La Asociación Española de Neurospiquiatría, haciéndose eco del sentir de muchas Asociaciones de familiares de personas con trastorno mental grave que demandan una modificación del baremo que recoja la realidad diaria de estos enfermos, se ha dirigido a la OMC para expresarle su preocupación ante la percepción que se tiene del alejamiento al que están siendo sometidos estos pacientes con respecto a lo establecido en la vigente Ley de Dependencia
Madrid, 30 de octubre 2008 (Redacción)
La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) se ha dirigido a la Organización Médica Colegial para expresarle su preocupación por percibir cómo el ámbito relacionado con las personas con enfermedad mental grave y persistente está alejado de la construcción del sistema estatal de Atención a la Dependencia, y en el que formalmente se recoge, como se recuerda desde esta Asociación, que ?uno de los colectivos beneficiarios son las personas con este tipo de trastornos?.
Ante esta percepción por parte de la AEN, lo que se persigue es introducir modificaciones aprovechando a probable revisión del baremo correspondiente sobre los grados de dependencia, y la aplicación de la ley ?para mejorar la calidad de vida de las personas y familias afectadas por este tipo de enfermedades graves?.
Para esta Asociación existen tres factores en torno a la normativa vigente que no pueden escapar ante la opinión pública. Por una parte, ?una más que dudosa sostenibilidad económica, tal como apuntan muchas de las opiniones de cualificados expertos?; por otra parte, ?el escaso porcentaje de ciudadanos aquejados de enfermedades mentales graves que serán beneficiarios por los propios criterios manejados en la ley. Un tercer elemento tiene que ver con ?un baremo nada favorable a los factores y variables de índole psicológico, sino a los de origen físico, relacionados con la autonomía personal entendida como la capacidad para realizar tareas?.
Y es que desde la AEN se piensa que con el baremo vigente, las personas con una enfermedad mental grave ?no parecen tener ningún tipo de discapacidad, aunque oficialmente se les haya reconocido previamente la condición de minusvalía por el IMSERSO?. A esta Asociación le da la sensación que ?no se está teniendo en cuenta que sus dificultades proceden de la confluencia multifactorial?, donde, como recuerdan, ?el entorno social y comunitario juega un importante papel como precipitante o protección si se proporcionan los apoyos y soportes suficientes a la persona?.
A ello suma, finalmente, los riesgos que podrían generarse a partir de la Ley «ante el crecimiento desmesurado de entidades lucrativas que, en pro de proporcionar servicios y programas que respondan a las necesidades de los PIA, no reconozcan ni atiendan la especificidad sanitaria y clínica que requiere la atención de estas personas».
