En el marco de la IX Convención de la Profesión Médica, la Organización Médica Colegial (OMC) ha celebrado la mesa “Colegiación y garantía profesional en contexto transfronterizo” en la que los expertos han abordado los retos que plantea la creciente movilidad internacional de médicos, las dificultades para verificar su habilitación profesional y la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y los mecanismos de control de los colegios de médicos para garantizar un ejercicio profesional seguro y proteger a los pacientes.
La mesa ha estado moderada por la Dra. M.ª Isabel Moya García, secretaria general de la Organización Médica Colegial (OMC). Asimismo, ha contado con la participación de la Dra. Eva García Camacho, secretaria general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo; M.ª José del Olmo Toribio, coordinadora nacional del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) del Ministerio de Política Territorial; el Dr. Francisco Sevilla Pérez, exconsejero de Sanidad de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (2008-2022); Luis Calvo Sánchez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos y vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), y Alfonso Atela Bilbao, codirector de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Bizkaia y secretario general de la AEDS.
Mª. Isabel Moya: «La titulación oficial habilitante es una condición necesaria, pero no suficiente para ejercer la Medicina»
En primer lugar, M.ª Isabel Moya ha recordado que la titulación oficial habilitante es necesaria, pero no suficiente para ejercer la Medicina, ya que la colegiación es un requisito indispensable. «Los colegios de médicos tenemos esta responsabilidad delegada por el Estado español y, por lo tanto, debemos verificar los requisitos indispensables para ejercer la Medicina», ha afirmado. Entre ellos, ha señalado disponer de la titulación correspondiente, no estar sujeto a ninguna suspensión o inhabilitación profesional por resolución firme o sentencia judicial y contar con un seguro de responsabilidad profesional vigente cuando se ejerce en el ámbito privado.
La secretaria general de la OMC ha subrayado que la labor de los colegios no termina con la comprobación de los requisitos de acceso, sino que debe extenderse a todo el ejercicio profesional. «No solamente importa comprobar los requisitos de acceso, sino también garantizar que durante el ejercicio profesional estos requisitos se cumplen», ha señalado. En este sentido, ha advertido de las dificultades que plantea la creciente movilidad internacional, especialmente para verificar la habilitación y la ausencia de sanciones de médicos procedentes de terceros países. «Los colegios afrontan mayores dificultades para verificar las condiciones de ejercicio en un marco de inseguridad jurídica y, en ocasiones, de limitaciones de nuestra propia capacidad de actuación».
Dra. Eva García Camacho: “No puedes colegiar a un médico sin certificado de idoneidad profesional”
La Dra. Eva García Camacho, secretaria general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COM Toledo), ha señalado que uno de los principales obstáculos que encuentran en los procesos de colegiación de médicos procedentes de otros países es la obtención del certificado de idoneidad profesional. “Este certificado es imprescindible. No hay alternativa: no puedes colegiar a un médico, aunque el resto de los requisitos o de la documentación sean correctos, si no tenemos este certificado y no está en vigor», ha afirmado.
En este sentido, ha precisado que las dificultades no suelen encontrarse en la acreditación de la identidad mediante el DNI o el NIE, ni en la presentación del título, que generalmente está homologado y apostillado. El problema surge especialmente en aquellos países donde los médicos no pueden obtener el certificado de vida profesional por diferentes motivos y no existe un procedimiento claro que permita resolver estas situaciones. «Por nuestra parte, no conocemos una alternativa real a ese certificado. La declaración jurada que se plantea en algunos casos no es un documento válido», ha advertido.
Alfonso Atela: “Cuando colegiamos a un médico o a una médica no le incluimos en un colegio, lo integramos en el Consejo General, en la Organización Médica Colegial«
Por su parte Alfonso Atela, codirector de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Bizkaia. Secretario General de la AEDS ha defendido la necesidad de abordar la colegiación de médicos extracomunitarios desde una perspectiva global. «Cuando colegiamos a un médico o a una médica no le incluimos en un colegio, lo integramos en el Consejo General, en la Organización Médica Colegial, en todo el Estado y en todo el territorio. Esta es la primera idea que quiero transmitir: no es un problema de Vizcaya, de Toledo o de cualquier otro colegio, es una cuestión que nos afecta a todos», ha señalado.
Durante su intervención, ha explicado que la normativa europea contempla mecanismos alternativos para acreditar la situación profesional de los médicos comunitarios cuando las autoridades de sus países no pueden emitir los certificados correspondientes. Sin embargo, ha precisado que esta solución no está expresamente prevista para los profesionales extracomunitarios. En este sentido, ha valorado positivamente el procedimiento alternativo aprobado por la Asamblea de la OMC.
