Madrid, 13 de noviembre de 2012 (medicosypacientes.com)
En su queja formal, la OMC solicita al CGPJ que investigue los hechos «a fin de depurar responsabilidades, tomándose en consecuencia la medidas necesarias que eviten el injusto acontecido en el caso expuesto».
La OMC realiza esta queja formal en base a su «representación de forma exclusiva de la ordenación y defensa de la profesión médica y de sus Colegios Profesionales; al establecimiento de las normas de ética y deontología en el ejercicio de la profesión médica; de su cooperación con los poderes públicos del Estado en la formulación de la política sanitaria y de los planes asistenciales y en su ejecución, velando porque el ejercicio de la profesión médica se adecúe a los intereses de los ciudadanos»
En su escrito, la OMC expone lo ocurrido con el trasplante previsto de los órganos donados por Belén Langdon, decisión refrendada por sus padres, una operación que fue suspendida por el juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14, que se encontraba el día de los hechos, el 3 de noviembre, de guardia.
Tras señalar que el Hospital 12 de octubre solicitó autorización para el trasplante de órganos, tras el informe favorable para proceder a los trasplantes de hígado y riñones, el juez de guardia negó su autorización para «no interferir ni frustrar la averiguación de los acontecido ni poner en riesgo eventuales prácticas de prueba que en el futuro pudieran solicitarse».
En su escrito de queja, la corporación señala que no es fácil encontrar criterio fundado para la negativa del juez en el caso presente «basada seguramente en el celo del funcionario judicial», y afirma que esta actuación supone «un absoluto desprecio público y notorio a la vida humana, prevaleciendo la muerte a la vida de las personas posibles receptoras de los órganos de la fallecida Belén Langdon».
En la queja, la OMC resalta que el proceso de extracción de los órganos ya había comenzado e incluso el hígado se encontraba preparado para ser implantado en el futuro receptor y, asimismo se encontraban, además varias personas para recibir otros órganos, conforme a los protocolos establecidos al efecto, todos los cuales hubieron de ser destruido, con la consiguiente frustración de esperanzas, de toda naturaleza, para este tipo de enfermos en tan delicada situación clínica.
La OMC entiende que «no deberá primar la investigación en curso procesal perjudicando el derecho fundamental a la vida y a la salud frente a la inutilidad de la muerte» y argumenta que en el caso de Belén Langdon, aparte de estar durante cuatro días sometida a todo tipo de pruebas que han dejado abundante documentación y conclusiones clínicas, existía, además «la posibilidad, sin obviar el trasplante, de extraerse muestras biológicas dirigidas a alguna finalidad investigadora concreta».
«El resultado dice el escrito- es que un acto de extrema generosidad, cual es la voluntad de Belén y de sus padres, dirigida a causar tanto bien, ha sido obstaculizado por una decisión judicial, quizás legítima, pero no demasiado acertada en este concreto caso y, en absoluto fundamentada y motivada».
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