La Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) presentó en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) el informe ‘Posicionamiento a propósito de la selección pública de medicamentos a dispensar en las oficinas de farmacia de Andalucía’, que pone de manifiesto que la selección pública de fármacos podría ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) 600 millones al año
En el documento se señala que la facturación anual de medicamentos genéricos asciende a una cantidad que oscila entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros al año. Un 75% de los mismos son susceptibles de incorporar a un procedimiento de competencia y concurrencia como el que actualmente se lleva a cabo en Andalucía, es decir, podrían ser objeto de concurrencia alrededor de 2.000 millones de euros al año de facturación al Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de las oficinas de farmacia. El descuento promedio que realizan los laboratorios que concurren a las subastas es alrededor del 30%. En consecuencia, el ahorro esperado de forma aproximada a través de este sistema de selección estaría entre 500 y 600 millones de euros anuales.
En el acto intervinieron el Dr. Serafín Romero, presidente de la OMC; el Dr. Roberto Sabrido; presidente de la AAJM; el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, vicepresidente de la AAJM; y el Dr. Ramón Gálvez, segundo vocal de la AAJM.
Dr. Romero: “Defendemos que el acceso al medicamento esté regido por la seguridad, la efectividad y la libertad de prescripción”
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero, expresó que “la realidad sobre las políticas de acceso al medicamento no ha cambiado en los últimos años, porque se han tomado pocas decisiones estructurales y de calado para que el sector sea más eficiente. La mal llamada “subasta de medicamentos” de Andalucía sigue generando polémica, a pesar de las sentencias favorables del Tribunal Constitucional”.
Según el Dr. Romero, “tratar sobre el sector del medicamento es abordar un tema que afecta a la sostenibilidad del SNS y a nuestro modelo sanitario, orgullo para ciudadanos y especialmente para la profesión médica, por eso nos preocupa el coste de los medicamentos y el debate que sobre medidas de financiación de los mismos se han puesto en marcha tanto en Galicia como en Andalucía, y que parece que han determinado un debate marcado por conflictos de interés”. Aseguró que “desde los Colegios de Médicos vamos a defender que el acceso al medicamento esté regido por la accesibilidad, equidad, seguridad, efectividad y la libertad de prescripción”.
Explicó que desde la Ley de Garantías del Medicamento de 2006, que recoge la necesidad de prescribir por principio activo, hemos venido afirmando sobre las dificultades que pueden tener algunos pacientes en el reconocimiento del tratamiento prescrito por el médico y (mayores, polimedicados, pluripatológicos, que viven solos y con alteraciones cognitivas) de poder reconocer la apariencia del medicamento, “por eso siempre hemos defendido que el cambio en el formato de las cajas no fuera excesivo”.
“De la efectividad de los mismos, se encarga la Agencia Española del Medicamento, que debe determinar si los fármacos son efectivos y cumplen con los requisitos establecidos para su comercialización y dispensación en las oficinas de farmacia. Y en cuanto a la libertad de prescripción, no se ve para nada afectada con esta medida, porque de lo que se habla es qué medicamentos se van a financiar y no el principio activo que se puede prescribir por parte del médico”, aseguró.
El presidente de la OMC lamentó que “al ciudadano no se le ha dejado tomar decisiones sobre este tema” e hizo hincapié en que “se está poniendo en duda la credibilidad de los genéricos por comentarios de algunos sectores políticos y algunos entornos profesionales que acaban “intoxicando” a los ciudadanos y pacientes y dando a entender que hay medicamentos de primera y de segunda”
Dr. Sabrido: “Los ciudadanos tienen derecho a tener la medicación que necesitan”
El Dr. Sabrido comentó que, según se detalla en el informe, la Comunidad Autónoma de Andalucía viene realizando esta selección pública desde la aprobación del Decreto-Ley de medidas urgentes en Farmacia de diciembre de 2011. Esta medida fue impugnada por el Gobierno central aduciendo invasión de competencias del Estado y pérdida de equidad en el acceso a los medicamentos. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado esta impugnación en varias ocasiones y ha confirmado que el procedimiento de selección pública de medicamentos es ajustado a Derecho.
