La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso para adaptar las prácticas universitarias de titulaciones de Ciencias de la Salud, entre ellas Medicina, al nuevo marco legal, lo que implicará, entre otras medidas, que los alumnos de estos títulos en universidades privadas que inicien sus estudios a partir del curso 2016-2017 no podrán hacer las prácticas en hospitales de la red pública
No obstante, para que “ningún alumno con estudios ya iniciados se vea perjudicado” se habilitarán fórmulas transitorias de colaboración para que pueda completar la formación en hospitales públicos mediante acuerdos que se firmarán entre las instituciones de educación superior públicas privadas. “Ningún estudiante se quedará sin poder acabar su carrera”.
Así aseveraron los consejeros de Sanidad Universal y Educación, Carmen Montón y Vicent Marzà, respectivamente, que han dado a conocer la medida. Ambos defendieron que, de esta forma, el Gobierno valenciano “cumple la legalidad” y “pone orden en el caos administrativo heredado de la anterior administración” del PP, en la que se estaba produciendo una situación “irregular” con “convenios caducados” con centros privados y funcionarios públicos que no estaban cumpliendo la Ley de incompatibilidades al utilizar horas de su trabajo en el sistema de salud público para tutorizar a alumnos de una universidad privada.
Además, detallaron que esta nueva ordenación de las prácticas –que afecta a Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología Clínica, Biotecnología y Farmacia– emana del Real Decreto 420/2015 de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, que modifica el marco legal en la regulación de esta actividad formativa.
Así, establece, entre otros aspectos, que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto con una única universidad para impartir formación en una misma titulación. Eso ha propiciado que la Generalitat haya comunicado la denuncia de todos los convenios vigentes entre la administración y las universidades para elaborar unos nuevos acuerdos.
El resultado será que el alumnado de la pública hará prácticas en centros públicos –la adscripción se decidirá teniendo en cuenta factores como la distribución territorial– mientras que, en el caso de la privada –alguna de las titulaciones se imparten en la Cardenal Herrera CEU, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Europea-, la ley “no permite” que sus alumnos reciban prácticas en centros públicos supervisados por profesionales sanitarios de la Consejería de Sanidad por lo que las universidades de esa titularidad deberán llegar a acuerdos con los hospitales privados o con concesión de gestión privada que estén acreditados para docencia universitaria.
Convenios con las universidades públicas
En este punto, Carmen Montón precisó que los convenios con las universidades públicas “sí cumplían la legalidad”, por lo que solo se tratará de adaptarlos a la nueva legislación, pero en el caso de las universidades privadas “se han observado graves irregularidades” y falta de “fundamentación legal” al no constar la participación de la Consejería de Educación, la competente –que además no dispone de un registro de alumnado de las universidades privadas en los centros públicos– o “invadir competencias estatales”.
“La legislación es muy clara. La figura de tutor de prácticas está muy delimitada y solo tiene cabida entre entidades públicas. Por tanto, a pesar de que esta irregularidad se ha venido permitiendo de forma reiterada con sorprendente normalidad, es manifiestamente anómalo que una universidad privada contrate a un profesional sanitario para impartir docencia a sus alumnos durante su horario de trabajo y en un centro público. No se ajusta a la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”, afirmó Montón.
