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La ONU insta a los Estados Miembros a capacitar a personal sanitario, fuerzas del orden y agentes de control de fronteras para detectar y notificar casos de tráfico de órganos

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución contra el tráfico de órganos en la que insta a los Estados Miembros a capacitar a los profesionales sanitarios, fuerzas del orden y agentes de control de fronteras para detectar y notificar posibles casos de tráfico de órganos   
 

Se trata de una Resolución, promovida por España y Guatemala, que actualiza la aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace poco más de un año. En ella han trabajado estrechamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
 
Con esta nueva Resolución, España apuesta por lograr que los delitos relacionados con la trata de personas para extracción de órganos y el tráfico de órganos, se analicen desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la salud y la óptica penal. Se trata de delitos cuya prevención y persecución requieren de la formación adecuada y la estrecha colaboración de las autoridades sanitarias y especialistas de la salud con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
 
La Resolución también reconoce  el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se llevó a cabo en la ciudad española de Santiago de Compostela en el año 2015, en reconocimiento a nuestro país por su liderazgo en la lucha internacional contra este tipo de prácticas.  
 
La nueva Resolución insta a los Estados Miembros de Naciones Unidas a: desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios éticos defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre los que se asienta el sistema español de trasplantes; velar porque la extracción de órganos humanos se produzca en centros específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales; y realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación y el trasplante.
 
Asimismo apuesta por desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los órganos humanos; aportar información periódica a los registros internacionales, como el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante establecido por la OMS y gestionado por la ONT en España; capacitar a las fuerzas del orden, a los agentes de control de fronteras y profesionales sanitarios para detectar posibles casos, incluso en internet, de tráfico de órganos y trata de personas con fines de extracción de órganos y denunciar prácticas ilegales presuntas o confirmadas; y adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para proteger a las víctimas de trata y buscar fórmulas para remediar la vulnerabilidad de las personas que venden sus órganos. 
 
Además, pide a la OMS, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a seguir elaborando directrices internacionales sobre los aspectos sanitarios, penales y de derechos humanos relacionados con la prevención y la lucha contra estos delitos. Más aún, solicita a la Secretaría General de Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la implantación de esta Resolución y su presentación en la Asamblea General en su 75º Periodo de Sesiones (año 2020). 
 
España pretende que los países se comprometan al cumplimiento de todos los aspectos contenidos en la Resolución. No en vano, nuestro país va a la cabeza en el cumplimiento de todos los contenidos de la nueva Resolución, que se inspiran en gran medida en el sistema español de trasplantes. Nuestro país – a través de la ONT – ha hecho hincapié en la cooperación entre los profesionales sanitarios y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como un elemento clave en la detección precoz y la investigación de este tipo de delitos. 
 
De hecho, la ONT ya  trabaja con la Fiscalía en el desarrollo de un Protocolo de actuación para profesionales sanitarios, en caso de sospecha de posible tráfico de órganos. Su objetivo es canalizar las denuncias ante presuntas violaciones de la legislación española en materia de trasplantes de órganos, que pudieran constituir un indicador de trata de personas o compra venta de órganos. En la elaboración de este protocolo también participarán representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la red de donación y trasplantes y de la Organización Médica Colegial, que se incorporarán en breve al grupo de trabajo. 
 
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