Los ajustes en Sanidad y Educación «no pueden mermar los derechos fundamentales de las personas sordas», según ha alertado la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) con motivo de la celebración del día internacional de este colectivo, que se celebra el próximo sábado, 29 de septiembre
Madrid, 28 de septiembre de 2012 (medicosypacientes.com)
Los ajustes en Sanidad y Educación «no pueden mermar los derechos fundamentales de las personas sordas», según ha alertado la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) con motivo de la celebración del día internacional de este colectivo, que se celebra el próximo sábado, 29 de septiembre
En un manifiesto, esta organización afirma que los avances logrados en el ámbito sanitario –diagnóstico precoz, audífonos, implantes, atención temprana e intervención logopédica– permiten hoy a las personas con sordera acceder al lenguaje oral y a la información auditiva, «fundamentales para su pleno desarrollo» y para alcanzar cotas normalizadas de formación académica y profesional, «en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos».
Por otra parte, recuerda que las medidas adoptadas para la racionalización del gasto público en educación «han afectado a cuestiones todavía aún no debidamente resueltas» en relación con el alumnado con sordera. Así, se refiere a la formación del profesorado, la dotación de logopedas, las ratios, la jornada lectiva, la previsión de sustituciones por baja del profesorado y las becas y ayudas al estudio.
«La puesta en práctica de estas medidas no puede obviar las necesidades específicas de este alumnado ya que, de hacerlo, levantará nuevas barreras para su formación y, en consecuencia, para su posterior incorporación al empleo ordinario», advierten desde FIAPAS.
En el ámbito laboral, afirman que «se palpan» ya las consecuencias de los recortes económicos, «con una notable reducción» de las líneas de apoyo a los servicios de empleo especializados en la inserción laboral en el mercado ordinario de las personas con discapacidad. Así, alertan de que la posible desaparición de esta vía de inserción «mermaría el derecho de las personas sordas a trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades como cualquier otro ciudadano».
