La coordinación entre las distintas profesiones, la prevención y la planificación son elementos esenciales para mejorar la respuesta ante catástrofes y grandes emergencias. Así se puso de manifiesto durante la presentación del informe «La intervención de las profesiones en el ciclo de vida integral de una emergencia», celebrada en la sede del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM).
El documento, elaborado por la Comisión Especial de Desastres Naturales de Gran Magnitud de Unión Profesional, plantea un modelo de gobernanza de las emergencias basado en la cooperación, el conocimiento experto y la actuación coordinada de las profesiones durante todas las fases de una crisis, desde la anticipación y la prevención hasta la intervención y la recuperación.
Tomás Cobo, presidente de Unión Profesional, abrió la jornada con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo a primera hora de la mañana y trasladó el pésame y la solidaridad de las profesiones a sus familiares y seres queridos. Asimismo, destacó el apoyo de los profesionales que participan en la asistencia a las personas heridas.
Coincidiendo con la semana en la que se cumplen dos años de la DANA de Valencia, Cobo subrayó la necesidad de aprender de las grandes catástrofes y avanzar hacia una cultura preventiva. Según señaló, el documento invita a reflexionar sobre este tipo de emergencias, que requieren “anticipación, prevención, planificación y una respuesta rápida y ordenada” para garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía.
Una respuesta desde cuatro ámbitos profesionales
El informe articula la intervención ante las emergencias desde cuatro grandes ámbitos: social, sanitario, científico-técnico y jurídico, cuyos representantes coincidieron en la importancia de incorporar una mirada multiprofesional ante situaciones especialmente complejas.
Desde el ámbito social, Maricruz Vergillos, gerente del Consejo General del Trabajo Social, recordó que las emergencias no afectan de la misma manera a todas las personas y advirtió de situaciones de doble vulnerabilidad, tanto económica como social, así como del posible impacto sobre el conjunto de las comunidades.
En el terreno sanitario, Raquel Varas, miembro del grupo de trabajo sobre emergencias del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, defendió una visión estratégica que incorpore simulacros integrales para mejorar la capacidad de reacción y coordinación. Asimismo, incidió en la necesidad de incorporar a los protocolos los aprendizajes obtenidos en crisis anteriores.
Una idea compartida por Federico Grillo, ingeniero forestal y analista de incendios, quien señaló que “cuanto más se repite una emergencia, más se robustece el sistema”. Grillo destacó que el carácter extraordinario de determinadas situaciones exige una mayor especialización y una coordinación más estrecha entre profesionales.
Por su parte, Maite Abadía, letrada del Consejo General de la Abogacía Española, apostó por establecer un modelo estable que permita canalizar la ayuda a través de las corporaciones colegiales, acompañado de protocolos de planificación compartidos.
Gestión de las emergencias
Eugenio Sánchez, responsable del Departamento de Economía de Unión Profesional, puso sobre la mesa también la necesidad de analizar el impacto económico de la intervención profesional en las emergencias y de identificar ámbitos de mejora. En este sentido, señaló la importancia de cuantificar el papel de las profesiones colegiadas para trasladar a las Administraciones el potencial ahorro que puede generar su participación.
La coordinación institucional centró también buena parte del debate. Isabel Urrutia, exconsejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, defendió la colaboración entre administraciones y organizaciones colegiales y aseguró que “aprender a armonizarnos, desde lo local a lo global, es indispensable”.
Fernando Moro, teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), incidió en el valor estratégico de incorporar a los profesionales sobre el terreno: “Ya sea a un nivel operacional o a un nivel interviniente, necesitamos a los profesionales en el terreno”.
La necesidad de garantizar la participación de las personas más vulnerables fue abordada por Lourdes Márquez, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de la Fundación ONCE, que reclamó que estos colectivos no sean únicamente objeto de protección, sino que participen también en la planificación y gestión de las emergencias: “Nada por nosotros, sin nosotros”.
Las dos mesas redondas estuvieron moderadas por Dolores Martín, directora del Departamento de Estudios de Unión Profesional y responsable de la coordinación del informe.
El documento parte del trabajo desarrollado por la Comisión Especial de Desastres Naturales de Gran Magnitud, constituida por Unión Profesional en 2025 tras los incendios registrados durante el periodo estival, y busca avanzar hacia un modelo estable en el que las profesiones formen parte de todo el ciclo de gestión de una emergencia.
