junto a gestores y responsables políticos. A su juicio, no basta con contar con buenos profesionales desde el punto de vista asistencial sino que es necesario que dispongan de capacidad de influencia para contribuir a transformar las organizaciones sanitarias. El exconsejero también insistió en que la sostenibilidad requiere nuevos modelos asistenciales, innovación y una mejor utilización de los recursos, con el objetivo de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.
