La Coordinadora Estatal de VIH/sida CESIDA, presenta una guía para recurrir en contra de la Administración cuando ésta vulnera los derechos de estos enfermos
Madrid, 23 de octubre de 2008 (redacción)
Los ámbitos donde existe mayor discriminación con los enfermos de sida son el sanitario y el laboral, según el informe de la Fundación para la Investigación y Prevención del Sida (FIPSE) y del que se hace eco la Coordinadora Estatal de VIH/sida CESIDA.
Este informe muestra que, pese a todos los avances que se han registrado en el tratamiento de la enfermedad, sigue habiendo rechazo y huella con estos pacientes, incluso desde las instituciones de la Administración.
En este sentido, recuerdan que el papel de la Administración, como poder público, es de gran relevancia en el tratamiento y protección de las personas con VIH, a la hora de satisfacer los servicios básicos y fomentar la eficacia de estas prestaciones.
Además, recuerda CESIDA, la consecuencia inmediata de este tipo de discriminaciones es la ocultación de la infección por parte de la persona afectada. Aparte, el estigma produce estrés y puede limitar el acceso a recursos como la salud, la vivienda, la educación y el trabajo.
A esta situación hay que añadir, como señala el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, Antonio Fortes, que «los afectados carecen por completo de los mínimos conocimientos legales para saber ante quién y cómo presentar una reclamación en caso de discriminación».
En cada uno de los sectores que se observan en el estudio – educación, salud, vivienda y administración de prisiones -, se pueden dar múltiples situaciones y problemáticas que, en la mayor parte de los casos, «responden a la denegación o no concesión por parte de la Administración de una prestación pública por la única razón de estar el interesado o solicitante afectado por VIH», explica Fortes.
Aunque no se dispone de un registro oficial, el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida, durante el año 2007 recibió más de un centenar de solicitudes de ayuda. Según el presidente de CESIDA, Santiago Pérez, esta cifra corresponde sólo a los casos que llegan a las entidades, «ya que muchas situaciones de discriminación son ocultadas por las personas damnificadas por temor o falta de recursos personales». Por este motivo, señaló que es indispensable contar con herramientas que ayuden a «sacar a la luz situaciones invisibilizadas de discriminación».
Conscientes de este problema, CESIDA, puso en marcha el programa de Clínica Legal, subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid; y, ahora, gracias al apoyo de la compañía biomédica Pfizer, publica la ‘Guía de Capacitación Legal. Vías de impugnación ante las Administraciones’, con la que se pretende asesorar a estos pacientes sobre los medios recursos de impugnación que tienen si son discriminados por la Administración.
«Esta pequeña guía constituye sólo la primera piedra de un complejo edificio que está aún por construirse. No podemos pretender que un afectado se convierta en su propio abogado, pero sí que le podemos ayudar y orientar con un mínimo conocimiento imprescindible de la normativa que resulta aplicable y del órgano dentro de la Administración al que presentar un recurso o, en su caso, una reclamación en las situaciones de discriminación que puedan darse», señala Fortes.