Lejos de seguir el camino marcado por el Tribunal Constitucional, “los acuerdos firmados entre Farmaindustria (patronal de los laboratorios innovadores) y el Gobierno de España, por medio de los Ministerios de Hacienda y Sanidad, dificultan a las comunidades autónomas incrementar la prescripción por principios activo y aumentar el volumen de genéricos utilizados, mientras favorecen el aumento del uso de marcas y de la factura farmacéutica”.
Dr. Gálvez: “Hay que garantizar que los pacientes reciban una medicación efectiva”
El Dr. Gálvez destacó que la AAJM considera que afirmaciones tales como que “los andaluces sólo pueden acceder a 400 medicamentos de los 14.000 disponibles” no se sostienen puesto que omiten que los ciudadanos de Andalucía pueden acceder exactamente al mismo número de principios activos que el resto de los españoles como ha dicho el Tribunal Constitucional. “Sorprende que instituciones patronales que deben entender del ordenamiento jurídico y respetarlo, obvien la realidad y la verdad, sorprende mucho más que utilicen idénticos argumentos dirigentes de grupos políticos, contraviniendo la sentencia y razones del alto Tribunal”.
En Andalucía, se garantiza al 100% de los pacientes que puedan disponer del principio activo que su médico ha indicado, exactamente igual que se hace en la totalidad de los hospitales del SNS, cuyas compras de medicamentos se llevan a cabo por procedimientos de concurrencia.
La AAJM también rechaza el pretendido problema de “desabastecimientos” que gratuitamente se adjudica al procedimiento de subastas de Andalucía. Para ello recogen datos del Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos (CISMED), dependiente de la Organización Farmacéutica Colegial, y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que no reflejan en Andalucía una situación diferente de casos puntuales de falta de algún medicamento, con respecto a otras comunidades autónomas.
Igualmente, la AAJM hace hincapié en la acusación de menor calidad de los medicamentos procedentes de las subastas andaluzas. “Tamaña descalificación suelen incluir comentarios acerca de la propiedad y tamaño de algunas de las empresas adjudicatarias donde su origen y país de referencia es utilizado como elemento de descrédito. Todos los medicamentos cuyo uso se aprueba para la utilización en nuestro país son autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que comprueba que la composición química del medicamento es la adecuada y que realiza periódicos controles para garantizar su utilización. Es una acusación muy grave que atenta contra la seguridad y garantías que debe ofrecer la AEMPS y, por lo tanto, el Estado.
Dr. Rodríguez Sendín: “Las Administraciones deben explicar por qué no implementan una medida que supondría un ahorro de 600 millones anuales”
Por su parte, el Dr. Rodríguez Sendín hizo hincapié en que no están claros los motivos por los que se rechaza un ahorro que podría revertir directamente en otras necesidades del SNS como adecuación y suficiencia de las plantillas, reducción de las listas de espera quirúrgicas o tecnología sanitaria.
En concreto, señaló que para rechazar las subastas públicas de medicamentos se utilizan argumentos como la equidad, la accesibilidad de los pacientes al tratamiento o la calidad. “Existe un trasfondo moral, porque si se extendiese la selección pública de medicamentos a todo el país, “se ahorrarían 600 millones de euros al año, lo que equivale a 10.000 médicos y 12.000 enfermeros, que ayudarían a reducir las listas de espera”. Además, destacó que la sostenibilidad del sistema sanitario “depende de la capacidad de controlar el gasto farmacéutico y del precio de las moléculas de los nuevos fármacos”.
“La falta de calidad de los medicamentos utilizados en la selección constituye una acusación irresponsable de la que no se precisa ni el laboratorio ni el medicamento al que va dirigida. Para escándalo y desinformación de la ciudadanía la acusación denuncia un atentado contra la salud pública sin rigor ni precisión y al que debe responder el Ministerio de Sanidad por medio de la AEMPS”, afirmó. Remarcó que “el gran problema es que las Administraciones han permitido medidas para controlar el mercado y se preguntó “¿por qué los responsables políticos no han desmentido las dudas que se han generado sobre los genéricos? “Han permitido que se intoxique el ambiente y eso es una enorme irresponsabilidad”, concluyó.
Finalmente, la AAJM recuerda en su informe que sistemas similares de selección pública de medicamentos al que se realiza en Andalucía es utilizado en Dinamarca a nivel estatal y por algunas Cajas de Salud de Alemania y Holanda.