Asimismo, ha destacado la importancia de que los profesionales autoricen expresamente a los colegios y al Consejo General a realizar las comprobaciones necesarias en su nombre ante las autoridades de sus países de origen. A su juicio, esta medida permitiría verificar directamente la información aportada y evitar posibles situaciones de fraude o falta de transparencia en la acreditación de la habilitación profesional.
M.ª José del Olmo: «El IMI surge para crear una cooperación entre los distintos países y poder resolver dudas, desde si una profesión es regulada, si un título es verdadero o falso o a qué profesiones puede dar derecho”
M.ª José del Olmo Toribio, coordinadora nacional del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) del Ministerio de Política Territorial, ha explicado el funcionamiento de esta herramienta informática europea, que facilita la cooperación administrativa entre los Estados miembros y otros países del Espacio Económico Europeo para resolver dudas y verificar información relacionada con el ejercicio de profesiones reguladas, entre ellas la Medicina.
El sistema IMI, operativo desde 2008, permite a las autoridades competentes de los distintos países intercambiar información de forma directa, sin intermediarios, cuando existen dudas sobre la documentación presentada por un profesional que desea ejercer en otro Estado. En el ámbito de las cualificaciones profesionales, cuenta con dos mecanismos principales: las solicitudes de información y las alertas.
«El IMI surge para crear una cooperación entre los distintos países y poder resolver dudas, desde si una profesión es regulada, si un título es verdadero o falso o a qué profesiones puede dar derecho, hasta si un profesional tiene alguna sanción. Nos permite consultar directamente de autoridad a autoridad cuando tenemos dudas razonables sobre la documentación que nos ha llegado», ha explicado.
Del Olmo Toribio ha destacado que esta herramienta permite adaptar las consultas a la organización territorial de cada Estado y facilita localizar a las autoridades competentes, incluso cuando no se conoce de antemano el interlocutor adecuado. Además, ha diferenciado las solicitudes de información de las alertas, que se activan cuando existe una resolución firme, administrativa o judicial, de inhabilitación profesional o cuando se detecta un título falsificado.
Dr. Francisco Sevilla Pérez: “Hay que disponer de sistemas de información que permitan conocer los antecedentes profesionales de quienes solicitan trabajar en otro país”
El Dr. Francisco Sevilla Pérez, exconsejero de Sanidad de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (2008-2022), del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha señalado que las dificultades relacionadas con la acreditación y el control del ejercicio profesional de médicos extracomunitarios constituyen una problemática compartida por todos los países de la Unión Europea.
«Estamos ante una problemática compartida en toda la Unión Europea, pero su resolución es nacional. La Unión Europea puede ayudarnos y facilitarnos herramientas, pero es un trabajo interno que corresponde tanto al Consejo como a los colegios y, si fuera necesario, a la legislación», ha afirmado.
En este sentido, ha destacado que el principal objetivo de las políticas europeas debe ser garantizar que los profesionales sanitarios cuenten con las competencias y cualificaciones necesarias para ejercer, sin centrar todos los esfuerzos únicamente en detectar posibles casos de mala praxis o irregularidades.
«Creo que hay que tener sistemas de información y, probablemente, dentro de la directiva relativa a los extracomunitarios haya que establecer algunas cautelas adicionales: quien quiera venir a trabajar a la Unión Europea debe demostrar que es un excelente profesional, que ha adquirido las competencias y cualificaciones necesarias, pero también se debe poder conocer si ha tenido algún problema en el ejercicio profesional», ha explicado.
Luis Calvo Sánchez: Los colegios pueden recurrir a medidas provisionales para suspender el ejercicio profesional en casos excepcionales”
Luis Calvo Sánchez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos y vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), ha planteado la posibilidad de que los colegios de médicos recurran a las medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común para actuar ante situaciones de posible inhabilitación profesional sobrevenida, mientras se resuelve el procedimiento correspondiente.
El experto ha señalado que, aunque existe incertidumbre jurídica sobre algunos de los efectos de las inhabilitaciones reconocidas en otros países, considera que deben tenerse en cuenta también cuando se producen después de la incorporación del profesional a la corporación. «No tiene ningún sentido que nosotros supeditemos el ingreso en la corporación a la comprobación de la inexistencia de una situación de inhabilitación y, sin embargo, no tengamos en consideración si esa situación es sobrevenida. Yo me inclino a pensar que sí tiene su eficacia», ha explicado, aunque ha pedido cautela en la interpretación jurídica de esta cuestión.
